Un caso revelador
La Procuraduría de la Ética denunció a un regidor por enviar a una empleada administrativa a su casa a hacer labores domésticas.
El Tribunal de Apelación de Sentencia de Goicoechea confirmó, el 25 de enero, la prescripción de la causa penal que se seguía contra el ambientalista canadiense Paul Watson por el delito de peligro de naufragio, por golpear un barco tico en el 2002.
La resolución la dio a conocer este martes la organización Sea Shepherd en un comunicado de prensa. Con esa decisión, también se cancela la orden de captura internacional del conservacionista.
El fallo del tribunal se produjo luego de analizar una apelación de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta), que impugnó una decisión del Tribunal Penal de San José del 30 de julio del 2018, cuando dictó un sobreseimiento definitivo a favor de Watson por prescripción de la acción penal.
La Fiscalía alegó que los jueces del tribunal penal se basaron “en un cálculo errado del cómputo de la prescripción que, de haber sido correctamente calculado, habría determinado que la acción (penal) prescribiría el 12 de octubre del 2019”. El hecho por el cual se abrió este proceso judicial ocurrió el 23 de abril del 2002 en aguas territoriales del Pacífico de Guatemala, cuando el barco Ocean Warrior golpeó en tres ocasiones al pesquero costarricense Varadero 1, que llevaba seis tripulantes.
La acción, presuntamente, fue porque la embarcación tica realizaba aleteo de tiburones, una actividad ilegal y cruel.
El Ocean Warrior es propiedad del grupo ecologista Sea Shepherd Conservation Society, del cual Watson, de 68 años, es el fundador. El día del incidente, él comandaba la embarcación.
Como parte de este proceso, a finales del 2016, Paul Watson concilió con los pescadores puntarenenses, les ofreció una disculpa y una compensación por los daños sufridos.