Municipio cuestionado por usar fondos públicos para fiscalizar corridas
En la Municipalidad de Santa Cruz envían a sus funcionarios a fiscalizar las corridas de toros que se realizan en los distintos distritos del cantón.
A estos empleados públicos no sólo se les otorga un pago por parte de las comisiones de fiestas o las asociaciones de desarrollo que organizan el festejo sino que, además, ellos utilizan los vehículos municipales para desplazarse, al tiempo que realiza esas funciones en el horario laboral.
Sin embargo, la Procuraduría General de la República (PGR) considera que esa labor no es resorte del ayuntamiento, sino que le corresponde a los organizadores de las corridas de toros designar a los respectivos fiscalizadores y, por consiguiente, cubrir sus remuneraciones, viáticos y cualquier otro gasto relacionado.
Así lo consignó en el pronunciamiento C-134-2019, del 15 de mayo, en donde le aclaró a la municipalidad dicha situación, pues solo en verano, en Santa Cruz se realizan unas 50 corridas.
“No existe fundamento que sustente la práctica de la municipalidad de enviar funcionarios propios a fiscalizar las montas de toros que se realizan en el cantón ello por cuanto (...) la presencia y actuar de dichos fiscalizadores es una responsabilidad del organizador del evento. “Por supuesto, tampoco existe sustento alguno para que los vehículos de uso oficial ni las pólizas de riesgo de trabajo suscritas por la municipalidad de Santa Cruz, sean utilizados en beneficio de los fiscalizadores de las montas de toros”, dice el documento.
Por su parte, la alcaldesa María Rosa López dijo que el municipio “en un momento dado” acordó que se iba a apoyar la fiscalización de las corridas de toros. Sin embargo, negó que esta labor se hiciera en horario laboral.
“Las corridas de toros son a las siete u ocho de la noche; y nosotros salimos a las cuatro de la tarde. En algunas ocasiones, cuando el pueblo es muy lejano, se les ha dado a los funcionarios un vehículo de la municipalidad, pero muy pocas veces. Estoy elevando este pronunciamiento al Concejo Municipal y serán ellos los que tomen la decisión”, dijo López.
El criterio explica que las municipalidades son las encargadas de extender la autorización o permiso correspondiente para la realización de corridas de toros en su comprensión territorial, según el Reglamento a las Actividades Taurinas.
“En virtud de lo anterior, no existe fundamento que sustente la práctica de la municipalidad de Santa Cruz de enviar funcionarios propios a fiscalizar las montas de toros que se realizan en el cantón y, en consecuencia, tampoco existe sustento alguno para que los vehículos de uso oficial ni las pólizas de riesgo de trabajo”, concluye la Procuraduría.