Rectores se alían para exigir que saquen a las ‘U’ de reforma fiscal
Alegan que ley tributaria no menciona a universidades y, por ello, piden quitarlas de reglamento
Los rectores de las cinco universidades públicas estamparon su firma en un carta para pedir al presidente Carlos Alvarado que elimine la mención de esas instituciones del reglamento a la ley de reforma fiscal.
Su pretensión es que excluyan a las casas de enseñanza superior de la aplicación de esta legislación aprobada para sanear las finanzas públicas. Es decir, quedar exentas de aplicar límites a salarios, anualidades, cesantía y de una nueva evaluación del desempeño que en esa legislación se establece.
Para los rectores, la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (Ley N.° 9635) no los cobija, porque no se les menciona expresamente, Sin embargo, el título que se refiere al empleo público menciona que la aplicación será para la administración central y la descentralizada, esta última incluye instituciones autónomas y semiautónomas.
El decreto ejecutivo que reglamenta la ley sí alude a las universidades de manera directa. Por esta razón, acordaron pedirle al mandatario eliminar esa mención al considerarla inconstitucional y violatoria de su autonomía.
Lo anterior consta en el acuerdo CNR-65- 2017 del Consejo Nacional de Rectores (Conare), del 21 de febrero pasado. Ese mismo día se envió la carta al mandatario.
La reforma fiscal establece que en el caso de dedicación exclusiva, se reconocerá con un 25% adicional del salario a licenciados y un 10% a bachilleres, porcentajes que representan la mitad de lo que se pagaba.
Las anualidades en todo el sector público pasaron de ser un porcentaje del salario base a un monto fijo invariable para cada escala salarial.
En el caso de la cesantía, la reforma establece el tope de ocho años establecido por el Código de Trabajo. A los empleados cubiertos por convención colectiva se les reconocerán hasta 12 años, si ya tienen el derecho por antigüedad.
En nombre de la autonomía.
Según los rectores de dichos centros, la Sala Constitucional sentenció, en una resolución del 1993, que la independencia constitucional universitaria “es distinta a la del resto de los entes descentralizados” en el ordenamiento jurídico y, significa, que están fuera de la dirección del Poder Ejecutivo y de sus jerarquías.
Además, que las universidades pueden autodeterminarse en el sentido de que están posibilitadas de establecer sus propios planes, programas, presupuestos, organización interna y estructurar su propio gobierno.
Para el Conare, resulta “contraria” a la Constitución, una ley (la de la reforma fiscal) que pretendiera hacer desaparecer tal régimen.
Sin respuesta.
Alberto Salom, rector de la Universidad Nacional (UNA), dijo que aún el presidente no les ha contestado la carta. Afirma que los centros de enseñanza superior ya han aplicado internamente medidas para la restricción del gasto. Incluso afirmó que la Universidad Nacional es una de las que tiene las anualidades más bajas, del 4%.
“No estamos diciendo que es un Estado dentro de otro Estado. Claramente no lo es, pero las normas tienen su jerarquía. Lo que no podemos es ser reformados vía decreto, ni porque lo diga un diputado, ni la contralora. No basta con decir que se incluye a todas las instituciones descentralizadas para interpretar que las universidades están incluidas, habría que modificar la Constitución”, explicó Salom.
Por su parte, el rector de la Universidad Técnica Nacional, Marcelo Prieto, afirmó que le preocupa la ligereza y despreocupación con que se ve el cumplimiento de la Constitución Política.
“Yo veo a mucha gente preocupada porque las universidades cumplan con lo que dice la reforma fiscal, pero nadie está preocupado porque se cumpla la Constitución. (El decreto) Esto es una evidente inconstitucionalidad, se está violando la autonomía universitaria”, dijo Prieto.
La carta también fue firmada por el rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Henning Jensen; el rector del Instituto Tecnológico, Julio Calvo, y el rector de la Universidad Estatal a Distancia, Carlos Montoya.
“ESTAMOS DE ACUERDO EN QUE TIENE QUE HABER REFORMAS AL INTERIOR DE LAS UNIVERSIDADES, PERO SI LA LEY NO NOS COBIJA, NO NOS COBIJA. NADIE PUEDE PRETENDER METER UNA REFORMA A LAS UNIVERSIDADES SIN REFORMA A LA CONSTITUCIÓN”.
Alberto Salom Rector de la UNA
“EL RETO ES QUE TODOS NOS METAMOS EN EL MISMO CANASTO Y NO PENSEMOS QUE, PORQUE SOMOS UNIVERSIDADES, NO TENEMOS QUE OBEDECER Y ATENDER ESA LEY”.
Rocío Aguilar Ministra de Hacienda
“LAS UNIVERSIDADES NO ESTÁN POR ENCIMA DE LO QUE LA LEY ESTABLECE. LAS CONDICIONES DE LA LEY DE EMPLEO PÚBLICO TIENEN QUE APLICARLO SÍ O SÍ”.
Nogui Acosta Viceministro de Hacienda