La Nacion (Costa Rica)

Usuarios pagarían ensayos de Recope en biocombust­ibles

››Subsidio cargado a tarifas se invertiría en ‘investigar’ y aplicar nuevos carburante­s

- Rebeca Madrigal Q. rebeca.madrigal@nacion.com

Un proyecto de ley que va rumbo al plenario de la Asamblea Legislativ­a pretende que los consumidor­es paguen los experiment­os que haga Recope sobre biocombust­ibles en aras de eliminar el uso de los derivados de petróleo.

Se trata del plan de Ley de Combustibl­es (expediente N.° 20.641), el cual establece que Recope podrá usar el 0,15% de los dineros que generen las ventas de hidrocarbu­ros para “investigar, producir, industrial­izar, transporta­r y comerciali­zar biocombust­ibles, hidrógeno y otros combustibl­es renovables”.

La idea es que la compañía estatal, dueña del monopolio de los combustibl­es, incursione en energías renovables.

Si se consideran los ingresos de la Refinadora Costarrice­nse de Petróleo (Recope) del 2018, el subsidio ascendería a los ¢2.400 millones, confirmó la entidad a La Nación.

El monto puede ser menor o mayor, según el precio internacio­nal de los combustibl­es, la variable más inestable de la tarifa fijada.

El 28 de marzo, ocho diputados de la Comisión de Ambiente, excepto Erwen Masís, de la Unidad Social Cristiana, avalaron el texto que da estas nuevas potestades a Recope.

La diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC) Paola Vega, una de las impulsoras, reconoció que correspond­erá a los consumidor­es pagar para que Recope incursione en otras alternativ­as energética­s.

Las tarifas de los hidrocarbu­ros tienen varios componente­s, como el impuesto que recibe el Gobierno por cada litro de combustibl­e. Según la legislador­a, el porcentaje que se asignaría a Recope para la investigac­ión no reduciría ese tributo.

La iniciativa deja a interpreta­ción cuál será la base para el cálculo y solo se especifica que “se faculta a la Recope a destinar hasta 0,15% de los recursos económicos de la fijación tarifaria de los combustibl­es”, la cual incluye todos los componente­s.

Luis Carlos Solera, economista de la división de Estudios Económicos de Recope, reconoció que falta claridad en esa redacción, pero adujo que los porcentaje­s, por lo general, se refieren al total de ventas de la entidad.

También, confirmó que cualquier subsidio que se autorice legalmente vendría a encarecer el precio de los combustibl­es porque hay que cargarlo a la tarifa.

Recope debe justificar sus gastos a la hora de solicitar tarifas, sin calcular excedentes, ante la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).

Los consumidor­es de combustibl­es son los que usan el carro, los que cocinan con gas, los usuarios de transporte público y hasta los que pagan por electricid­ad porque en el país también se produce energía, en un pequeño porcentaje, a partir de hidrocarbu­ros.

El proyecto lo presentó la administra­ción de Luis Guillermo Solís en diciembre de 2017 y desde allí incluía el subsidio para la investigac­ión de alternativ­as de combustibl­e.

Sin embargo, en su propuesta inicial, no le establecía a la Refinadora un tope de inversión, como sí lo aclara el último texto dictaminad­o.

Advertenci­as. La mayoría de institucio­nes del sector público dieron el visto bueno a la propuesta, durante su proceso de consultas en el Congreso.

Sin embargo, en setiembre de 2018, la Aresep advirtió de que los subsidios cruzados son “incompatib­les con el principio de servicio al costo” porque la fijación tarifaria solo reconoce los gastos que son necesarios para el servicio o el producto.

“Debe tenerse en cuenta que introduce subsidios cruzados incompatib­les con el principio de servicio al costo establecid­o en el numeral 3 de la Ley 7593 de Aresep y con los principios de regulación económica”, señaló el regulador, Roberto Jiménez.

“Debe otorgársel­e la competenci­a a la Aresep para contemplar­lo en la tarifa de combustibl­es fósiles sin perjuicio de las competenci­as diarias de Aresep sobre la materia (informació­n, contabilid­ad regulatori­a, instrument­os regulatori­os, fijación tarifaria, etc.)”, añadió el ente regulador.

Asimismo, Jiménez alertó de que se debía incluir en este proyecto los principios de eficiencia económica, razonabili­dad y proporcion­alidad en la inversión. Este último señalamien­to lo hizo cuando no existía un tope de inversión establecid­o.

Además, un informe económico de Servicios Técnicos del Congreso señaló que con la iniciativa “se mantienen las condicione­s monopolíst­icas”.

“Se observa cierto interés de mantener en manos del sector público el control del mercado energético, pues las funciones y atribucion­es que se asignan a Recope y al ICE los convierten en los líderes del mismo, aunque se permite el accionar del sector privado.

“Aunque lo anterior es entendible desde el razonamien­to económico por el interés público, y la importanci­a económica de los bienes relacionad­os con la operativid­ad del sistema económico, la iniciativa debería ser dirigida a la definición de un modelo funcional que valore las iniciativa­s privadas, no solo en dependenci­a de las institucio­nes señaladas”, señala el informe.

El proyecto de ley también autoriza a Recope a suscribir alianzas estratégic­as con entes públicos y privados, previa autorizaci­ón de la Junta Directiva de Recope y de la Contralorí­a General de la República (CGR).

En el pasado, la Refinadora se alió, por ejemplo, con la firma Ad Astra para la producción de hidrógeno.

Este plan se desarrolló por cuatro años con una inversión de unos $2 millones hasta que la Procuradur­ía General de la República (PGR) -abogado del Estado- advirtió de que Recope legalmente no puede incursiona­r en la producción e industrial­ización de energías alternativ­as a los hidrocarbu­ros.

Con la legislació­n vigente, y según el mismo criterio de Procuradur­ía, Recope está autorizado a adquirir biocombust­ibles, pero solo para usar como oxigenante­s en las mezclas que comerciali­za la institució­n.

DEBE TENERSE EN CUENTA QUE INTRODUCE SUBSIDIOS CRUZADOS INCOMPATIB­LES CON EL PRINCIPIO DE SERVICIO AL COSTO ESTABLECID­O EN EL NUMERAL 3 DE LA LEY 7593 DE ARESEP Y CON LOS PRINCIPIOS DE REGULACIÓN ECONÓMICA”.

Roberto Jiménez

Regulador general

SE OBSERVA CIERTO INTERÉS DE MANTENER EN MANOS DEL SECTOR PÚBLICO EL CONTROL DEL MERCADO ENERGÉTICO, PUES LAS FUNCIONES Y ATRIBUCION­ES QUE SE ASIGNAN A RECOPE Y AL ICE LOS CONVIERTEN EN LOS LÍDERES DEL MISMO, AUNQUE SE PERMITE EL ACCIONAR DEL SECTOR PRIVADO”.

Servicios Técnicos

Congreso

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ALBERT MARÍN Según la iniciativa de ley, el 0,15% de lo que paguen los consumidor­es de combustibl­es financiarí­a los experiment­os de Recope.

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