Reo estafó ¢7 millones en llamada desde La Reforma
Simuló laborar en Hacienda para obtener acceso a cuenta bancaria
Un preso de la cárcel La Reforma simuló por teléfono ser empleado del Ministerio de Hacienda para robarle ¢7 millones a su víctima.
Tres personas que habrían recibido dinero de este fraude en sus cuentas bancarias fueron arrestadas este miércoles por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Asimismo, en el módulo de la prisión donde se habría cometido el delito, fueron hallados nueve celulares, cinco cargadores, una datacard, dosis de marihuana, chicha y diez armas punzocortantes.
Los detenidos fueron un hombre y una mujer de apellidos Esquivel Camacho, de 30 y 28 años. Ellos tienen antecedentes policiales por violencia doméstica y estafa telefónica, respectivamente.
La tercera captura ocurrió en Pavas, San José. Se detuvo a un hombre apellidado Pacheco Ramos (29 años).
El recluso vinculado a la estafa, de apellidos Peña Mesén (35), es esposo de la mujer arrestada. Además, cumple una condena de 46 años de prisión por robo agravado, resistencia agravada, tentativa de robo agravado y homicidio calificado.
“Esta mujer lo visitaba asiduamente en el centro penal y tenía mucho contacto telefónico con él”, expuso el director del OIJ, Walter Espinoza.
Mesén habría llamado a su víctima, un vecino de Puriscal, en abril de este año.
Al parecer, el privado de libertad le solicitó datos para actualizar una factura electrónica, información con la cual sustrajo los casi ¢7 millones de la cuenta del afectado, que pasaron a las cuentas de los tres detenidos.
“Establecimos que esa estafa telefónica se planeó desde La Reforma, porque los estudios y análisis de los registros telefónicos de este caso en particular así lo indican”, detalló Espinoza.
“Una vez que el dinero ingresó a esas cuentas, las personas que recibieron los montos hicieron compras de electrodomésticos con tarjetas de débito, y además, retiraron dinero en efectivo”, agregó.
Operación clave. El jerarca indicó que los investigadores lograron en poco tiempo el levantamiento del secreto bancario de los sospechosos, quienes fueron captados por las cámaras de los bancos donde retiraron el dinero.
El OIJ revisará los teléfonos decomisados en la cárcel para averiguar si hubo más fraudes.
El reo sospechoso de la estafa presentó un recurso de amparo en el 2008, en el que solicitó “la pena de muerte por inyección letal”.
En el amparo, Peña expuso “su deseo el morir, dado que no se encuentra preparado” para descontar la sentencia de 46 años. En aquel momento llevaba cinco años en prisión.
“Señala que sabe que debe pagar a la sociedad, y que quiere liberar a su familia de lo difícil que es tener a un familiar preso. Solicita la inyección por cuanto es su deseo morir sin dolor”, indica la resolución de la Sala Constitucional.
Los magistrados rechazaron el recurso, pues no se afectaban los derechos de Peña, salvo el de su libertad, debido a las condenas recibidas.
Por otra parte, con el fin de frenar las estafas desde las cárceles, Pablo Bertozzi, director de la Policía Penitenciaria, afirmó que ya están tomando las acciones a nivel administrativo.