Un paso adelante
El plan nacional de descarbonización abre un positivo horizonte. Su éxito dependerá de iniciativas concretas y buena gestión.
El gobierno ha dado un conveniente paso al presentar el Plan
Nacional de Descarbonización 2018-2050. Su aspiración es necesaria, su visión es correcta y muchos de sus componentes apuntan en el sentido adecuado. Pero su éxito dependerá de elementos que, al contrario de los señalados, trascienden lo conceptual y se inscriben en los detalles operativos. Entre ellos, cuatro son particularmente fundamentales: cómo traducir cada uno de sus diez ejes —y las metas incluidas— en planes realistas y concretos, cómo financiar su ejecución, cómo hacer que tanto esta como su gestión sea robusta, eficaz, transparente y eficiente, y cómo generar una dinámica que permita desarrollar una verdadera política de Estado en la materia, capaz de trascender los ciclos políticos cuatrienales, pero, a la vez, ajustable de acuerdo con nuevas realidades y prioridades.
Las tres primeras metas del plan se refieren al transporte: impulsar la movilidad compartida y el uso de energías limpias, desarrollar una red de recarga para vehículos eléctricos y de hidrógeno, y reducir el impacto ambiental del transporte de carga. De ellas forman parte los proyectos del tren eléctrico urbano y el tren eléctrico de carga para conectar puerto Limón con varias zonas productivas; ambos en proceso de avance.
Otras tres metas tienen que ver con dinámicas productivas: modernizar el sector industrial mediante “procesos eléctricos, sostenibles y eficaces”, apoyar la adopción de tecnologías bajas en carbono para producir alimentos y disminuir el efecto del sector ganadero sobre el cambio climático. El resto tiene un carácter mixto: “Consolidar” un sistema eléctrico que provea energía renovable a “costo competitivo para los usuarios”, mejorar la eficiencia energética de las edificaciones, desarrollar un sistema integrado para separar, reutilizar y revalorizar residuos, y replantear la gestión territorial para proteger mejor los recursos naturales.
Al contrario de lo mencionado por algunos detractores del plan, si esas metas se emprenden de manera adecuada, son perfectamente compatibles con un proceso de reactivación productiva y aumento de la competitividad; incluso, generarían nuevas fuentes de crecimiento.
Esforzarnos en invertir hoy para garantizar la calidad ambiental y el desarrollo sostenible de mañana tiene dos dimensiones positivas adicionales: la adecuada asignación de costos a quienes los generan y la justicia generacional. En lo primero, nos referimos a las “externalidades” negativas producidas, por ejemplo, debido al uso de combustibles fósiles, la contaminación de cuencas hidrográficas o la congestión urbana. Su impacto amerita tasarlas de manera más proporcional a sus costos para el conjunto de la sociedad, mientras, a la vez, se estimulan —ojalá mediante incentivos fiscales compatibles con la dinámica del mercado— energías y actividades más amigables con el ambiente. Más aún, si no tomamos medidas robustas para proteger el entorno e impulsar un desarrollo sustentable, los costos deberán asumirlos las nuevas generaciones, de por sí comprometidas por el incremento en nuestra deuda pública.
Pero, tal como comentó el economista José Luis Arce en una columna publicada el sábado (“Descarbonización”), el proceso de transición para redistribuir costos, ingresos y eventuales incentivos debe manejarse con sumo cuidado para evitar que afecte a los grupos más desposeídos, que genere incertidumbre entre los sectores productivos e implique excesivos costos al Estado y una presión fiscal insostenible.
En estos sentidos, consideramos totalmente errada la intención de darle a Recope, monopolio estatal dispendioso, anquilosado e ineficiente, un papel central en el proceso, y vemos con inquietud las funciones que se pretendan adjudicar al ICE: al menos, deberían ser compatibles con la descentralización de la producción eléctrica y la competitividad tarifaria de que habla el plan. Además, la anunciada “reforma fiscal verde” deberá diseñarse y negociarse con especial atención.
La mayoría de las iniciativas exitosas en descarbonización alrededor del mundo han sido aquellas simples, bien focalizadas, vinculadas a incentivos de mercado, parcas en el rol ejecutor del Estado, transparentes en la distribución de costos y beneficios, y sensibles a los efectos inmediatos de las medidas. Confiamos en que estos sean los puntos de referencia en la ejecución del plan, y que tanto el gobierno como otros sectores de decisión —públicos y privados— impulsen la visión y los objetivos del programa con bases empíricas, eficiencia, pragmatismo, serenidad, adaptabilidad y apertura.
El plan nacional de descarbonización abre un positivo horizonte; el reto es cómo materializarlo
Su éxito dependerá de las iniciativas concretas, los detalles operativos y la adecuada gestión