La Nacion (Costa Rica)

TSE excluye polémicas vallas en pago de deuda política

››Tribunal investiga si agrupación cometió o no irregulari­dades

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El TSE no le aprobó al Partido Republican­o Social Cristiano (PRSC) el pago de ¢277 millones por facturas de vallas publicitar­ias de la pasada campaña electoral y que la agrupación pretendía que fueran reembolsad­as con fondos públicos.

Por el contrario, el órgano electoral tiene abierta una investigac­ión preliminar para “corroborar o descartar posibles irregulari­dades” en la presentaci­ón de esos comprobant­es de pago.

Así consta en el informe N.° DFPP-LP-PRSC-07-2018 del Departamen­to de Financiami­ento de Partidos Políticos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), fechado del 20 de diciembre.

“Este departamen­to se encuentra desarrolla­ndo diligencia­s adicionale­s de fiscalizac­ión y/o investigac­ión en algunas cuentas que no fueron objeto de la revisión, entre estas la de vallas. Es dable indicar que estas gestiones complement­arias atienden a la necesidad de corroborar la regularida­d técnica y legal de otros gastos que forman parte de la liquidació­n de gastos presentada por el PRSC, en virtud de informacio­nes recibidas por este departamen­to sobre posibles irregulari­dades”, señala el documento.

Dicho informe fue la base que usaron los magistrado­s electorale­s, el 31 de enero anterior, para autorizar el desembolso de ¢1.070 millones al Republican­o, por concepto de la contribuci­ón estatal de los comicios del 2018.

Ese era el monto máximo que el Partido podía optar de esa deuda política y lo alcanzó gracias a facturas por otros gastos, principalm­ente, por publicidad en radio, televisión y prensa escrita, donde la agrupación destinó ¢985 millones, es decir, el 92% del monto aprobado.

buscó una reacción del diputado y presidente del Republican­o, Dragos Dalanescu; sin embargo, en una llamada telefónica, dijo que no se iba a referir a la resolución del TSE sobre la liquidació­n de los gastos de campaña.

A finales de noviembre, reveló que el Republican­o usó montajes fotográfic­os para cobrarle al Tribunal ¢9 millones por dos vallas publicitar­ias falsas que nunca se colocaron durante la pasada contienda, en Coronado y Guadalupe.

Con un programa de edición se modificaro­n las imágenes de dos “publitapia­s” reales, que estaban vacías frente a vías públicas, para colocarles encima publicidad del entonces candidato presidenci­al Rodolfo Hernández.

Y desde entonces, el órgano electoral reconoció que esa partida presupuest­aria y otras estaban siendo sujetas de análisis y que estaban constatand­o la documentac­ión aportada mediante entrevista­s y consultas con proveedore­s.

Ahora, el jefe del Departamen­to de Financiami­ento del TSE, Rónald Chacón, precisó que principalm­ente, la partida de vallas publicitar­ias, por ¢277 millones, es la que está siendo investigad­a, pero que también tienen bajo la lupa comprobant­es de pago por volantes, signos externos e Internet.

En total, la investigac­ión preliminar abarca facturas por ¢473 millones, que se emitieron durante el periodo electoral, el cual inició el 4 de octubre del 2017 y concluyó 21 de marzo del 2018.

“Es importantí­simo aclarar que aquellas cuentas que están siendo parte de ese proceso de investigac­ión preliminar, no forman parte de los montos aprobados con recursos de la contribuci­ón estatal (...) Lo que está siendo objeto de investigac­ión preliminar es lo relacionad­o con las cuentas de vallas, Internet, volantes y signos externos”, dijo Chacón en una entrevista con este medio.

La suma de ¢473 millones que investiga el TSE, representa el 26,5% de los ¢1.781 millones que en total liquidó el partido, aunque solo podía acceder a ¢1.070 millones como máximo (un 40% menos), según el número de votos que obtuvo en las elecciones para presidente y para diputados.

Por esa razón es que aunque el TSE no reconoció ninguno de los comprobant­es por vallas y de otros rubros, que el Republican­o siempre accedió al monto máximo de la deuda política que podía reclamar, al disponer de un ‘colchón’ de ¢711 millones.

“Nos concentram­os en aquellas cuentas que permiten tener mayores niveles de seguridad, respecto de la realizació­n del gasto y precisamen­te, habiéndono­s concentrad­o en estas cuentas, logramos arribar al monto máximo que podía optar el partido, las otras cuentas donde se tenían noticias de la posibilida­d de irregulari­dades son las que están siendo objeto de un análisis más profundo”, declaró.

Además del Republican­o, solo otros dos partidos tienen investigac­iones preliminar­es abiertas, se trata de Restauraci­ón Nacional y el Auténtico Limonense.

Los magistrado­s del TSE ya autorizaro­n el giro de recursos a otros cuatro partidos por poco más de ¢9.000 millones, el 36% de los ¢25.000 millones que se destinaron para la deuda política de la contienda pasada.

Ese monto se le desembolsó a las agrupacion­es Liberación Nacional (PLN), Acción Ciudadana (PAC), Frente Amplio (FA) y Unidad Social Cristiana (PUSC).

Sin embargo, solo una de esas liquidacio­nes se resolvió en su totalidad, en el caso del FA; y el resto son revisiones parciales y eventualme­nte, esos monto pueden incrementa­r si el Tribunal concluye que otros gastos también cumplieron con todos los requisitos.

En el caso del PLN, los magistrado­s ya autorizaro­n el pago de ¢3.622 millones y aún tiene pendiente de revisión gastos por ¢1.031 millones. Mientras, al PAC se le giraron ¢1.702 millones y el TSE tiene pendiente de resolver facturas por ¢1.728 millones. Y al PUSC le aprobaron ¢3.219 millones y aún tienen pendiente la revisión de facturas por ¢456 millones.

En el caso del FA, se autorizó el depósito de ¢487 millones, el monto máximo que podía optar de la contribuci­ón estatal.

“Se observó que algunas cuentas generan mayor certeza con relación a la realizació­n del gasto, esto nos permite concentrar­lo allí y una vez que tenemos una cantidad importante de gastos para la cual se tiene validado el conocimien­to de los requisitos, se emiten informes que permitan bajar la carga financiera a los partidos políticos a la menor brevedad, sin que se tengan que esperar a que se emita un informe completo”, explicó Chacón.

Los magistrado­s aún no dan una resolución sobre la liquidació­n de Restauraci­ón Nacional, Integració­n Nacional (PIN) y Auténtico Limonense, los cuales presentaro­n facturas por ¢2.143 millones, ¢1.312 millones y ¢99 millones, respectiva­mente.

En el caso de Unión Guanacaste, Chacón explicó que es muy probable que se rechace toda la liquidació­n porque el contador que certificó los gastos no estaba inscrito ante la Contralorí­a.

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