En Chile, los registros médicos de millones de pacientes fueron expuestos públicamente

CMagdalena Sepúlveda

IUDAD DE MÉXICO– En las últimas décadas, los programas de asistencia social en todo el mundo se han fortalecido hasta el punto que en la actualidad benefician a más de 2.500 millones de personas; su objetivo, por regla general, es proteger a las personas más pobres y vulnerables. Sin embargo, la creciente presión para utilizar tecnología biométrica con el fin de verificar identidades de los beneficiarios e integrar sistemas de información, que van desde registros civiles hasta bases de datos de cumplimiento de la ley, significa que los programas sociales podrían crear nuevos riesgos para quienes dependen de ellos.

Las empresas privadas, las agencias donadoras y el Banco Mundial sostienen que la aplicación de herramientas biométricas, como el escaneo de iris y huellas dactilares o el reconocimiento facial y de voz, junto con la integración de bases de datos, acrecentará la eficiencia, combatirá el fraude y reducirá los costos. Muchos gobiernos parecen estar convencidos de lo antedicho.

Si bien no hay información sistemática disponible sobre el uso de la tecnología biométrica en los esquemas de asistencia social, una mirada a ciertos programas emblemáticos muestra que dicho uso ya está en aumento. En Sudáfrica, 1,7 millones de beneficiarios de subvenciones sociales reciben tarjetas inteligentes biométricas. En México, los 55,6 millones de beneficiarios del Seguro Popular (seguro de salud pública para los ciudadanos más pobres) deben proporcionar sus datos biométricos a las autoridades.

Aadhaar, la base de datos biométrica más grande del mundo, se encuentra en la India. Debido a que la inclusión en Aadhaar es un requisito previo para el acceso a varios programas sociales, el 95 % de los 1.250 millones de habitantes del país ya están registrados. La provisión de datos biométricos también se requiere para recibir beneficios en Botsuana, Gabón, Kenia, Namibia, Pakistán, Paraguay y Perú.

Los datos biométricos almacenados en una base de datos del programa de protección social se pueden vincular fácilmente a otros sistemas utilizando un identificador común, incluso a aquellos no relacionados con la protección social, como los sistemas de cumplimiento de la ley o de mercadeo comercial. En la mayoría de los países europeos, dicha integración de bases de datos está prohibida, debido a la amenaza que representa para la privacidad y la protección de datos. Al fin de cuentas, los programas de asistencia social requieren el procesamiento de grandes cantidades de información, incluida la confidencial, como bienes propiedad del hogar, el estado de salud y discapacidades de las personas, etc.

En muchos de los países en desarrollo que están expandiendo sus programas de protección social e identificación biométrica, los marcos para la protección de datos personales están infradesarrollados. No obstante, los donantes y las autoridades gubernamentales a menudo abogan por la integración más amplia posible de las bases de datos, tanto entre entidades públicas como privadas. Por ejemplo, Nigeria, que tiene como objetivo emitir 100 millones de tarjetas electrónicas de identificación biométricas, tiene un banco de datos de identidad nacional conectado a varias otras bases, incluidas aquellas mantenidas por las agencias de aplicación de la ley.

La presión para compartir datos confidenciales relativos a la protección social, incluidos entre ellos los identificadores biométricos, con las agencias aplicación de la ley, tanto a escala nacional como internacional, se ve agravada por las preocupaciones sobre terrorismo y migración. Esta presión amenaza no solo la privacidad básica, sino también las libertades civiles. Agregue a esto el riesgo de divulgación negligente de datos o el acceso no autorizado por parte de terceros, incluso delincuentes cibernéticos y piratas informáticos, y los beneficiarios de los programas de protección social también podrían estar expuestos a situaciones de estigmatización, extorsión o chantaje.

Además, existe la posibilidad de que el acceso a información confidencial de protección social sea otorgada o se venda a empresas privadas. Las autoridades de protección social y las empresas privadas, como MasterCard o Visa, a menudo firman acuerdos comerciales para crear tarjetas inteligentes para programas de asistencia social o para que las empresas acepten dichas tarjetas. Por ejemplo, la tarjeta biométrica de asistencia social de Sudáfrica es una MasterCard.

Peor aún, tales acuerdos, que a menudo no se divulgan públicamente, tienden a no incluir mecanismos de indemnización en casos de abuso y mal uso de la información. Informes recientes de los medios de comunicación muestran que los riesgos son considerables. Por ejemplo, en Chile, los registros médicos de millones de pacientes, entre estos de pacientes con VIH y mujeres víctimas de abuso sexual, fueron expuestos públicamente durante casi un año.

En Sudáfrica, las empresas privadas hicieron uso de información de millones de beneficiarios de protección social para aumentar sus ganancias corporativas. En la India, un periódico afirmó que sus reporteros habían obtenido acceso sin restricciones a la base de datos de Aadhaar. Otro informe documentó cómo los números de Aadhaar, con información financiera confidencial, se habían hecho públicos en los sitios web gubernamentales.

La amenaza para los beneficiarios de la protección social no se elimina ni siquiera cuando el gobierno es el único que tiene acceso a los datos. Tal como relata la científica política Virginia Eubanks, en Estados Unidos, la toma de decisiones automatizada en la provisión de asistencia social permite al gobierno “perfilar, vigilar policialmente y castigar