Falta decisión para concesionar obras
La atención de los problemas de infraestructura vial le corresponde al Consejo Nacional de Concesiones, pero no actúa.
de dos décadas, se sabe que la concesión de obra pública es una gran aliada para autorizar al sector privado a participar en la construcción, el mantenimiento y la administración de obras necesarias, como puertos, aeropuertos y carreteras, sin afectar el presupuesto nacional, pues una vez concesionadas son los usuarios, no los impuestos, quienes pagan los costos incurridos.
En el 2008, entró a regir la Ley General de Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos (n.° 7762) pero el uso pleno no se ha dado como debería. La mejora y ampliación de la ruta San José-San Ramón fue concesionada, pero por una insensata oposición popular se canceló y el Estado debió indemnizar al concesionario con $35 millones. En su lugar, a principios del 2015 se aprobó un fideicomiso, sustituto muy pobre de la Ley 7762, que, bajo la administración del Banco de Costa Rica, no da signos de vida.
Algo similar ocurre con los intentos de ampliar y mejorar la ruta 27, San José-Caldera, tomando como base una propuesta hecha en el 2014 por la concesionaria, Globalvia, la cual, desafortunadamente, duerme el sueño de los justos, mientras la congestión vehicular en esta, como en la carretera a San Ramón, crece exponencialmente. En San José y sus alrededores, la hora pico es permanente, casi 14 horas, pues va de las 6 de la mañana a las 8 de la noche.
La atención de estos asuntos corresponde al Consejo Nacional de Concesiones (CNC), cuya sonora Junta Directiva está conformada por ocupantes de altos cargos de gobierno, y dispone también de una dirección ejecutiva y personal técnico de dedicación exclusiva, pero no actúan con la celeridad que demandan los problemas a su cargo.
El ministro de coordinación con el sector privado, André Garnier, explicó que la administración Alvarado analiza la forma de ampliar, bajo la figura de concesión y quizá —aunque no necesariamente— con el actual concesionario, la ruta 27. La idea es comenzar en el primero de tres tramos, el de 15 kilómetros que empieza en La Sabana y termina en Ciudad Colón para proseguir con los dos restantes (Ciudad Colón-Orotina y Orotina Caldera), los cuales presentan características diferentes, tales como obstáculos naturales, expropiaciones requeridas, cantidad de tráfico y costos de construcción, entre otros.
En principio, se trata de una buena estrategia, y el considerar que las obras se iniciarían a comienzos del 2021 también, pues el trayecto La Sabana-Ciudad Colón es de mucho tránsito y cuanto antes se aligere el flujo, mejor.
Lo que nos deja un cierto sinsabor es que, según recién informamos (“Ampliación de la ruta 27 arrancaría a inicios del 2021”,
24/4/2019), el ministro Garnier pareciera haber comenzado de cero. Sin un diseño claro de lo necesario para llevar a cabo el proyecto resulta imposible establecer el costo de construcción. Sin ello, y sin un estudio del tráfico previsto, tampoco se puede establecer el monto de las tarifas si fuera necesario cobrar peajes o si se debe incurrir en algún tipo de subsidio estatal.
El ideal es no aprobar subsidio alguno, en parte porque las finanzas públicas del país no atraviesan por un buen momento y, también, porque siempre es posible ajustar el plazo de la concesión lo suficiente como para que las tarifas resultantes sean razonables. Además, no cabe duda de que la mayoría de los usuarios de esa vía con gusto pagarán un peaje superior al actual si el servicio es notablemente mejor que el que hoy —congestionado, ruidoso y hasta inseguro— deben soportar.
Ojalá esta vez, bajo el liderazgo del ministro de coordinación con el sector privado, André Garnier, estos urgentes proyectos avancen en la forma deseada, no como lo han hecho bajo el mandato del Consejo Nacional de Concesiones.