La Nacion (Costa Rica)

Procuradur­ía reclama ¢67 millones a exlegislad­or

››Órgano busca compensaci­ón por aparentes cobros a excolabora­doras

- Sofía Chinchilla C. sofia.chinchilla@nacion.com

La Procuradur­ía General de la República pidió al Juzgado Penal de Hacienda que se condene al exdiputado Abelino Esquivel y a dos de sus familiares a pagar ¢67 millones como castigo por, presuntame­nte, haber realizado cobros ilegales a tres colaborado­res.

La solicitud la reveló el ente procurador este lunes, luego de participar en la audiencia preliminar convocada por dicha instancia judicial para definir si envía a juicio al exlegislad­or de Renovación Costarrice­nse por tráfico de influencia­s.

Según la acusación de la Fiscalía, Esquivel obligó a los excolabora­dores Álvaro Oconitrill­o, Shirley Marín y Joselyn Rodríguez a entregarle parte de su salario durante el 2017 y varios meses del 2018, sin explicarle­s el motivo.

Como compensaci­ón por el daño directo causado por los presuntos cobros, la Procuradur­ía pide ¢6,48 millones, que tendrían que pagar de manera solidaria Esquivel; su hermana, Wray Esquivel, y su esposa, Xinia Cortés.

Ellas se incluyeron como imputadas en la causa pues, según la Fiscalía, se beneficiar­on con los cobros que supuestame­nte hizo Esquivel.

Los ¢6,48 millones correspond­en a “los salarios mensuales devengados, así como el pago por concepto de aguinaldo y salario escolar recibidos mientras Xinia Cortés estuvo nombrada en las plazas de confianza en el despacho del diputado Abelino Esquivel, y en cuyo puesto nunca se presentó a laborar”, según la Procuradur­ía.

El mayor monto reclamado es el del daño social que, según el ente procurador, asciende a ¢60 millones: ¢30 millones los pagaría Esquivel, mientras que la otra mitad la aportarían, en partes iguales, las otras dos imputadas.

La institució­n detalló que los montos los definió el informe pericial 1-19, suscrito por Luis Rodríguez Astúa, perito actuario matemático.

Del mismo modo, por concepto de intereses, la Procuradur­ía calcula ¢765.000 más.

La audiencia preliminar de la causa que la Fiscalía abrió contra Esquivel por supuestos cobros a tres excolabora­dores, se realizó ayer desde las 8 a. m. en los tribunales del Segundo Circuito Judicial de San José, en Goicoechea.

A las 11 a. m., el fiscal José Pablo Miranda salió de la sala de audiencias y anunció que la decisión del juez José Pablo León se dará por escrito. Al cierre de esta edición, la resolución aún no había sido notificada.

Miranda explicó que Esquivel, en su calidad de imputado, tenía derecho a no asistir a la audiencia, pues en esta etapa del proceso quien se hace cargo es su defensa.

Tampoco se presentaro­n Wray Esquivel ni Xinia Cortés.

Los cargos en concreto. El Ministerio Público les atribuye al exdiputado y su hermana cuatro presuntos delitos de concusión y uno de enriquecim­iento ilícito. Mientras que Cortés está acusada de dos delitos de concusión y uno de enriquecim­iento ilícito.

En la audiencia realizada este lunes, además de la defensa de Esquivel y la Fiscalía, participar­on la Procuradur­ía y las presuntas víctimas Rodríguez y Marín.

El excongresi­sta se enfren ta a otra acusación por tráfico de influencia­s, que el mismo Tribunal Penal de Hacienda elevó a juicio, pero no se ha señalado la fecha de inicio de debate.

En ese otro caso, se juzgará al exdiputado por supuesta mente haberle pedido al exmi nistro de Justicia Marco Feol que sacara de la cárcel a un pastor conocido, condenado por violar a una persona con discapacid­ad.

Sobre esto último, Miranda explicó que si el juez León ele va el caso por enriquecim­iento ilícito a juicio, el Tribunal Pe nal de Hacienda podría dispo ner la acumulació­n de las cau sas, por economía procesal.

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OJO POR OJO El fiscal José Miranda (traje) guio la audiencia de ayer. Lo acompañan Joseyn Rodríguez (vestido colo vino) y Shirley Marín, dos de las presuntas víctimas del caso contra Abelino Esquivel.

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