Adjudicar obras menores a ¢607 millones sería más ágil
Las adjudicaciones de obras públicas cuyos costos no superen los ¢607 millones tendrían una vía más rápida de aprobarse la reforma a la Ley de Contratación Administrativa, presentada ayer en la Asamblea Legislativa.
Se trata de una iniciativa impulsada por la Contraloría General de la República con el apoyo de diputados de diferentes fracciones.
El primer cambio que plantea es el nombre, pues la actual Ley de Contratación Administrativa, vigente desde 1996, pasaría a llamarse Ley de Contratación Pública.
La intención es mejorar los plazos para aprobación de compras públicas y licitación de obras, además de elevar su transparencia.
“Nuestro país invierte gran cantidad de recursos en compras públicas, lo cual representa una oportunidad para la generación de acciones afirmativas en diferentes sectores. Hay que entender la contratación pública no solo como el procedimiento de concurso para obtener un bien o un servicio, sino como un mecanismo para el favorecimiento del bienestar general”, afirmó Marta Acosta, contralora general de la República.
Actualmente existe una veintena de procedimientos para adquirir bienes y servicios o contratar obras públicas; la propuesta propone reducirlo a dos figuras según sus costos: licitación mayor y licitación menor.
El proyecto considera menor una licitación que no supere los ¢607 millones, en el caso de obra pública; mientras que el monto no pasará los ¢72 millones en el caso de compras.
Esos montos quedaron indexados a las Unidades de Desarrollo (UDES), que actualiza mensualmente el Banco Central, por lo que se modificarán con el tiempo.
Este tipo de contratación recibiría un trámite más expedito en comparación con los mecanismos actuales. Por ejemplo, el plazo para recibir ofertas será de tres días hábiles, en el caso de que haya un mínimo de cinco concursantes; mientras que tendrá un plazo de 15 días hábiles sino se alcanza ese mínimo.
Si bien se mantienen los tipos de recursos y las impugnaciones, tanto en las condiciones como en la decisión final de la licitación, el conocimiento de las licitaciones menores corresponderá únicamente a la entidad interesada.
En el caso de licitaciones mayores, serán conocidas por la Contraloría General de la República.
“La nueva propuesta, además de reintegrar bajo un único régimen a todas las administraciones contratantes, potencia la utilización de los procedimientos ordinarios, mediante la simplificación de los procedimientos”, dijo Ana Lucía Delgado, diputada del Partido Liberación Nacional.
Para los impulsores de la iniciativa, la reforma mejoraría la transparencia debido a que se establece “la exigencia de que los documentos que se emitan deben estar disponibles en línea” en el Sistema de Compras Públicas (SICOP) en un máximo de 24 horas. Todas las instituciones del Estado deberán implementar el SICOP.
Los diputados que trabajaron en el plan fueron los liberacionistas Delgado y Jorge Fonseca; Pablo Abarca, de la Unidad Social Cristiana; Carolina Hidalgo, del Partido Acción Ciudadana, y el independiente Erick Rodríguez.