Aprender de Uruguay
CMiguel Sobrado
osta Rica y Uruguay, aunque su desarrollo ha ocurrido en contextos geográficos e históricos diferentes, tienen algunos elementos comunes: poca población y extensión sin grandes dimensiones ni estructuras federales. No solo son similares en esos aspectos, también han compartido políticas sociales promotoras de equidad y bienestar de la población, y han obtenido algunos resultados convergentes.
El desarrollo institucional de Uruguay, no obstante, ha sido más descentralizado y usa mecanismos para la evaluación de resultados regionales. Una característica del sistema institucional uruguayo es la continuidad de las políticas, independientemente de los procesos electorales.
Con la llegada al poder del Frente Amplio, en el 2005, se fortaleció el sistema de evaluación y control y se produjo un cambio en las políticas públicas en el agro. En el 2007, el Parlamento promulgó la Ley 18126 de descentralización y coordinación de las políticas agropecuarias con base departamental.
El propósito fue contribuir a generar una descentralización, articulando políticas y recursos en el ámbito departamental y promoviendo un mayor involucramiento de la sociedad agropecuaria en la definición de políticas para el sector.
Se pretendía sortear la representación de las organizaciones tradicionales, generalmente con acceso al poder, y fomentar la acción colectiva local. Es interesante que en el informe que dio al Congreso Latinoamericano de Sociología Rural, en noviembre pasado, el ingeniero uruguayo Pedro Arbeletche destacara el empoderamiento de las comunidades sobre los asuntos locales, como luz eléctrica, educación, vivienda, salud y el acceso a la tierra, más allá de lo productivo, que ha tenido, en ese contexto, menos demanda.
Se estimuló la capacidad de pasar del abordaje sectorial al territorial e intersectorial, lo cual condujo, en opinión de uno de los responsables del proceso, a la construcción de ciudadanía en el ambiente rural con inclusión de mujeres, jóvenes y asalariados.
Además de los efectos en el agro, el país, como un todo, ajustó la estructura institucional mediante la participación de las comunidades y obtuvo grandes resultados en la primera década. La pobreza, que en el 2004 era un 20 %, como en Costa Rica ese mismo año, cayó a un 8 % en el 2014 y la extrema, que en el 2004 era del 7 %, similar a la nuestra, al 0,7 % en el 2014.
Mientras tanto, nosotros, debido a nuestra estructura institucional tipo archipiélago, sin instancias operativas regionales y locales que involucren a las fuerzas viva, seguimos estancados en los mismos porcentajes de principios de siglo.
Nuestro problema está en el sistema institucional, no en la falta de recursos per cápita destinados al sector social. Debemos aprender de Uruguay y ajustar las instituciones a las necesidades de la gente tomando en cuenta a las comunidades en la gestión pública y en la toma de decisiones.
No basta con tener voluntad de cambio desde los ministerios; es preciso dinamizar las comunidades organizadas con información sobre los resultados para promover los cambios institucionales necesarios. De otra manera, los controles, cuando existan, serán formales y tecnoburocráticos, sin efectos sobre los resultados de las políticas públicas.
Romper la inercia no es fácil, las estructuras de poder políticas y mandos medios pondrán una gran resistencia parapetándose en leyes y reglamentos creados para que nada cambie, pero es posible acabar con la inercia contando incluso con la participación activa de una parte de los funcionarios, que, preocupados por la decadencia del sector público, desean estabilidad y un futuro en su carrera profesional.
El gobierno ha tenido logros relevantes, como la política fiscal y la reforma del reglamento de la Asamblea, pero eso no es percibido por el ciudadano “de a pie”, que debe hacer colas de refugiados en la Caja, que pierde horas valiosas del día en las presas, al mismo tiempo que afronta la inseguridad ciudadana.
En el equipo de gobierno existe gente valiosa, pero anclada en una visión tecnoburocrática. Por ahí no saldrán adelante y se les avecinan turbulencias. Deben gobernar con la gente resolviendo conjuntamente sus problemas.
Las políticas públicas en Uruguay son independientes de los gobiernos de turno