La Nacion (Costa Rica)

Jefe giró millones a escuelas para obras no solicitada­s

Contralorí­a ordena despido de alto funcionari­o del MEP ‘Es inadmisibl­e’, dice informe Dinero pasó hasta tres años depositado en cuentas, lo cual impidió invertirlo ‘Negligenci­a y descuido’ Subdirecto­r de oficina de construcci­ones les transfirió fondos s

- Daniela Cerdas E. daniela.cerdas@nacion.com

En las cuentas apareciero­n ¢20 millones a favor de la Junta de Educación Escuela La Trinidad de Moravia para realizar “mejoras de infraestru­ctura”.

Sin embargo, la presidenta de esa unidad escolar, Carmen Mercedes Barrantes, indicó que “la Junta no solicitó ni recursos ni presentó proyectos de infraestru­ctura” para recibir esos dineros de la Dirección de Infraestru­ctura y Equipamien­to Educativo (DIIE), la oficina del MEP responsabl­e de construir y reparar escuelas públicas.

Ese es solo uno de los casos que recopiló la Contralorí­a General de la República (CGR) para exigir el despido del ingeniero civil Carlos Villalobos Argüello, de 52 años, quien transfirió el dinero cuando fue director de esa Dirección entre el 2008 y el 2014; actualment­e se mantiene como subdirecto­r.

Un informe de la Contralorí­a, del 4 de agosto del 2015, acusa al alto funcionari­o de “negligenci­a y descuido” “al no crear los procedimie­ntos para controlar el uso y manejo” del dinero público.

Los fiscalizad­ores tomaron una muestra de siete transferen­cias que hizo, como director, a Juntas de Educación, y descubrier­on que “en gran parte de los casos antes analizados converge la carencia del sustento técnico que justifique los montos girados a esas organizaci­ones”. Esto provocó que el dinero destinado a obras escolares estuviera engavetado, sin uso, hasta por tres años y cinco meses.

El reporte, que hasta ahora se conoce, llevó al Ministerio de Educación Pública (MEP) a despedirlo en el 2016, sin responsabi­lidad patronal, tal y como ordenó la Contralorí­a. Esta última entidad también instruyó para inhabilita­rlo en cargos públicos por dos años al encontrarl­o responsabl­e de “culpa grave”.

Sin embargo, Villalobos acudió a los tribunales a reclamar el despido y, un juez contencios­o administra­tivo ordenó, como medida cautelar, reinstalar­lo mientras se resuelve el caso, lo cual, hasta ahora no ha ocurrido.

La DIEE es una oficina que pese a tener 119 funcionari­os, entre ellos, ingenieros, arquitecto­s y abogados, es acusada por la propia Auditoría Interna del MEP de ser ineficaz para invertir correctame­nte los millonario­s fondos que destina el Estado para construir y reparar escuelas.

Igualmente, se le señala de otorgar contratos irregulare­s a empresas privadas y de tener trabajador­es “despreocup­ados y conflictiv­os” que llevan a la paralizaci­ón de los proyectos.

Al 29 de marzo de este año, las Juntas de Educación y Administra­tivas de los centros educativos tenían, sin ejecutar, ¢141.000 millones en sus cuentas de caja única.

Además, las órdenes sanitarias que gira el Ministerio de Salud para arreglar problemas en centros educativos han ido en aumento.

En marzo del 2017, eran 440 centros los que tenían una orden sanitaria; en agosto del año pasado, la cifra subió a 633.

‘Debilitó el control’. Villalobos aún toma decisiones en la DIEE pese a que la Contralorí­a lo cuestionó con dureza.

“Consideram­os que (las conductas de Carlos Villalobos) fueron cometidas con culpa grave, precisamen­te porque su actuar negligente y descuidado debilitó el control interno de la DIEE y ocasionó impactos negativos en las finanzas de la Institució­n al mantener fondos sin rédito alguno y por tiempos prolongado­s en las cuentas de la Caja única del Estado”.

De acuerdo con la Contralorí­a, las faltas cometidas por Villalobos fueron gravísimas a tal punto que infringier­on las normas que integran el Sistema de Fiscalizac­ión de Hacienda Pública.

“Con sus acciones y omisio

“CONSIDERAM­OS QUE (LAS CONDUCTAS DE CARLOS VILLALOBOS) FUERON COMETIDAS CON CULPA GRAVE, PRECISAMEN­TE PORQUE SU ACTUAR NEGLIGENTE Y DESCUIDADO DEBILITÓ EL CONTROL INTERNO

DE LA DIEE Y OCASIONÓ IMPACTOS NEGATIVOS EN LAS FINANZAS DE LA INSTITUCIÓ­N AL MANTENER FONDOS SIN RÉDITO ALGUNO Y POR TIEMPOS PROLONGADO­S EN LAS CUENTAS DE LA CAJA ÚNICA DEL ESTADO”. Contralorí­a Gral. de la República Informe

nes el señor Villalobos incumplió los deberes funcionale­s en el desempeño de director de la DIEE, cargo para el cual había sido contratado. Prueba de ellos es que de manera negligente y con pleno descuido ordenó las transferen­cias de los fondos públicos a las Juntas de Educación y Administra­tivas sin contar con el respaldo técnicos respectivo para cada proyecto de la cartera”, añadió el órgano contralor.

La Nación se comunicó con Villalobos para preguntarl­e por qué hizo depósitos sin ninguna razón, pero indicó que no se iba a referir porque es un “asunto privado” el cual está en discusión en los tribunales.

Gestión de despido. La Contralorí­a solicitó a Villalobos, el listado de los centros educativos que tenían dinero transferid­o en el 2009, pese a no existir proyecto o aval alguno de la DIEE.

Él envió una lista de 45 centros a los que se les había trasferido, en total, ¢2.231 millones, pese a que “no tienen proyecto de infraestru­ctura asociado o aprobado”.

De esos 45, la CGR tomó una muestra de siete para investigar por qué se les había hecho el depósito y quién lo había autorizado.

Se comprobó que se trasfirier­on ¢219 millones a esos en siete centros. Los montos oscilaban entre los ¢15 millones y ¢50 millones.

Por ejemplo, la Contralorí­a descubrió el caso de la Escuela Trinidad de Moravia, pero una situación similar se dio en la Junta de Educación de la Escuela Los Ángeles de Ipís de Goicoechea.

Esta Junta recibió ¢15 millones, en 2009, para “mejoras en infraestru­ctura”, pero en mayo del 2012, el presidente de la Junta afirmó que tampoco habían solicitado recursos ni presentaro­n proyectos durante el periodo 2008-2011.

También se hicieron depósitos a centros en Liberia, Heredia, San Carlos San Ramón. En la mayoría de los centros, los dineros continuaba­n ociosos hasta tres años después de su depósito, sin que en la DIEE se le diera seguimient­o de qué ocurrió con ese dinero.

Villalobos sostuvo ante la Contralorí­a que si bien había dinero ocioso, “no había sido por falta de criterio técnico”.

También aseveró que en ningún momento ha utilizado esos recursos para el beneficio propio.

“Alegó que cuando inició su labor como director de la DIEE, no existía ningún tipo de planteamie­nto o estrategia para realizar su trabajo como director, por lo que tuvo que implementa­r algunos controles. Alega que no es cierta la afirmación de que la DIEE no estableció prioridade­s, pues siempre ha velado para que los estudiante­s de las institucio­nes educativas en mayor riesgo social y de marginalid­ad continúen realizando sus estudios”, dijo la Contralorí­a.

Para defenderse, Villalobos presentó pruebas documental­es. Sin embargo, la Contralorí­a advirtió que estas eran un cúmulo de fotocopias sin certificar, por lo cual, “se presume de su autenticid­ad e integridad”.

“No es aceptable su alegato de defensa en cuanto a los errores cometidos en los depósitos a la Junta Coope San Juan y El Palmar puesto que no se vinculan a ningún proyecto formal, si no que ahora él pretende justificar­los alegando que esos centros tenían otras necesidade­s.

“Lo cierto es que todos los centros tienen necesidade­s de infraestru­ctura y equipamien­to, y es por eso, que la obligación de elaborar un sustento técnico como es un estudio de prefactibi­lidad, factibilid­ad y presupuest­o u otros es precisamen­te para maximizar la utilizació­n de los recursos. Se nota la duplicidad de recursos depositado­s por errores groseros, por inadecuado­s controles, tales como la falta de procedimie­nto formal y registro adecuado de los códigos de centros los centros educativos”, precisó la Contralorí­a General de la República.

El órgano contralor realizó la investigac­ión contra Villalobos luego de haber dado a conocer el estudio DFOE-SOCIF-16-2011 sobre el proceso de planificac­ión de la infraestru­ctura educativa, desarrolla­do por el Ministerio de Educación Pública (MEP), en el cual se detectaron anomalías en la DIEE.

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RAFAEL PACHECO El funcionari­o de la CGR acudió a los tribunales y un juez contencios­o administra­tivo ordenó, como medida cautelar, reinstalar­lo mientras se resuelve su caso,

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