Tribunal ordena devolver propiedades a Asociación de Desarrollo de Paquera
El Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda ordenó devolver a la Asociación de Desarrollo Integral de Paquera (ADIP) dos propiedades que ya había rematado el Banco Popular.
Así lo hizo mediante la sentencia 39-2019-VIII, de las 14:30 horas del 6 de mayo del 2019, que declara la nulidad de las escrituras públicas en donde se establecen las garantías hipotecarias, se anulan los juicios de cobro judicial y, por ende, los remates celebrados, según informó la abogada Adriana Rojas mediante un comunicado.
Armando Rojas, director jurídico de la entidad financiera, dijo que la resolución todavía no está en firme.
“El Banco Popular está en análisis de la resolución que usted indica, la cual aún no está en firme, por lo que no es factible referirse al fondo de lo consultado”, dijo Rojas.
Añadió que es posible impugnar ante el superior dicha resolución, por lo que aún es prematuro afirmar que los actores tengan la razón en ese proceso judicial.
El caso. Adriana Rojas explicó, en el comunicado, que la Asociación de Desarrollo Integral de Paquera se fundó en 1974 por un grupo de vecinos con la finalidad de generar desarrollo en la comunidad.
Gracias a su crecimiento, la Asociación adquirió dos propiedades: una finca de 34.949 metros cuadrados (m2) en el centro de Paquera, en donde se realizan los festejos y ferias del pueblo, y otra de montaña en bosque secundario, de 111.194 m2, ubicada también en Paquera, para la protección del medio ambiente.
Entre los años 2009 y 2010, los integrantes de Junta Directiva aprobaron dos acuerdos para solicitar dos créditos (uno a nombre de la ADIP y otro a título personal de un directivo de ese entonces) con el Banco Popular, y comprometer las dos propiedades con gravámenes hipotecarios, por ¢69.253.000 y ¢50.000.000; empero, la Asociación no pudo pagar las cuotas mensuales.
Por lo tanto, la entidad bancaria envió las dos propiedades a remate en el 2015.
Sin embargo, el Contencioso determinó que “el Banco Popular y de Desarrollo Comunal otorgó los créditos sin el requisito esencial: la aprobación de asamblea general. Se requería el consentimiento manifestado por medio del voto de todos los asociados vecinos de Paquera que conforman la ADIP”, explicó Adriana Rojas.
De esta manera, se anuló todo lo actuado y se ordenó la devolución de las propiedades.
Rojas ha tramitado otros casos de clientes bancarios que han perdido propiedades por sus créditos; por ejemplo, uno en el cual el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda declaró nula una garantía que consideró excesiva, así como la tasa piso de un crédito otorgado por el Banco de Costa Rica (BCR), del cual ya se había ejecutado el cobro judicial mediante la resolución número 118-2018-I.