Estudio medirá salud de las pensiones judiciales
››Contrato a firma privada costó ¢34,2 millones; resultados estarían en 80 días
En los primeros días de junio, el Poder Judicial recibirá los resultados de un nuevo estudio actuarial que medirá el impacto que tuvo la reforma al sistema de pensiones judiciales, siete meses después de que la ley entrara en vigor.
Se trata del primer examen que se realizará al fondo de jubilaciones que intervinieron los diputados a inicios del 2018, debido a que presentaba un déficit actuarial de ¢5,3 billones.
La orden de inicio del análisis se dio este martes. El informe deberá ser entregado a la Corte al cabo de 80 días.
Con el estudio, se espera determinar la situación financiera-actuarial del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial al cierre anual del 2018.
La reforma a dicho sistema rige desde finales de mayo del año pasado.
Una de las modificaciones se hizo sobre el porcentaje de cotización obrera, el cual se elevó de un 11% a un 13%. En el informe quedará expuesta la solvencia económica del régimen de acuerdo con las tasas de contribución actuales.
El estudio también identificará “posibles causas de desequilibrios presentes o futuros, así como asesoramiento en las medidas necesarias para preservar el equilibrio del régimen vinculadas a los perfiles de requisitos y beneficios ofrecidos por este”, comunicó el Poder Judicial.
“En este estudio se conocerá el impacto de la reforma de ley que entró en vigencia en mayo del 2018”, enfatizó la Corte.
El análisis actuarial se adjudicó mediante la licitación abreviada N.° 2018LA-000055PROV a la empresa Proveedor Integral de Precios Centroamérica S. A. (PIPCA), en un contrato por ¢34,2 millones.
Hernán Campos, secretario general del Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitrajud), afirmó que los gremios de la Corte solicitaron formar parte del ente que fiscalizará la elaboración de dicho estudio, pero que hasta el momento, las autoridades de la Corte no han respondido a su petición.
El cambio en las reglas para acogerse a una pensión judicial se realizó con el objetivo de cerrar el déficit de ¢5,3 billones que presentaba el fondo.
Dicho faltante fue identificado en un estudio actuarial que realizó el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE) de la Universidad de Costa Rica (UCR).
A partir de dicho informe, presentado en marzo del 2017, los diputados elaboraron la propuesta de reforma que se aprobó en abril del año pasado.
Para contener el desembolso institucional, las jubilaciones se redujeron del 100% del promedio de los últimos 24 mejores salarios, al 82% del promedio de los últimos 20 años de salarios.
Además, se subió la edad de retiro de 62 a 65 años, y se elevó el tiempo de servicio mínimo para pensionarse anticipadamente, de 10 a 20 años.
La reforma también estableció un periodo de 18 meses, a partir de la promulgación de la ley, para que los funcionarios judiciales que cumplen con los criterios de jubilación del régimen anterior se acojan a su pensión con las condiciones previas, más ventajosas.
Entre junio del 2018 y febrero de este año, según los registros del Poder Judicial, se han jubilado por ese régimen 197 personas.
Entre enero del 2015 y mayo del 2018, mensualmente se pensionaban entre tres y 27 personas. En julio del 2015, subió ligeramente a 32 personas.
En los meses que siguieron a la aprobación de la reforma, el comportamiento de las jubilaciones se mantuvo, con entre seis y 27 salidas cada mes. Fue hasta diciembre cuando la cifra se elevó de forma moderada, con 37 nuevos jubilados.
En los primeros dos meses del presente año, la cantidad fue similar: se pensionaron 31 personas en enero y 32 en el mes pasado.