Recope pide alza de ¢73 en súper, ¢67 en regular y ¢26 en el diésel
Poco más de ¢600 millones son los que ahorrará Recope con las medidas de contención del gasto en salarios que ordena la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, aprobada en diciembre (9635).
El monto representa, sin embargo, apenas 1,4% de los ¢45.742 millones que la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) pagó a sus trabajadores en el 2018.
Esta previsión de ahorro se incluye en la solicitud de ajuste ordinario ET-024-2019 que Recope planteó el 29 de marzo a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).
Específicamente, en el apartado 6.6.6.9, denominado “Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, la Refinadora recuerda que el título tercero de la normativa establece una serie de modificaciones a los salarios de sus trabajadores. Entre ellos, la reducción del porcentaje sobre el salario base que se paga por dedicación exclusiva y prohibición; el pago con un monto nominal en vez de porcentaje en otros pluses, y el límite a la cesantía en ocho años y 12 años para los que tienen convención colectiva.
Para la Refinadora, el ahorro en cesantía, por ejemplo, asciende a ¢575 millones y los otros ¢87 millones equivalen a recortes en pluses como dedicación exclusiva, desarraigo, carrera profesional, méritos y disponibilidad.
Sin embargo, el ahorro que trajo la legislación es modesto si se considera la suma pagada a los trabajadores en remuneraciones (pluses y salarios), según precisan las notas de sus estados financieros al 31 de diciembre pasado.
Para aquel momento, Recope tenía 1.705 empleados. Esto equivale a un promedio en remuneraciones para cada trabajador de ¢26,8 millones el año pasado.
El mayor gasto. En su exposición a la Aresep, la Refinadora indica que las remuneraciones son su partida de gasto operativo más importante, ya que devoran 42% de ese gasto.
Le sigue la partida de Depreciaciones y Amortizaciones con 27,2% y Servicios no personales, con 21% de un desembolso operativo por ¢109.744 millones el año pasado.
En esta institución pesa el costo de la convención colectiva, que para el 2018, se estimaba en ¢24.846 millones.
Recope, además, es una de las 24 instituciones públicas donde los trabajadores reciben más por pluses que por salario base, según un estudio de la Contraloría General de la República, específicamente, es 1,70 salarios.
La entidad informó a la Aresep de que la partida de remuneraciones “experimentó una reducción de 1,1% con respecto al 2017, por la renovación del personal, tanto por el proceso normal de retiro de funcionarios, como por el efecto que tuvo la aprobación de la Ley 9.635”.
En los últimos tres años, precisó, 165 personas se han acogido a la pensión en esa empresa pública.
Este viernes se enviaron consultas a la oficina de prensa para ampliar sobre el tema, pero no hubo respuestas.
El ahorro resultante de la Ley 9.635 en este año podría, igualmente, tener poco impacto en el gasto en salarios y sobresueldos al considerar la previsión de gasto de Recope en remuneraciones, según el presupuesto inicial que presentó a la Contraloría General de la República. Según ese documento, Recope prevé un presupuesto de ¢52.338 millones para su personal en este 2019. ››El año pasado, la institución pagó a sus trabajadores ¢45.742 millones