Más pruebas contra general por asesinatos en Colombia
››Nicacio Martínez Espinel afronta una fuerte presión para que deje el cargo
BOGOTÁ. AP. Han surgido nuevas pruebas que vinculan al jefe del Ejército colombiano con el supuesto encubrimiento de asesinatos de civiles hace más de una década.
Las pruebas, en documentos proporcionados a The Associated Press por una persona familiarizada con una investigación en curso sobre las ejecuciones extrajudiciales, aparecen en momentos en que el general Nicacio Martínez Espinel enfrenta una presión creciente para que renuncie a su cargo debido a las órdenes que dio a sus soldados este año para que intensificaran los ataques.
Algunos temen que éstas podrían allanar el camino para que se vuelvan a producir violaciones graves de los derechos humanos.
El Ejército colombiano ha sido culpado de haber cometido hasta 5.000 ejecuciones extrajudiciales en el punto álgido del conflicto armado del país a mediados de la década del 2000, mientras que los soldados, sometidos a la presión de altos comandantes, inflaban el recuento de cadáveres, en algunos casos disfrazando a civiles de guerrilleros a cambio de un pago extra y otras gratificaciones.
Lo que se conoció como el escándalo de los falsos positivos ha ensombrecido el historial de victorias en el campo de batalla logradas por el Ejército, respaldado por Estados Unidos. Quince años después, ni un solo comandante de alta graduación ha sido responsabilizado por los asesinatos.
En febrero, Human Rights Watch criticó duramente el nombramiento de Martínez Espinel por parte del presidente Iván Duque, señalando que era el segundo al mando de la 10°. Brigada en el noreste de Colombia durante los años en que los fiscales han iniciado investigaciones sobre 23 asesinatos ilegales.
El grupo de derechos reveló que el entonces coronel Martínez Espinel certificó los pagos a un informante que dio “excelentes resultados” en una supuesta operación de combate en la que murieron una civil indígena y una niña de 13 años.
Posteriormente, un tribunal condenó a dos soldados por raptarlos de su casa, asesinarlos y ponerles armas en sus cuerpos para que parecieran ser rebeldes.
En la época en que se difundió el informe, Martínez Espinel dijo que no tenía “ni idea” de si había realizado los pagos. “Dios y mis subalternos son los que saben cómo hemos actuado”, afirmó.
Sin embargo, nuevos documentos de la Fiscalía colombiana muestran que Martínez Espinel firmó en el 2005 por lo menos otros siete pagos cuestionables. Los documentos fueron proporcionados a la AP por alguien que solicitó no ser identificado porque teme sufrir represalias.
Algunas de las gratificaciones, que nunca excedieron los $500, fueron para supuestos informantes cuyos nombres e identificaciones no coincidían. En dos casos, los investigadores judiciales descubrieron que el beneficiario real fue el soldado Óscar Alfonso Murgas, quien luego fue condenado a 40 años de cárcel por su participación en una tercera muerte de un civil no relacionado. Otro destinatario oculto fue un excomandante paramilitar condenado a 15 años por extorsión.
Sin condena. Aunque los tribunales colombianos han condenado a cientos de soldados de baja graduación por su papel en los asesinatos de falsos positivos, hasta ahora no se ha condenado a un solo general y solo a un puñado de coroneles.
Según el derecho internacional, los comandantes pueden ser considerados responsables de crímenes cometidos por subordinados de los que tenían conocimiento o deberían haber tenido conocimiento.
Ahora hay informaciones de que Martínez Espinel, como jefe del Ejército, está tratando de restablecer las políticas que, según los críticos, condujeron a las ejecuciones.
El diario The New York Times informó recientemente que el general ordenó a sus soldados que duplicaran el número de guerrilleros izquierdistas y criminales a los que matan, capturan u obligan a rendirse en combate.
Las nuevas directrices, elaboradas por escrito al inicio del mandato de Martínez Espinel como jefe del Ejército en enero, suscitaron preocupación entre los oficiales no identificados citados por el Times por el mayor riesgo de que se produjeran bajas entre la población civil.
Los opositores a Duque piden la dimisión del alto jefe militar, señalando una serie de asesinatos y encubrimientos sospechosos por parte de soldados este año, coincidiendo con las nuevas órdenes. No obstante, el mandatario ha dado su apoyo al comandante.
Sin embargo, Duque anunció el viernes la creación de un panel de expertos que evalúe los protocolos militares para asegurarse de que estén en la línea de respetar los derechos humanos.