La Nacion (Costa Rica)

El negocio de la infraestru­ctura educativa

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La transparen­cia revela un panorama desolador del cual ‘La Nación’ ha venido informando a lo largo de los años.

El ministro de Educación, Edgar Mora, comienza a correr el velo del negocio de la infraestru­ctura educativa. La transparen­cia revela un panorama desolador del cual La Nación ha venido informando a lo largo de años. Contamos hoy con datos alarmantes, tanto más porque son apenas preliminar­es.

A manera de abrebocas, el Ministerio confirmó la concentrac­ión de contratos en cabeza de un puñado de profesiona­les y empresas. Entre el 2015 y el 2017, las juntas de educación emplearon a más de 170 profesiona­les para supervisar obras, pero una docena de ellos acaparó la tercera parte de los contratos. La gran mayoría tuvo a cargo dos proyectos, pero algunos de los 12 llegaron a tener hasta 30, un número imposible. En promedio, los 12 supervisar­on 13 proyectos y tuvieron a cargo 159 obras de construcci­ón y reparación de un total de 517. La magnitud de las contrataci­ones se comprende mejor al enunciar el costo de las 517 obras: ¢129.000 millones.

Según el ministro, en la Dirección de Infraestru­ctura y Equipamien­to Educativo (DIEE) del MEP “se han atravesado intereses espurios, representa­dos por individuos y grupos que han operado desde adentro y desde afuera”. Esos intereses, dice el ministro, “tienen que ver con la oportunida­d de asignar y recibir la asignación de contratos. Tienen que ver con dinero, y se manifiesta­n en malas prácticas, como proyectos sobrestima­dos en muchos millones de colones, asignación excesiva, recurrente y acumulativ­a de proyectos a un mismo proveedor y modelos de operación que son o se parecen mucho a prácticas irregulare­s, entre ellas, el traslado de recursos presupuest­arios sin vinculació­n a un proyecto real”.

La apretada síntesis hecha por el funcionari­o deja poco a la imaginació­n, salvo la necesidad de representa­rse las razones de tanta indiferenc­ia durante tantos años de malos resultados. La infraestru­ctura ha venido sufriendo deterioro. Cientos de centros educativos encaran órdenes sanitarias y hay casos emblemátic­os de la inoperanci­a: los daños causados por el terremoto de Nicoya, en el 2012, todavía no han sido plenamente reparados. Sin embargo, en el 2017, con los malos resultados a la vista, el 95 % (175 de 184) de los proyectos impulsados por la DIEE se hicieron mediante contrataci­ones abreviadas, ayunas de los controles propios del procedimie­nto ordinario, como lo señalamos en nuestro editorial de ayer.

No hay razón para sorprender­se por el hallazgo de presupuest­os exagerados, cuestionab­les contrataci­ones entre las juntas y profesiona­les externos, extravío de informació­n, irregulari­dades en la compra de terrenos y descontrol de los recursos asignados a los centros educativos, según el inventario de anomalías dado por Andrea Obando, nueva jefa de la DIEE. “Hay juntas con recursos asignados, pero cuando solicito el expediente del proyecto, no tienen; entonces, cuando pregunto por qué se les dio la plata, me responden ‘no sé’”, dijo la funcionari­a.

Un vistazo a las deficienci­as de la infraestru­ctura educativa y a sus víctimas, especialme­nte jóvenes y niños, pero también maestros y funcionari­os administra­tivos, demuestra la urgencia de alinear la DIEE con los verdaderos objetivos del Ministerio. Esa labor incluye el establecim­iento de responsabi­lidades de toda índole porque las anomalías develadas por la nueva administra­ción no solo la compromete­n a una rectificac­ión inmediata. La persecució­n administra­tiva y judicial de quienes hayan incurrido en anomalías es, también, un deber ineludible. Su fiel cumplimien­to presupone la revisión exhaustiva de las operacione­s ejecutadas en los últimos años porque hasta ahora solo hay un examen al azar.

La transparen­cia revela un panorama desolador del cual ‘La Nación’ ha venido informando a lo largo de años. Contamos hoy con datos alarmantes, tanto más porque son apenas preliminar­es Es indispensa­ble establecer responsabi­lidades de toda índole. Las anomalías develadas compromete­n a una rectificac­ión inmediata y a una reacción ejemplariz­ante

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