Cambios en pensiones aceleraron jubilaciones en el Poder Judicial
Aún quedan 137 funcionarios que pueden salir con los beneficios previos a reforma
La reforma legal que recortó beneficios en el régimen de pensiones de la Corte generó un incremento de retirados el año pasado.
El Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial cerró el 2018 con 3.991 pensionados, es decir casi 200 personas más frente al año previo, según la Superintendencia de Pensiones (Supén).
El 95% de estas personas se jubilaron por vejez, es decir tenían la edad y los años mínimos de trabajo dentro de la institución.
El incremento de los jubilados generó que el gasto total en pensiones (incluido el aguinaldo) cerrara en ¢74.626 millones, es decir 10% más frente a los ¢68.019 millones, confirmó el Poder Judicial.
“Se ha evidenciado en los últimos meses un incremento importante en el número de personas que se acogen a su derecho jubilatorio”, confirmó Ana Eugenia Romero, directora ejecutiva de la institución.
En enero anterior se pensionaron por vejez otros 30 trabajadores del régimen, según datos de Supén.
Romero confirmó que aún quedan 137 personas que pueden jubilarse bajo los antiguos beneficios para el cálculo del monto de la pensión y edad de retiro.
La reforma estableció un plazo de 18 meses en los cuales se mantienen vigentes las reglas de la anterior ley. Ese periodo finaliza el próximo 22 de noviembre.
Los cambios al fondo de retiro del Poder Judicial se impulsaron en el Congreso, tras darse a conocer que el régimen tenía un déficit actuarial de ¢5,3 billones en un estudio elaborado por el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE), de la Universidad de Costa Rica.
La Asamblea Legislativa aprobó, en abril del año pasado, la reforma a las pensiones de la Corte que incluyó el aumento del aporte del 11% al 13% por parte de sus 13.000 trabajadores activos y los pensionados.
Asimismo, el monto de la pensión se redujo del 100% del promedio de los últimos 24 mejores salarios al 82% del promedio de los últimos 20 años de salarios.
Además, se subió la edad de retiro de 62 a 65 años, y se elevó el tiempo de servicio mínimo para pensionarse anticipadamente de 10 a 20 años.
Otro cambio significativo fue la imposición de contribuciones solidarias a las jubilaciones más altas, que van de un 35% a un 55% del monto que sobrepase los ¢4,4 millones (10 salarios base de un empleado judicial).
Los primeros resultados de la aplicación de los cambios legales evidencian una mejora en los ingresos por cotización al régimen. Así como un alza en las ganancias financieras de las inversiones.
El Fondo finalizó el año pasado con una reserva de ¢533.169 millones para el pago de pensiones futuras. En el 2017, el saldo fue de ¢489.883 millones, se detalla en los estados financieros del régimen.
Presión adicional. La directora ejecutiva confirmó que el retiro de los 137 trabajadores, bajo las reglas de la anterior ley, significará un gasto mensual de ¢1.759 millones.
A estos nuevos jubilados sí se les aplicará la contribución solidaria al régimen.
“La erogación se considera significativa para el flujo de caja del Fondo, pero que debería estabilizarse y mantenerse con un muy bajo crecimiento”, explicó Romero.
La funcionaria recalcó que mantienen “constante monitoreo” en la entrada y salida de recursos del régimen para efectuar ajustes y garantizar el cumplimiento de las obligaciones con los afiliados.
Aumento en ingresos. Por otra parte, el incremento en la cotización de los trabajadores al Fondo y la modificación de la política de inversión generó un incremento en los ingresos.
Según los estados financieros el régimen tuvo ingresos por ¢136.022 millones el año pasado, 21% más comparado con el 2017, cuando fueron ¢112.313 millones.
El incremento más relevante ocurrió en las ganancias por las inversiones de la reserva, pues ascendieron a ¢52.244 millones.
Esto significó un alza del 43% con respecto al 2017 cuando fueron ¢36.529 millones, según los estados financieros.
“Los ingresos financieros han venido en aumento (...) como resultado de una modificación de la política que permitió realizar inversiones en instrumentos del sector privado”, recalcó Álvaro Ramos, jerarca de la Supén.
Los aportes obrero-patronales al régimen del Poder Judicial fueron de ¢83.778 millones en el 2018, lo cual significó un alza del 10% frente a los ¢75.784 millones del año previo.
En este caso, dijo Ramos, influyó el incremento de la cotización de los trabajadores y el aporte para las pensiones mayores a ¢4,4 millones.