Ortega y bloque opositor intentan retomar diálogo
››Sociedad civil propondrá la participación de garantes como OEA
El Gobierno y el bloque opositor de Nicaragua vuelven este miércoles a la mesa de negociaciones, en procura de una salida a la grave crisis política, en un país altamente polarizado, con una economía en deterioro y bajo amenaza de sanciones foráneas.
El primer encuentro será para conocer las propuestas, las condiciones de la negociación y para acordar la metodología del proceso, dijo a la AFP Azahálea Solís, miembro del equipo negociador de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD).
El bloque opositor de empresarios, estudiantes, campesinos y organismos de la sociedad civil propondrá la participación de “garantes internacionales”, añadió Solís. Entre los garantes que serán propuestos para participar en la negociación están la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización de Naciones Unidas (ONU), segun confirmó la dirigente.
El Gobierno no reveló cuáles temas presentará en la negociación, aunque Ortega, al hacer la convocatoria, centró su interés en la recuperación económica.
La vicepresidenta, Rosario Murillo, hizo votos por que “las conversaciones que inician mañana (miércoles) se desarrollen pensando en el bien de todos. Rogamos por la restauración plena de la fraternidad y la paz en nuestra Nicaragua”.
Murillo instó a “dejar atrás las experiencias duras, aprendiendo de ellas, a desterrar y alejar de nuestras vidas los sentimientos negativos y a vivir con amor y esperanza”.
El encuentro se producirá nueve meses después de la ruptura por parte del Gobierno de un primer intento de diálogo para resolver la crisis, que se desató con las protestas antigubernamentales que comenzaron en abril del 2018.
Ortega, de 73 años, alegó que los opositores y la iglesia pretendían quitarlo del gobierno al proponer una agenda de reformas políticas, entre ellas adelantar las elecciones del 2021 como posible solución.
El mandatario acude al nuevo ciclo negociador bajo señalamientos de opositores y organismos de derechos humanos de que ha reprimido violentamente las protestas, con un saldo de 325 muertos, más de 700 detenidos y miles de exiliados.
La crisis política impactó la economía, que se contrajo un 4% en el 2018 y perdió más de 300.000 puestos.