Abogado alega ‘complicidad de Iglesia’ en caso de exsacerdote
En cinco meses prescribiría causa contra Mauricio Víquez, en fuga
Años de posible complicidad y encubrimiento de la Iglesia habrían dejado impunes delitos sexuales atribuidos al ahora exsacerdote Mauricio Víquez Lizano, sostiene el abogado Rodolfo Alvarado Moreno.
Alvarado representa a una presunta víctima de Víquez cuya denuncia es la única en los tribunales de justicia y por la cual podría responder el cura expulsado. Al menos otros ocho casos nunca llegaron a la vía judicial pues prescribieron.
“Hay hechos gravísimos comprobados en el expediente de la denuncia, como que el arzobispo (Hugo Barrantes) conocía de estos hechos desde el 2003 y los ocultó. Hay una situación a nivel de complicidad. Todos los delitos de Mauricio Víquez contra menores de edad los realizó en casas curales o en vehículos de la Iglesia católica; todos”, aseguró en entrevista con este diario.
Solo por las denuncias de su representado, un joven de apellidos Alvarado Quirós, de 27 años, el excura afronta dos delitos de abuso sexual, dos de violación calificada y un delito de corrupción agravada. La causa se abrió el 2 de octubre del 2018 y está a cargo de la Fiscalía Adjunta de Asuntos de Género de San José, bajo el expediente 18000854-0994-PE.
A la fecha, Víquez, de 54 años, sigue sin ser indagado, pues no se realizó la diligencia entre octubre y enero pasados. A finales de ese mes, el religioso salió hacia Panamá y de ahí a México. Luego se le perdió el rastro mientras persiste sobre el individuo una orden de captura internacional emitida el 19 de febrero.
Seis días después de esa orden internacional, el Vaticano divulgó que expulsaría a Víquez del estado clerical de por vida.
‘Lo alertó’. En opinión del abogado, la salida de Víquez se dio porque la Iglesia lo alertó de la causa judicial en su contra. Conforme la versión de las autoridades eclesiásticas, le consultaron al ofendido si deseaba incorporar la denuncia penal al expediente del proceso canónico que también ya se impulsaba. El joven accedió.
Según los religiosos, debido al protocolo de derecho de defensa en el proceso canónico, estos pusieron a Víquez en conocimiento del expediente judicial.
Al haber tenido acceso a la información, explica el abogado Alvarado, el entonces cura pudo conocer la edad del denunciante, quien cumplirá 28 años en setiembre. Será entonces cuando esta causa prescriba, de acuerdo con el artículo 31 del Código Procesal Penal.
Este establece que los delitos castigados con prisión prescriben en un plazo de 10 años. Cuando los delitos son contra menores, el plazo corre a partir de que la víctima cumpla la mayoría de edad.
“Las declaraciones de otros dos testigos, también víctimas de abuso, ratifican en su declaración en este caso, la actitud negligente y permisiva de la Iglesia en favor del denunciado Víquez Lizano”, agregó el abogado. Argumentó que si la Iglesia hubiera actuado, los casos de esos dos testigos tampoco hubieran quedado impunes.
“Este es un caso humano de gran trascendencia, donde un sacerdote católico, revestido de poder por su función y amparado por la jerarquía que tenía en la Iglesia, abusó por años de un cúmulo de muchachos en la iglesia de Tres Ríos y en la de Patarrá”, aseguró.
La denuncia penal asegura que Víquez era un sacerdote con “apoyo irrestricto de la Iglesia y de la comunidad católica. En consecuencia, esas personas acusadas ni siquiera podían contarles a sus familias lo que les pasó”.
Conforme el recuento de los testigos ofendidos en el caso, Víquez había sido trasladado de una parroquia de Tres Ríos, en La Unión de Cartago, a Patarrá de Desamparados, debido a denuncias ante el clero.
Fue después de los hechos en la iglesia San Juan Bautista, de Patarrá, que Iglesia le modificó sus funciones hasta designarlo únicamente en “posiciones ejecutivas importantes dentro de la Iglesia”.
“El denunciado es, encima, un connotado profesor en la Universidad de Costa Rica con plaza en propiedad y quien solicitó a esa entidad permiso sin goce de salario por todo el año 2019 por cuanto sabía que iba a irse del país buscando la prescripción de los delitos. Eso es gravísimo”, agregó. La Universidad comenzó en marzo las gestiones de despido.
Los hechos denunciados. Fue en la parroquia de Patarrá donde habrían ocurrido los hechos que dieron origen al caso del joven Alvarado Quirós.
Según la declaración incluida en el expediente, él vivía en la comunidad de Guatuso y venía de una familia de escasos recursos y de padres desempleados. Fue una vecina quien le recomendó ir a la parroquia a buscar trabajo como misceláneo. Ahí conoció a Víquez.
“Me presenté a la iglesia y le comenté de mi dura situación y él me dijo que podía recoger las hojas (de los árboles) frente a la casa cural, ese día me alistó víveres y me dio ¢900”.
La supuesta agresión habría sido un día cuando el muchacho, entonces menor de edad, recogía hojas en los jardines de la propiedad. Debido al calor que hacía, afirma haberse quitado la camisa durante la faena.
Víquez se acercó a preguntarle por una cicatriz que tiene en el torso, precisa el expediente. Sin darle detalles, el menor le dijo que fue por una operación que le hicieron poco después de nacer.
Concluida su labor ese día, fue a la oficina de Víquez por su pago. Ahí, a solas con su patrón, refiere que Víquez insistió en ver de nuevo la cicatriz, al punto de convencerlo de que se desnudara pues quería saber cómo estaba su estado físico general.
En fechas posteriores, según Alvarado Quirós, ocurrieron los hechos denunciados, incluidos episodios de sexo oral, penetración, abusos deshonestos y tocamientos, a los cuales siempre seguía la advertencia de no revelar a nadie lo ocurrido.
Según el recuento de otros testigos en la causa, Víquez siguió con ellos una dinámica semejante para acercárseles. Cuando alguna familia o conocido refería a los menores con Víquez, este primero les asignaba labores de monaguillo o de misceláneo. Luego, les daba confianza a los menores y tenía con ellos contacto físico como abrazos. Además, solía invitarlos a comer.
En el expediente, un testigo ofendido cuenta que el religioso les preguntaba si se masturbaban y esta consulta daba pie a su intención de revisarles los genitales para, supuestamente, ver cómo avanzaba su desarrollo físico.
El abogado de Alvarado adelantó que este presentará, en un plazo de 30 días, una querella privada y una acción civil resarcitoria en contra de Víquez y la Conferencia Episcopal de Costa Rica.
Si bien el martes la Asamblea Legislativa aprobó una reforma legal para ampliar de 10 a 25 años el plazo de prescripción de delitos de abuso sexual contra menores, tal cambio no rige para el caso de su representado, por lo cual urgió a las autoridades a redoblar esfuerzos para localizar a Víquez.
LAS DECLARACIONES DE OTROS DOS TESTIGOS, TAMBIÉN VÍCTIMAS DE ABUSO, RATIFICAN LA ACTITUD NEGLIGENTE Y PERMISIVA DE LA IGLESIA EN FAVOR DEL DENUNCIADO VÍQUEZ LIZANO”. Rodolfo Alvarado
Abogado que representa a presunta víctima de Víquez