‘El castigo es pequeño, pero salimos fortalecidos’
››Denunciantes no han recibido ninguna notificación de la resolución
“La pena no borra lo ocurrido, pero marca un precedente para el futuro”.
Ese es el sentir de Anthony Venegas y Michael Rodríguez, responsables de haber llevado al Vaticano las denuncias por abusos contra el sacerdote Mauricio Víquez Lizano, que dieron origen a su expulsión definitiva del estado clerical.
La decisión fue dada a conocer este lunes por la arquidiócesis de San José.
Para las dos víctimas, ahora con 33 y 39 años, respectivamente, el castigo interpuesto por las autoridades eclesiásticas no reparará lo que sufrieron hace más de 20 años, cuando eran adolescentes. No obstante, esperan que al menos “pese sobre la conciencia” de Víquez y de la cúpula de la Iglesia, a la que señalan por encubrimiento.
“Más que reparar los daños, nosotros denunciamos para que se tomaran las acciones concretas y las responsabilidades por parte de las autoridades eclesiásticas”, añadió Michael Rodríguez.
Ellos eran monaguillos cuando sufrieron los abusos por parte del presbítero Mauricio Víquez. Michael, en la parroquia de Nuestra Señora del Pilar en Tres Ríos de La Unión, tenía 13 años; Anthony tenía 14 años y participaba activamente en las actividades religiosas de la iglesia San Juan Bautista, de Patarrá de Desamparados.
Un día después del anuncio de la expulsión de Víquez, ninguno de ellos ha sido notificado oficialmente ni ha recibido comunicación de la arquidiócesis de San José.
Fue Anthony quien primero presentó la denuncia por violación contra Víquez, ante autoridades de la Iglesia. Lo hizo en el 2003, pero debieron pasar 15 años y otras agresiones para que decidieran separarlo del ejercicio sacerdotal.
Luego de su caso, llegaron ocho quejas más, entre ellas la de Michael Rodríguez.
Ambos decidieron elevar otra denuncia al Vaticano dirigida contra el arzobispo José Rafael Quirós y su antecesor Hugo Barrantes, por considerar que encubrieron los delitos sexuales del cura.
En la vía penal, sigue en investigación una causa por violación calificada, presentada por un joven de 27 años que asegura que el ahora excura abusó de él cuando era menor de edad. Por esta causa, el Juzgado Penal de Desamparados emitió orden de captura internacional contra Víquez, quien salió del país el pasado 7 de enero y no registra regreso.
Ahora, con el apoyo del diputado Enrique Sánchez, Anthony y Michael presentarán un proyecto de ley, con el cual se pretende que las causas de delitos sexuales contra menores de edad no prescriban 10 años después de que las víctimas adquieran la mayoría de edad, como sucede actualmente, sino eso que ocurra hasta 25 años después de ese momento.
“Se necesita tiempo, no es sencillo superar los prejuicios. Solo una persona que pasa por esto sabe lo difícil que es poder contar estas cosas”, dijo Venegas. El docente de Bibliotecología de la Universidad de Costa Rica (UCR), Mauricio Víquez, deberá regresar a impartir lecciones el 4 de marzo; de lo contrario, el centro de enseñanza superior estatal podría iniciar un procedimiento de despido en su contra, por abandono laboral.
No obstante, de acuerdo con la vicerrectora de Docencia de la UCR, Marlen León, la Universidad no puede adelantar criterio sobre el proceso penal y la orden de captura internacional contra Víquez, quien fue expulsado de por vida del estado clerical, por dos reportes de abuso sexual elevados al Vaticano.
“La Universidad de Costa Rica no puede emitir un criterio sobre el fondo o forma de la acusación contra el señor Víquez”, señaló León.
Víquez solicitó un permiso para ausentarse hasta el 31 de diciembre del año anterior, y actualmente está en vacaciones. El docente y excura deberá regresar a impartir lecciones el 4 de marzo para el nuevo semestre; sin embargo, conociendo la orden de captura internacional, las autoridades universitarias toman previsiones.
“De no presentarse, se tomarían las acciones internas necesarias para garantizar el buen funcionamiento de la carrera en la que imparte lecciones”, dijo León.