Decretos afectaron negociación entre gremios y CCSS
››Normativas sobre reforma fiscal cambiaron reglas y comprometieron a la Caja, aseguran representantes del Estado y los trabajadores
Los decretos ejecutivos posteriores a la entrada en vigencia de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas habrían dejado a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) “en una situación comprometida” y “con poco margen de negociación”.
En eso coincidieron, por separado, dos miembros de la Junta Directiva de la Caja, quienes insistieron en que las decisiones que se tomaron en la institución, desde que se aprobó la reforma fiscal, buscaron siempre cumplir con el marco de legalidad.
Se trata de la representante del Estado, Fabiola Abarca; y de Maritza Jiménez, quien ocupa una silla por el movimiento solidarista.
Ellas se refieren a varios decretos que el gobierno de Carlos Alvarado emitió, entre febrero y julio de este año, para establecer las nuevas reglas sobre el pago de anualidades y otros incentivos salariales, con base en lo estipulado en la reforma fiscal.
Tanto Abarca como Jiménez, aseguran que en febrero hubo un primer decreto que sirvió de base para negociar con los sindicatos del sector salud, firmar un acuerdo y terminar, en aquella oportunidad, con una huelga.
Sin embargo, posteriormente se emitieron otros dos decretos que, en criterio de ambas, cambiaron las reglas del juego y comprometieron a la institución, pues lo acordado con los sindicatos quedó en el limbo y el margen de maniobra para volver a negociar quedó muy reducido.
“El señor (Román) Macaya (presidente ejecutivo de la CCSS) siempre fue con firmeza ante los sindicatos de que la ley ( la reforma fiscal) se debía cumplir y buscando una solución jurídica que pusiera fin al dolor humano que estaba causando la huelga”.
”Se habló de buscar la
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MACAYA SIEMPRE FUE CON FIRMEZA ANTE LOS SINDICATOS DE QUE LA LEY SE DEBÍA CUMPLIR Y BUSCANDO UNA SOLUCIÓN JURÍDICA QUE PUSIERA FIN AL DOLOR HUMANO QUE ESTABA CAUSANDO LA HUELGA”. Fabiola Abarca Representante estatal en la Junta Directiva de la CCSS “
LOS DECRETOS POSTERIORES DEJAN A LAS AUTORIDADES DE LA CCSS EN UNA SITUACIÓN COMPROMETIDA Y CON POCO MARGEN DE NEGOCIACIÓN (...). ESTA FALTA DE COHERENCIA EN LOS DECRETOS PUBLICADOS ES UN FACTOR CONDICIONANTE DEL PROCESO VIVIDO”. Maritza Jiménez Representante del solidarismo en la Junta Directiva de la Caja
manera de judicializar la diferencia en un contencioso siempre dentro del marco de la legalidad y, en esa línea, el presidente ejecutivo junto con el Poder Ejecutivo, firmaron el acuerdo”, dijo Abarca.
Por su parte, Jiménez exprsó: “Los decretos posteriores (a la ley 9635) dejan a las autoridades de la CCSS en una situación comprometida y con poco margen de negociación, pues cambian totalmente las reglas del juego y solicitan ahora el replanteamiento de los alcances del acuerdo (del 20 de febrero)”.
Abarca y Jiménez estuvieron entre los miembros de la Junta Directiva citados el domingo 11 de agosto para recibir un informe sobre el estado de la huelga –que ese día llegaba a los siete días–, y para conocer las propuestas que llevarían los representantes del Poder Ejecutivo en el equipo negociador.
De esa cita, encabezada por Macaya y los ministros de la Presidencia y Trabajo, Víctor Morales y Steven Núñez, respectivamente, salió la propuesta que finalmente el gobierno y la CCSS firmarían con los sindicatos 24 horas después.
En ese documento se acordó llevar el diferendo por el pago de anualidades y pluses a un proceso de lesividad en los tribunales contencioso administrativos, donde pasarán más de cinco años para obtener, si hay suerte, una sentencia en firme.
En el ínterin, se acordó mantener la forma de cálculo pactada en el acuerdo del 20 de febrero: estimar las anualidades y pluses como porcentaje del salario y no como un mon to nominal o fijo, como lo esta blece la reforma fiscal para e resto del sector público.
Solo así, los sindicatos acep taron deponer la huelga.
Otra de las directoras, Marielos Alfaro quien representa a los empre sarios, enfatizó que ellos como cúpula siguieron las indicacio nes de un grupo de asesores jurídicos que se hicieron pre sentes aquel domingo, acom pañando a los ministros y a presidente de la Caja.
“Todos preguntamos por qué estaban yendo en esa di rección, y ellos dijeron que esa era la dirección adecuada, pero ahora surgen cuestionamien tos sobre la legalidad de todos los acuerdos que se tomaron Como directores, se les dio un voto de confianza. Se les dijo ‘Vayan negocien y resuelvan en el marco de la legalidad’” expresó Alfaro.
Según Alfaro, en la próxima sesión de la Junta Directiva, e 22 de agosto, el director jurídi co Gilberth Alfaro, y el cuerpo legal de la CCSS tendrán que explicar qué pasó.
La Nación trató de conver sar con otros miembros de ese órgano de decisión, pero no fue posible contactarlos.