La CCSS y el marco jurídico que la cobija
Con respecto a lo publicado el martes 13 de agosto, bajo el título “CCSS continuará con pago de pluses contrarios a ley fiscal”, aclaro que las negociaciones que mantuvimos, de muy buena fe, durante casi 42 horas con la representación de los trabajadores de la institución, tuvo tres objetivos: devolverle al país la paz social, la paz laboral, pero, sobre todo, garantizarle a la población los derechos esenciales e inalienables a la vida y a la salud. Esos, no hay duda, son nuestros derroteros y la razón de ser de la institución.
La CCSS siempre ha sido, es y será respetuosa del marco jurídico en el cual se desenvuelve cotidianamente. En esa dirección, siempre ha actuado y actuará, y por eso jamás se apartará de ese marco jurídico que la cobija.
No es cierto que la CCSS continuará pagando los pluses contrarios a lo que señala la ley fiscal, como tituló La Nación, nada más alejado de la verdad. Cuando se publicó la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, el 4 de diciembre del 2018, la institución fue la primera en enviar una circular a sus trabajadores para informarles con detalle las nuevas reglas que empezarían a regir de acuerdo con el nuevo marco jurídico.
El acuerdo del 20 de febrero se tomó con base en el bloque de legalidad que había en ese momento: la Ley 9635 y su reglamento. El acuerdo suscrito fue diáfano: la fórmula de cálculo de las anualidades acumuladas por los trabajadores a la fecha de la publicación de la Ley 9635 se respetará y se continuarán reconociendo y remunerando de acuerdo con el porcentaje establecido para cada puesto de conformidad con los acuerdos de la Junta Directiva vigentes.
En ese acuerdo, también quedó explícito que las futuras anualidades que los trabajadores adquieran después de la entrada en vigor de dicha ley serán calculadas con un monto nominal, como lo estableció la nueva disposición legal.
La discusión sobrevino cuando el 22 de mayo, tres meses después de ese acuerdo, se publicó un nuevo decreto, contrario a lo que la CCSS había pactado con las agrupaciones sindicales, como lo ha sostenido y explicado reiteradamente nuestro presidente ejecutivo, Román Macaya.
Tan respetuosa ha sido la CCSS en aplicar la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas que a los trabajadores a los cuales se les consolidó el derecho de pensión después del 5 de diciembre del año pasado no se les ha pagado ni se les pagarán 20 años de cesantía ni 12, sino, de acuerdo con el nuevo marco jurídico, 8 años.
En relación con el impuesto al salario, sucedió lo mismo. Desde julio, la CCSS efectúa los rebajos establecidos en la citada ley y esta actuación la pueden confirmar cientos de trabajadores a quienes les han sido aplicados.
Sobre dedicación exclusiva y prohibición, se están respetando las nuevas disposiciones.
El proceso de lesividad que la CCSS planteará no es para que se aclare si los cambios en el pago de anualidades e incentivos plasmados en la ley rigen para la CCSS, sino para reiterar la vigencia de los derechos adquiridos y pluses antes de la entrada en vigor de la ley, pues el resto lo tenemos claro y estamos procediendo como en derecho corresponde.
El deseo de la CCSS no es acallar las voces de la crítica, sino aportar elementos que permitan la comprensión de las decisiones y las actuaciones institucionales a luz de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.