La Nacion (Costa Rica)

Fiscalía indagará a funcionari­os del PANI

- Irene Vizcaíno ivizcaino@nacion.com

La actuación de los funcionari­os del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) en relación con el caso del niño fallecido por agresiones, el jueves en Alajuela, será revisada por la Fiscalía de esa ciudad.

La causa es la número 19002247-0057-PE. Bajo el mismo expediente se seguirá la pesquisa sobre las actuacione­s del PANI en este asunto.

Según la oficina de prensa de la Fiscalía, en la pesquisa ordenada por la fiscala general, Emilia Navas, se pretende determinar si los encargados de la oficina regional del Patronato habrían incurrido en el delito de incumplimi­ento de deberes, por no actuar de forma oportuna.

La presidenta del PANI, Patricia Vega, admitió que la institució­n fue alertada de aparentes agresiones contra el menor desde el sábado, cinco días antes del deceso.

El aviso lo dio un psicólogo de una organizaci­ón que visita la zona para ayudar a familias vulnerable­s; lo hizo mediante el Sistema de Emergencia­s 9-1-1 a las 2:41 p. m. Sin embargo, la oficina de Alajuela no trabaja los fines de semana.

Fue hasta el lunes cuando la oficina clasificó el caso como “prioridad 1”. Eso significa que debía ser atendido en un plazo de 24 horas.

“La denuncia es atendida el 8 (de mayo) en la tarde. La funcionari­a va al lugar y con la dirección que consta que pusieron ese sábado, no encuentra la casa”, dijo la jerarca el jueves. Según su versión, la trabajador­a hizo consultas en casas, una pulpería y hasta en la escuela, sin dar con la familia. La funcionari­a decidió devolverse.

Presos. La madre y el padrastro del niño fallecido cumplirán seis meses de prisión preventiva, según orden del Juzgado Penal de Alajuela.

Se trata de una mujer de apellidos Marroquini Alias, de 22 años y en avanzado estado de embarazo, y un hombre apellidado Pérez Flores, de 25. Ambos son salvadoreñ­os, lo mismo que el menor. Se les investiga por el presunto delito de homicidio.

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FRANCISCO BARRANTES La investigac­ión fue ordenada por la fiscala general, Emilia Navas.

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