Mentira no se hace verdad por repetirla ‘ad nauseam’
El miércoles 27 de febrero La Nación publicó la noticia “TSE excluye polémicas vallas del Republicano en pago de deuda política”.
Procedo a rectificar, una vez más, la información cuya redacción y edición tienden a confundir al lector e inducirlo a una idea totalmente errónea de que el Partido Republicano ha incurrido en irregularidad alguna o en algún delito a la hora de presentar su liquidación de gastos al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
La redacción del titular sugiere, equivocadamente, que el TSE excluyó el pago de las vallas por considerarlas polémicas. Bajo ese titular, el diario se contradice al publicar también: “Tribunal realiza investigación preliminar para ‘corroborar o descartar posibles irregularidades’”.
Les aclaro nuevamente a la periodista de la sección de “Data” Natasha Cambronero; al editor de “Política”, Esteban Oviedo; al jefe de cierre, Mauricio Martínez; y al director del diario, Armando González Rodicio, que esa afirmación es imprecisa y tendenciosa.
No es cierto que el TSE excluyó del pago de deuda política las vallas –que el diario La Nación, y solo el diario La Nación insiste en catalogarlas como “polémicas”– porque considere que hubo irregularidades en el cobro de los gastos.
Como el mismo diario publica, los gastos correspondientes a las vallas publicitarias, según el informe DFPP-LP-PRSC-07-2018 del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del Tribunal Supremo de Elecciones, del 20 de diciembre, están siendo revisados como parte de una investigación que lleva a cabo el Tribunal.
Esa investigación, aclaro, no ha concluido. Todo lo que se infiera con respecto a este hecho es espurio, pues es improcedente calificar los hechos sin tener el informe final del TSE.
No es cierto que el Tribunal excluyó el pago de las vallas por ser “polémicas”. El Partido Republicano aclara a los lectores de este diario que la razón por la cual no se giran los montos es porque, mientras este hecho sigue bajo investigación, el partido siguió en su proceso de liquidación de gastos y alcanzó los ¢1.070 millones a los que tenía derecho de deuda política.
Los demás reportes de gastos fueron avalados por el TSE, lo cual demuestra que el manejo de las finanzas del partido fue realizado de manera ordenada, correcta y apegado a la ley.
El TSE no gira los montos correspondientes a las vallas porque sigue el proceso de investigación. Pero de todas formas no podría reintegrarlos porque el partido ya alcanzó el monto máximo al que tenía derecho. Aun cuando el TSE dictamine que no hubo irregularidad alguna, el Republicano no recibirá esos fondos.
La Nación insiste en catalogar de polémica una acción que el Tribunal investiga. Se empeña en calificar que las vallas son falsas, cuando en un derecho de respuesta anterior le demostramos que llegó a esa conclusión tras un reporteo deficiente, usando los testimonios de dos vecinos cuyas afirmaciones desmentimos apoyándonos en documentos donde se demuestra la falsedad en esas declaraciones.
La Nación no tiene elemento alguno para afirmar que el TSE no cancela los gastos reportados por considerarlos polémicos. El medio no tiene elemento alguno para calificar de falsas las vallas colocadas en los puntos donde describieron en el reportaje del 20 de noviembre anterior (del cual este diputado ya había demostrado las inconsistencias de la periodista Natasha Cambronero). No hay un solo documento oficial emitido por el Tribunal donde se pueda llegar a estas conclusiones.
La Nación opta por adelantar criterio ante una investigación en curso. La publicación lesiona antojadizamente la credibilidad del Partido Republicano ante sus lectores. Esa acción se tipifica en Costa Rica como un delito de difamación contra persona jurídica. l cierre parcial del ineficiente Fondo Nacional de Becas (Fonabe) colocó sobre la mesa un asunto dejado por los costarricenses bajo el mantel: la necesidad de echar candado a instituciones eficaces en su momento, pero vueltas inútiles conforme pasó el tiempo y se convirtieron en un lastre para las finanzas públicas y los ciudadanos.
En el Fonabe, tanto su pomposa junta directiva como sus 69 funcionarios cometieron el error de nunca sensibilizarse ante la urgencia de sus 211.000 clientes: niños y jóvenes necesitados de ayuda económica para mantenerse en la escuela o el colegio. Por ello, el gobierno llegó al extremo de quitarle la administración de los subsidios y trasladarla al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), donde manejan 160.000 becas del Programa Avancemos.
La solución era lógica, pues en una sola entidad, especializada en distribuir ayuda estatal, se concentraron 371.000 becas para niños y adolescentes. Eso es lo bueno. El gobierno, no obstante, se quedó corto al dejarle al Fonabe las 4.500 becas para universitarios. Inexplicable. Ilógico. Si Fonabe es inoperante, resulta injusto para estos estudiantes quedar en manos de una entidad de probada ineficiencia. El gobierno, por temor, hizo la tarea a medias.
Ese temor genera la creación de entidades y nuevos puestos de trabajo, pero, únicamente en situación de hecatombe. Los diputados, por votos y populismo, históricamente se han negado a cerrar instituciones inútiles, a eliminar duplicidades entre ellas o a disminuir la burocracia. El gobierno, con poder para proponerlo, tampoco se compra ese pleito.
Un caso concreto es Bancrédito. La venta o cierre era inevitable, pero Luis Guillermo Solís pateó la bola por meses; una mala decisión nos pasó la factura a todos los costarricenses, pues el Estado perdió (o perdimos) ¢52.000 millones.
Si la inteligencia hubiera primado sobre la política, los números tendrían, en el peor de los casos, menos dígitos.
Fonabe… Bancrédito. Dos casos parecidos: en el primero se actuó, aunque a medias, a tiempo. A partir de ahora, los costarricenses debemos tener claridad de que lo que no sirve en la vida diaria, que no nos estorbe y, menos, que nos robe recursos.