Uccaep respalda disolver sindicatos que hagan bloqueos
››Proyecto del PLN ampliaría supuestos en los que jueces suprimirían gremios
La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) se pronunció a favor de una propuesta del diputado liberacionista, Carlos Ricardo Benavides, que permitiría a los jueces disolver sindicatos que promuevan y organicen bloqueos de vías durante las huelgas.
Dicha medida es parte de los cambios que se proponen en el proyecto de ley para regular los movimientos de protesta, al cual se refirió este lunes Gonzalo Delgado, presidente de Uccaep, durante una audiencia en la Asamblea Legislativa.
“Cada persona que genera una violación del derecho de otros debe tener sanción, así ocurre en el sector privado y ocurre en todos los países a derecho”, dijo.
El Código de Trabajo ya le da potestad a los jueces laborales para disolver los gremios que intervengan en asuntos político- electorales, fomenten luchas religiosas, ejerzan el comercio, brinden información falsa a autoridades, obliguen a algún trabajador a afiliarse o fomenten actos delictivos. La propuesta de Benavides es que a esos supuestos se agregue una nueva causal de disolución.
“Que organizan o incitan a sus afiliados a impedir la libertad de tránsito de los ciudadanos; a realizar sabotaje sobre bienes públicos o a llevar a cabo cualquier conducta que comporte un ilícito penal”, diría el nuevo inciso del Código.
Benavides aseguró que no se eliminaría ningún gremio por un acto específico de alguno de sus asociados, sino que tendría que probarse que la organización concertó esfuerzos para bloquear vías. Por ejemplo, que se invirtieron recursos de la organización para que los huelguistas se puedan instalar en una vía pública, al proporcionarles comida o medios para protegerse de las condiciones climáticas.
El presidente de Uccaep también llamó a los legisladores de la comisión especial que estudia el proyecto de ley 21.049 a sentar responsabilidades sobre los líderes sindicales que organicen huelgas y “pierdan el control” de las mismas.
La legisladora independiente, Floria Segreda, cuestionó la viabilidad de establecer dichas sanciones, puesto que en un voto del año 2000, la Sala Constitucional se pronunció a favor de la libertad sindical.
El proyecto de ley de Benavides plantea una nueva reforma al Código de Trabajo que subraya la ilegalidad de las huelgas en servicios esenciales y da los pasos a seguir en caso de que una huelga sea declarada legal sin que las partes lleguen a un acuerdo.
Tanto Delgado como Enrique Egloff, presidente de la Cámara de Industrias, se opusieron a flexibilizar la prohibición de huelgas en servicios esenciales. En su opinión, en dichos servicios no debería existir ningún proceso de calificación ante la suspensión de servicios, por considerar que siempre es ilegal.
Delgado descalificó la opción de que en servicios esenciales se garantice una operación mínima si hay huelga.
“Esa regulación sería una relatividad, puede ser un servicio que en vez de darse en 24 horas se dé en una semana, o podría ser como en los bloqueos de carreteras, de que cada dos horas le doy chance de que pase media hora. Para ellos, eso fue un servicio mínimo, para el país fue un desastre”, alegó el dirigente.
Uccaep y la Cámara de Industrias están en favor de la iniciativa de Benavides, aunque hicieron recomendaciones de ajuste. Por ejemplo, pidieron que el rebajo de salarios se haga desde el primer día en que los trabajadores suspendieron labores y no cuando el patrono lo solicite.