Fiscalía acusa a 18 por avalar alza salarial de 6,9% en CCSS
También por elevar cesantía de 12 a 20 años y detonar crisis financiera en entidad
La Fiscalía Anticorrupción acusó a 18 exdirectivos y altos funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) por haber aprobado aumentos de salario y de cesantía de manera irregular entre el 2006 y el 2010.
Entre los implicados está Eduardo Doryan Garrón, quien fue presidente ejecutivo de la Caja en ese periodo, además de exgerentes como Gustavo Picado Chacón, Ileana Balmaceda Arias, Dinorah Garro Herrera, Manuel Ugarte Brenes, José Alberto Acuña Ulate e Iván Guardia Rodríguez.
Los otros son de apellidos Vega Rojas, Montoya Murillo, López Vargas, Chaves Muñoz, Quesada Martínez, Retana Mora, Hernández Chacón, González Castillo, Trejos Lobo, Madrigal Mora y Cabezas Solera. Muchos de ellos continúan en la Caja en altos cargos.
Según el fiscal Glen Calvo, se trata de funcionarios que eran responsables de la organización, administración y manejo de fondos públicos.
La Nación se comunicó vía telefónica con el expresidente ejecutivo de la Caja, Eduardo Doryan, quien aseguró que no ha sido notificado de la acusación presentada a la Fiscalía. “Espero, que si así fuera, (...) que sea ante un juez donde ese tipo de cosas se diriman y donde yo pueda dar argumentos muy sólidos”, se limitó a manifestar.
A todos los implicados se les sigue la causa bajo el expediente 12-0046-0615-PE por el delito de influencia contra la Hacienda pública –que consiste en el menosprecio de fondos públicos–, fraude de ley y administración fraudulenta.
Será ahora el Juzgado Penal de Hacienda el que fije fecha para la audiencia preliminar mediante la cual la Fiscalía presentará los elementos para llevar el caso a juicio.
Román Macaya, presidente ejecutivo de la Caja, confirmó que fueron notificados el martes de la acusación y la solicitud de elevación a juicio.
“Vamos a colaborar con la Fiscalía en lo que se nos pida. Seremos respetuosos de los resultados, y en ese momento, con resultados en firme, procederemos a tomar las decisiones que proceden a derecho”.
Por su parte, la Unión de Empleados de la Caja (Undeca) mostró satisfacción por el avance de la causa, que se inició con denuncias de “valientes trabajadores”.
La acusación de la Fiscalía fue trasladada a la Procuraduría General de la República para que pueda reclamar eventuales daños.
La crisis.
Las acciones de los ahora acusados, como aumentos por encima de la inflación, serían uno de los detonantes de la crisis financiera que encaró la CCSS entre los años 2010 y 2011. Solo en el 2009, los entonces 42.885 trabajadores recibieron un incremento salarial del 6,9%. A esa medida, se sumó la contratación de más de 10.000 personas.
La situación llevó al crecimiento del déficit para la Caja, que llegó a su peor momento en el 2011, con ¢93.000 millones.
Tal crisis de la CCSS quedó plasmada en informes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y en el informe de una Comisión de Notables que hizo 81 recomendaciones. La recuperación comenzó a verse hasta el 2013.