40 diputados piden inhabilitar a Solís para cargos públicos por cuatro años
Mayoría cree que tuvo intención de favorecer campaña del PAC; Contraloría decidirá
Por una abrumadora mayoría, los diputados ratificaron el informe de la Comisión para el Control del Ingreso y el Gasto Público que recomienda la inhabilitación del expresidente Luis Guillermo Solís para ejercer cargos públicos por cuatro años.
Tras una discusión que se extendió por poco más de cuatro horas, 40 legisladores votaron a favor de las recomendaciones que lanzó la Comisión en abril.
En contra votaron nueve congresistas, básicamente miembros del Partido Acción Ciudadana (PAC), quienes negaron que el caso conocido popularmente como “hueco presupuestario” se trate de robo o sustracción de fondos públicos.
Los diputados insisten en la responsabilidad del exmandatario y de Helio Fallas, exvicepresidente y exministro de Hacienda, por no haber presupuestado los ¢600.000 millones necesarios para pagar bonos de deuda pública en el 2018, lo que generó un hueco en el presupuesto.
Según el informe del foro investigador, firmado por ocho de sus nueve miembros, Solís ocultó adrede el tamaño real de la deuda del momento, a pocos meses de las elecciones que finalmente ganó el candidato del partido de gobierno, Carlos Alvarado.
Aparte de solicitar a la Contraloría General de la República la inhabilitación para Solís, los congresistas le piden al Ministerio Público que investigue una posible comisión de delitos por parte de siete funcionarios públicos, particularmente del Ministerio de Hacienda.
Los congresistas suponen que se incurrió en incumplimientos civiles y penales, por lo que piden a la fiscala general, Emilia Navas, que proceda con las pesquisas necesarias.
Para ello, precisamente, enviarán el informe legislativo aprobado en el plenario del Congreso a la Fiscalía y, además, a la Procuraduría General de la República.
La diputada oficialista Paola Vega, quien suscribe el informe de minoría, aseguró que ella también enviará su propia versión de la investigación a las oficinas de la Fiscalía, para que se tomen en cuenta sus conclusiones.
En abril, luego de una investigación de casi nueve meses, los legisladores de oposición, principalmente, afirmaron que podrían recaer sanciones civiles y penales sobre el propio Luis Guillermo Solís.
Además, señalaron a Fallas y a Marta Cubillo, actual tesorera nacional y exviceministra hacendaria, así como a Marjorie Morera, exdirectora de Presupuesto Nacional; Julio Espinoza, exdirector de Crédito Público, y Melvin Quirós, actual director de esa oficina.
Entre las conclusiones del foro sobre Ingreso y Gasto Público, los congresistas consideran que también Rocío Aguilar, ministra de Hacienda, podría haber incurrido en faltas civiles por pagar hasta ¢400.000 millones de vencimientos de deuda sin contar con la autorización requerida del Congreso.
Aparte de ese monto, también el gobierno de Solís, antes de su cierre, había pagado ¢188.000 millones en vencimientos de deuda sin contar con las debidas autorizaciones legislativas en el Presupuesto Nacional 2018.
Así lo aseguran los ocho firmantes del informe con los resultados de la investigación del hueco presupuestario: Yorleny León, Luis Fernando Chacón y Franggi Nicolás, del Liberación Nacional; Pedro Muñoz, de la Unidad Social Cristiana; Xiomara Rodríguez, de Restauración Nacional; Otto Roberto Vargas, del Republicano Social Cristiano; el independiente Erick Rodríguez, y Jonathan Prendas, del bloque fabricista.
Para la mayoría de los diputados, en esencia, las intenciones que tuvo Solís para ocultar el tamaño real de la deuda eran de índole electoral.
Así lo expusieron, la tarde de este lunes, en el plenario del Congreso, el independiente Jonathan Prendas, quien presidió la Comisión durante la pesquisa legislativa, y los liberacionistas Yorleny León, Franggi Nicolás y Luis Fernando Chacón.
Sin embargo, los oficialistas Paola Vega, Víctor Morales y Welmer Ramos insistieron una y otra vez en que no hubo dolo, y que no se trata de un caso de robo ni sustracción de fondos públicos.