Policía, MEP y Caja preguntarán género y preferencia sexual
››Usuarios no están obligados a consignar los datos que se soliciten
A partir de ahora, en sus formularios de solicitud de información, las instituciones públicas tendrán que preguntar a los usuarios cuál es su preferencia sexual y con cuál género se identifican.
Así lo dicta la directriz N.º 047-P firmada por el presidente Carlos Alvarado, la cual incluye a todas las entidades de la Administración Pública y entes descentralizados.
¿A qué responde esa orden? Según el Gobierno, la idea es solventar la falta de datos que hay en Costa Rica de las personas LGBTI (lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales).
Luis Salazar, comisionado presidencial para asuntos de esa población, alegó que la falta de información hace que estas personas y sus realidades sean invisibilizadas en las estadísticas del país.
Desde el momento en que la norma se publique en el diario oficial La Gaceta, las instituciones deberán incluir en sus hojas de recolección de datos preguntas como “¿Usted se considera...?” –para determinar la orientación sexual de la persona– y “¿Usted se identifica...?”, en el caso de la identidad de género.
En cada casilla, habrá una serie de alternativas para que el usuario escoja, siempre que quiera hacerlo, pues nadie estará obligado a consignar los datos solicitados, dijo Salazar.
Salazar enfatizó que, aunque la instrucción es generalizada, regirá solo en las instituciones que cuenten con fichas informativas y donde sea fundamental recopilar ese tipo de datos de los usuarios.
La directriz se dirige a todos los entes de la Administración y los descentralizados
El comisionado explicó que la obligatoriedad de plantear esas preguntas regirá, en primera instancia, en cinco entidades: el Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de Educación Pública (MEP), el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Ministerio de Salud.
En el caso de Seguridad, lo que busca el Gobierno es consignar si existen casos de violencia o agresión motivados por la orientación sexual de la persona o por su identidad de género.
En el MEP, el objetivo es determinar cuántas situaciones de bullying (matonismo) se dan en relación con esas dos variables.
“Cuando se dé una situación de bullying y se llegue a dar el relato (del afectado), ahí se detectará cuál es el motivo, pero se llevará nada más el número, porque lo que nos interesa es determinar números. No nos interesa cuál estudiante, porque ahí se tiene que guardar absoluta confidencialidad y privacidad”, dijo Salazar.
Según el funcionario, en esos casos, los centros educativos no tendrán que preguntar directamente a sus estudiantes sobre sus preferencias sexuales e identidad de género. Habrá una persona encargada en cada institución –un profesor, por ejemplo– de llevar el conteo de alumnos, pero sin detalle de nombre y apellido.
En el PANI, agregó, el motivo de plantear las preguntas es la prevalencia de casos en que menores de edad pertenecientes a la población LGTBI son expulsados de sus casas.
En cuanto a la Caja y Salud, la intención es contar con datos más certeros para la atención en salud sexual.
“Es fundamental consignar quiénes son atendidos en los centros de salud para el tratamiento del VIH/sida, siempre en forma confidencial”, afirmó el comisionado.
Otro de los objetivos es detectar y acabar con tratos discriminatorios a usuarios por parte de funcionarios.
Larissa Arroyo, representante del Frente por los Derechos Igualitarios, califica la iniciativa como un esfuerzo valioso, pues la recolección de datos de las personas LGTBI permitiría crear políticas sociales para esa población.
No obstante, afirmó que el hecho de plantear esas preguntas podría implicar discriminación y violencia contra los usuarios por parte de los funcionarios que tengan acceso a la información. Por eso, enfatizó, no puede ser obligatorio revelar los datos.