Diputados rechazan impuesto a ganancias de grandes cooperativas

››Impuesto golpearía desarrollo de zonas alejadas, sostiene legislador oficialista

Plan para gravar utilidades mayores a ¢250 millones pasa a plenario con dictamen minoritario

Seis diputados de la Comisión de Asuntos Económicos votaron por archivar el proyecto de ley para cobrarles un impuesto a las cooperativas con ganancias superiores a los ¢250 millones anuales, por considerarlo “mal concebido” e “inconstitucional”.

Se trata de Roberto Thompson, Karine Niño y Daniel Ulate, de Liberación Nacional (PLN); Luis Ramón Carranza, de Acción Ciudadana (PAC); Melvin Núñez, de Restauración Nacional, y Marulin Azofeifa, del bloque Nueva República.

Ellos votaron a favor de un dictamen de mayoría de subcomisión, presentado por Thompson, Niño, Ulate y Carranza, al que también se sumó Azofeifa, el cual recomienda que el expediente 21.017 no se convierta en ley.

Según el diputado Carranza, la subcomisión decidió elaborar el dictamen negativo para el Proyecto de Ley de Impuesto sobre los Excedentes de las Asociaciones Coperativas, porque fue mal concebido desde el principio.

“(Su elaboración) se basó en establecer paralelismos erróneos entre una cooperativa y una sociedad mercantil, reflejando el proyecto un desconocimiento total de lo que es la figura del cooperativismo. Para puntualizar, consideramos que es inconstitucional”, alegó Carranza en la Comisión.

No obstante, el proyecto aún tiene vida porque un dictamen de minoría lo envía al plenario para que se vote en una fecha no definida. Este fue respaldado por Pablo Heriberto Abarca y Pedro Muñoz, ambos de la Unidad Social Cristiana (PUSC), y por Paola Vega, del PAC.

El plan de ley se presentó en octubre anterior con el respaldo de 36 diputados del PUSC, el PAC, el PLN, Restauración Nacional (antes de que se dividiera) y el Frente Amplio.

Según el texto, Hacienda cobraría un 10% de impuesto sobre las ganancias cooperativas entre los ¢250 millones y los ¢750 millones, y un 20% a partir de los ¢750 millones.

Quedaban exentas de gravamen aquellas con ganancias inferiores a los ¢250 millones. La reforma fiscal, aprobada a finales del año anterior, aumenta el impuesto sobre los dividendos de los asociados de un 5% a un 7%, y luego gradualmente al 10%.

Carranza añadió que, durante el periodo de comparecencias de representantes de las cooperativas en la Comisión, quedó claro el aporte del sector al desarrollo en zonas periféricas del país.

“Gravar a las cooperativas también significaría un gran impacto al desarrollo de los territorios, en el campo de la electrificación y, sobre todo, los servicios”, añadió.

También alegó que, de aprobarse el plan, se crearía una desigualdad entre las cooperativas, porque algunas de ellas parecen grandes y no lo son.

Carranza citó el ejemplo de Coopenae, una cooperativa dedicada a los créditos, con 170.000 asociados, quienes cada año solo reciben de las utilidades ¢45.000 cada uno.

En tanto, Thompson recordó cifras para justificar su voto negativo, como las 900.000 personas afiliadas al sector (el 40% de la población económicamente activa y el 21% de la población nacional), 21.000 empleos directos, ¢132.000 millones en exportaciones, más de ¢3.000 millones en capacitación y más de ¢10.000 en inversión social.

Thompson también recordó que si bien el PLN y otras fracciones respaldaron el proyecto de gravar a las grandes cooperativas, ahora esa propuesta no es de recibo. En ese sentido, propuso redactar, en el seno de su fracción, un texto alternativo acorde con las características de las cooperativas.

Una posible explicación al descenso en el nivel de incumplimiento es el número de controles policiales en carretera. Germán Marín, director de la Policía de Tránsito, confirmó ayer que en el 2018 se hicieron 65.000 partes (de ¢53.340 cada uno) a vehículos que circulaban sin ese permiso.

Esto representa una diferencia de 39.000 multas más frente a las 26.000 multas del 2017 (150%) por ese concepto, según datos de Tránsito.

Marín explicó que, durante el 2018, la Policía de Tránsito ha procurado retomar los controles en carreteras en puntos de más circulación, una estrategia que podría haber forzado a más dueños de vehículos a buscar la aprobación de Riteve.

De acuerdo con las cifras del 2018, Riteve realizó 1.192.000 inspecciones, un incremento del 4,3% respecto a las 1.142.000 de un año antes.

El parque vehicular atendido estuvo conformado por un 64% de automóviles, 13% de vehículos de carga liviana y 12% de motocicletas, entre otros. De ese gran total, 46,6% reprobaron la prueba en la primera inspección.