Diputados avalan tope a huelgas de educadores
››Foro legislativo que tramita plan sobre protestas aprobó moción anoche
Las huelgas en el sector educación podrán durar un máximo de 21 días consecutivos, o 10 días naturales discontinuos, según aprobaron los diputados de la comisión legislativa que debate un proyecto de ley para regular esos movimientos.
Los legisladores decidieron excluir la educación de los servicios esenciales, en los cuales no se puede ir a huelga, y decidieron darle una categoría especial, “servicio estratégico”, con sus propias regulaciones. Esto se dio después de conversaciones con sindicalistas.
Una vez vencidos los plazos máximos, los maestros tendrían que regresar a sus labores y, en caso de no existir acuerdo, el conflicto que originó el movimiento debe ser resuelto por otras vías, como el arbitraje.
El cambio en el proyecto de ley fue aprobado con cinco votos a favor y dos en contra.
Lo apoyaron el proponente, Carlos Ricardo Benavides, Luis Fonseca y Yorleni León, los tres del Partido Liberación Nacional (PLN), así como Enrique Sánchez, del Partido Acción Ciudadana (PAC), y el independiente Erick Rodríguez.
En contra votaron José María Villalta, del Frente Amplio, y Pedro Muñoz, del Partido Unidad Social Cristiana.
Muñoz dijo estar de acuerdo con la mayoría del contenido del artículo, pero se reservará la opción de presentar otra propuesta mediante una moción de reiteración.
La moción fue aprobada en la comisión que tramita, mediante vía rápida, el proyecto para evitar abusos en las huelgas, luego de que, en el 2018, la protesta contra la reforma fiscal paralizara la educación y otros servicios del Estado por 89 días, entre setiembre y noviembre.
El texto no se ha dictaminado y, por tanto, no ha llegado al plenario, donde los 57 diputados tendrán la última palabra.
El cambio en educación también establece que, durante la huelga, deberá mantenerse el personal necesario para que cada centro educativo permanezca abierto y en condiciones básicas de aseo y seguridad. En el caso de educación especial, asimismo, deberán asegurarse la atención y la asistencia adecuadas, por sus circunstancias particulares.
Antes de las huelgas, gremios y patrono deberán definir un plan de prestación de “servicios básicos” y se tendrá que escoger un funcionario responsable de supervisar cada centro educativo.
Si no hay acuerdo al respecto, el plan lo establecerá un Juzgado de Trabajo.
Adicionalmente, el funcionario que haya sido designado para las labores de supervisión y fiscalización del centro educativo podrá coordinar con la junta de educación o administrativa para que colaboren en la tarea.
La legisladora Yorleni León admitió que el cambio es producto de las conversiones que ella y Benavides han sostenido con sindicatos.
“Hemos creado una categoría especial dado el carácter estratégico que tiene para el país la educación. Hemos establecido algunas regulaciones importantes; por ejemplo, mantener el personal necesario para que cada centro educativo permanezca abierto.
”Eso significa que, en adelante, no volveremos a tener centros educativos cerrados durante la huelga (...)”, declaró la congresista verdiblanca.
Benavides reconoció que si bien con la moción se limita e tiempo y se regula el derecho a huelga en la educación, al ca lificarse como servicio “estra tégico”, la posibilidad de que agotado el periodo de regula ción ocurra una nueva pro testa, está admitida “toda la vida” para cualquier servicio.
“Cada huelga tiene un moti vo; lo que no se puede es repetir motivos ni inventárselos, pero además, en la práctica, eso no sucede. Organizar una huelga no es sencillo, sobre todo si no hay motivos legales, porque las organizaciones sindicales exponen a sus miembros a que se les rebajen los salarios.
”En el proyecto que esta mos proponiendo, hay rebajas salariales de manera retroacti va desde que se inició la huel ga, en caso que sea declarada ilegal”, explicó Benavides.