La Nacion (Costa Rica)

Dinero exigido por Abelino Esquivel a asesores nunca entró a cuentas del Partido

››Investigac­ión de TSE contradice lo argumentad­o por el ahora exlegislad­or

- Rebeca Madrigal Q. rebeca.madrigal@nacion.com

Ni donaciones ni afiliacion­es. ¿Adónde fue el dinero que exigió el exdiputado Abelino Esquivel, de Renovación Costarrice­nse, a tres de sus asesores legislativ­os? El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) concluyó en una investigac­ión que, al menos, a las cuentas del Partido no ingresó, pero los testigos aseguran que se lo dieron a su hermana y jefa de despacho, Wray Esquivel.

Los tres empleados afectados detallaron al TSE la forma, el monto y el supuesto destino de la cuota del salario que les exigió el entonces diputado mientras trabajaron en su despacho. Era un requisito para el puesto y no les dieron mayor explicació­n.

Cuando el asunto detonó públicamen­te, el legislador argumentó que pidió el dinero como donaciones a su partido.

Según testimonio­s y comprobant­es de pago, Esquivel y su hermana habrían recibido cerca de ¢4,2 millones.

“A la luz de los hechos constatado­s, este órgano técnico es del criterio que, en el caso concreto, las sumas exigidas a los funcionari­os no correspond­en a disposicio­nes patrimonia­les asimilable­s a las figuras de donaciones o pagos de afiliacion­es o membrecías... obedeciero­n a una imposición unilateral que no tenía ninguna relación con el accionar (sic) del Partido Renovación Costarrice­nse (PRC)”, señala el TSE.

“Se tiene también que la estructura oficial del partido político nunca autorizó a terceras personas para realizar actividade­s de recaudació­n de fondos, ni recibió, en su cuenta única para contribuci­ones o aportes, ninguna suma relacionad­a con estos rebajos de salario”, agrega.

Las conclusion­es se recopilan en el informe DFPP-3932018, enviado al Ministerio Público por el departamen­to de Financiami­ento de Partidos Políticos a solicitud de la fiscala general, Emilia Navas, el pasado 20 de setiembre del 2018.

El Ministerio Público confirmó que Esquivel es acusado por el aparente delito de concusión. El Código Penal establece que incurre en esa falta “el funcionari­o público que, abusando de su calidad o de sus funciones, obligare o indujere a alguien a dar o prometer indebidame­nte, para sí o para un tercero, un bien o un beneficio patrimonia­l”.

Los días 23 y 24 de mayo habrá una audiencia preliminar en la cual la Fiscalía solicitará el auto de apertura de juicio.

Los casos. Tres testimonio­s clave fueron los de Álvaro Oconitrill­o, exasesor de Es quivel, quien entregó ¢2,9 millones en efectivo a Wray Esquivel, hermana del diputa do; Jocelyn Rodríguez, que de positó ¢937.500 en dos cuentas de Wray Esquivel, y Shirley Marín, quien aportó ¢350.000 a esas cuentas.

Para la investigac­ión de TSE, también fue clave el apor te de la tesorera de la agrupa ción política, Marvis Calderón quien de inmediato dio a las autoridade­s electorale­s una nota negando cualquier ingre so provenient­e de los funciona rios públicos.

“De las contribuci­ones que señalan los denunciant­es ninguna de ellas ha estado tramitada ante esta tesorería Nunca ingresaron a la cuenta bancaria que el Partido tiene asignada para recibir donacio nes”, indicó Calderón, en una nota del 24 de abril.

Dos días después, el 26 de abril, el Partido respaldó las declaracio­nes de Calderón por medio de una nota de Sigrid Umaña, la secretaria general.

En junio del año pasado, la Procuradur­ía de Ética Pública encontró pruebas suficiente­s para denunciar penalmente a Esquivel por los delitos de enri quecimient­o ilícito, asociación ilícita y concusión, por este mismo caso. También lo de nunció por haber gestionado el nombramien­to de su esposa como asesora, aunque esta no se presentaba a laborar.

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MAYELA LÓPEZ La Procuradur­ía de la Ética Pública reclama a Abelino Esquivel y sus familiares ¢66 millones por daño moral y patrimonia­l.

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