Congreso entierra vivos a defensores del idioma
La Ley 7623, que data de 1996, con reglamento publicado en el 2008, está vigente. Se llama Ley de Defensa del Idioma Español y Lenguas Aborígenes.
Por esa ley se creó la Comisión Nacional de Defensa del Idioma Español, conformada por representantes de cinco instituciones muy respetadas y que tienen que ver con nuestro idioma: la Academia Costarricense de la Lengua (ACL), la Asociación Costarricense de Filólogos (Acfil), la Comisión Nacional de Rectores (Conare), el Ministerio de Educación Pública (MEP) y el Ministerio de Cultura y Juventud, al cual pertenece la Comisión.
Además, la Ley 7623 establece que se deben crear comisiones cantonales adscritas a las 82 municipalidades.
En mayo del año anterior, la ministra de Cultura, Sylvie Durán Salvatierra, juramentó a la nueva Comisión Nacional (2018-2022) y que está sesionando actualmente.
Por otro lado, como parte de un convenio con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), nuestro país se comprometió a derogar o anular las leyes y decretos que crearon instituciones actualmente inactivas.
Por negligencia y descoordinación, en la Asamblea Legislativa incluyeron entre las leyes e instituciones “muertas” la Ley 7623 y, de un plumazo, enterraron la Comisión Nacional de Defensa del Idioma Español y la Comisión Alajuelense de Defensa del Idioma Español, que lleva ocho años funcionando y está integrada por la connotada escritora Ani Brenes, la veterana filóloga Flora Jara y este servidor.
Con motivo del Día Internacional de la Lengua Materna y Día Nacional de las Lenguas Nativas, el presidente, Carlos Alvarado, dio un emotivo discurso y se mostró satisfecho del impulso que se les ha dado a las lenguas aborígenes, pero, por otro lado, la Asamblea Legislativa “enterraba” la Comisión más representativa de nuestra sociedad y la defensora de nuestra lengua materna.
Lo peor del caso es que en la Asamblea Legislativa, su presidenta, Carolina Hidalgo, su asesor Gerson Ramírez, la Secretaría del Congreso y el diputado Jonathan Prendas Rodríguez, presidente de la Comisión Derogatoria de Leyes de Instituciones Inactivas, bajo el expediente 20649, sabían de la existencia activa de nuestra Comisión y hasta se les pidió ayuda para que no nos sepultaran, pero no nos oyeron. Los documentos probatorios decían: “¡Auxilio, estamos vivos!”.
“Por un lado, el discurso del presidente apoyaba la lengua materna y por otro la Asamblea Legislativa enterraba a sus defensores”. Acudiremos a los organismos nacionales e internacionales a denunciar esta violación a los derechos humanos: ¡No nos pueden enterrar vivos!