Expropiaciones atrasan dos obras clave contra presas
Circunvalación Varados trámites para paso a desnivel en la Bandera e intersección en tramo norte Pleito por valor de negocios Dueños de lotes y MOPT se enfrascan en discusión por pago del derecho comercial
En diciembre del año pasado, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) desistió de poner en operación el único tramo de Circunvalación que estaba casi listo, debido a que no contaba con una intersección en su salida a La Uruca.
Esta obra ni siquiera se ha empezado a construir pues aún deben resolverse dos procesos expropiatorios cuyos expedientes fueron elevados a la vía judicial y se encuentran suspendidos.
El problema: el dueño del terreno exige que se le indemnice no solo por el inmueble sino también por una afectación comercial, que el Ministerio se niega a reconocer, al asegurar que no procede por tratarse de una expropiación parcial.
Seis kilómetros al este, un rótulo frente al restaurante Friday’s indica “MOPT insiste en no pagar”, con el cual advierte de que en ese sector, donde se planea levantar un paso a desnivel sobre la actual rotonda de la Bandera, probablemente las obras tampoco se inicien según lo programado.
En este caso, la inconformidad también está relacionada con el valor comercial, es decir, cuánto dejaría de percibir el dueño del negocio producto de su actividad por tener que trasladarse de su actual ubicación.
Aunque el propietario de ese negocio, Carlos Felipe Huezo Hunter, asegura que aceptó el avalúo que se le presentó hace seis meses, el expediente se mantiene varado a la espera de procesos de revisión dentro del MOPT.
Caso Agromec. El encargado del Departamento de Adquisición de Bienes Inmuebles del Ministerio, Álex Ureña, explicó que en el caso del terreno de La Uruca, la entrada en posesión donde se ubica la empresa Agromec estaba fijada para el pasado 3 de abril; sin embargo, los propietarios presentaron una apelación y el Juzgado Contencioso suspendió el proceso.
En ese mismo sector también se tramitan ocho expedientes asociados con los lotes de la empresa Transportes H y H, de los cuales, según Ureña, cuatro ya se resolvieron.
“Ellos han presentado apelaciones en los dos casos, alegando temas de afectación a la actividad comercial. La administración ha mantenido una posición de que no asiste afectación porque son expropiaciones parciales y el funcionamiento de la actividad se mantendría durante el proceso constructivo y posterior al proceso, en función de lo que se ha determinado en los diseños del proyecto y la misma unidad ejecutora”, afirmó Ureña.
Daniel Rojas, abogado representante de la empresa Agromec, asegura que el MOPT se basó en un criterio sesgado para no valorar las indemnizaciones por afectación comercial.
“En el caso de Agromec y todos los demás expropiados de Circunvalación Norte, no se le está dando entrada en posesión porque el MOPT sigue insistiendo en su tesis de no pagar derechos comerciales y ha topado con que la ley reconoce esos derechos. Lo que pasó aquí es que el Ministerio trató de enajenar bienes sin haberlos indemnizado previamente y ahí el Poder Judicial ha venido amparando todos estos derechos que han sido afectados”, aseveró Rojas.
Contrario a lo dicho por las autoridades del MOPT, el abogado aseguró que no se trata únicamente de estos dos terrenos, sino de al menos 114 procesos que retrasarían la obra hasta por cinco años.
Muchos de estos, dijo, también están en etapas judiciales.
“No es solo Agromec y H y H existe una lista de otros propietarios desde La Uruca hasta Calle Blancos (Goicoechea) que tienen actividades comerciales que también se están defendiendo, por eso el proyecto se está paralizando”, sostuvo.
Rojas agregó que durante la audiencia de apelación también se detectó que las reformas a la Ley de Expropiaciones podrían tener vicios de constitucionalidad por lo que se envió a la Sala IV por una consulta judicial.
Caso Friday’s. El propietario de Friday’s, y autor de la idea de extender una manta frente a su negocio, calificó su caso como un “atropello” de parte del MOPT.
Según Huezo, desde hace más de tres años el proceso expropiatorio se ha visto envuelto en un ir y venir de trámites administrativos, pues, en su caso, nunca quiso acudir a la vía judicial.
La gestión estuvo suspendida por una consulta que se había presentado ante la Procuraduría General de la República (que funge como abogado del Estado), asociada también al pago por el valor comercial del negocio.
El año pasado, el trámite se reactivó y aunque el propietario asegura haber firmado el avalúo aceptando la propuesta del MOPT hace más de seis meses, el expediente parece haberse empantanado.
“Cuando ordenan que se inicie de nuevo el avalúo comercial desde cero, en vez de retomar lo que ya estaba, me perjudicó mucho porque mi contabilidad se había movido negativamente (...), en octubre del año pasado me presentan el avalúo comercial, debidamente firmado por el Departamento de Bienes y Adquisiciones donde se me informa lo que me van a pagar, reviso y hago mis cálculos y digo que no es lo que se había calculado
anteriormente; sin embargo, yo decido aceptarlo”, expuso el propietario.
Empero, afirma que recientemente se enteró de que aunque el documento que rubricó ya venía revisado, luego de que lo firmara se “pegó” en la oficina del jerarca del MOPT, Rodolfo Méndez, donde debía recibir una rúbrica final previo a ser publicado en La Gaceta.
“Es una barbaridad que ni siquiera se ha publicado en
La Gaceta, siento que es un atropello, porque no es posible que este proceso que acepté en octubre y que vi que venía con los vistos buenos de todo el mundo, esté trabado en un proceso de revisión”, se quejó el empresario.
De acuerdo con Huezo, incluso le informaron de que se solicita que cada uno de los trabajadores del restaurante debe presentar una certificación de la Caja Costarricense de Seguro Social, para constatar si lo que él indicó como rubro por prestaciones es coherente.
Refirió que ese cálculo se hizo desde el año pasado, por lo que nueve meses después, pidió un ajuste de las prestaciones, basado en el tiempo que ha transcurrido.
El comerciante dice estar preocupado por la incertidumbre que esto genera en su local, pues muchos de sus empleados ya son mayores de 60 años, con más de 30 años de trabajar en el restaurante.
Por su parte, el encargado del Departamento de Adquisición de Bienes Inmuebles reconoció que pidieron mayor “fundamentación” técnica en el tema de la indemnización y actualmente se está recopilando esa documentación.
Ureña aseguró que esperan que el caso se resuelva en las próximas semanas.
El funcionario, sin dar detalle, admitió que en la rotonda de la Bandera y en el cruce de Guadalupe quedan pendientes otras expropiaciones “que no deberían representar atrasos en la obra”.