Cosevi y Seguridad buscan deshacerse de vehículos detenidos
››Proyecto de ley pretende acortar plazos para rematar o donar los autos
Los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico del Congreso acogieron, para trámite legislativo, una propuesta conjunta con la que el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) y el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) procuran deshacerse de casi 45.000 vehículos detenidos.
La iniciativa busca acortar los plazos de trámite para definir qué harán las autoridades con los automotores, como rematarlos o donarlos, con el fin de no mantenerlos en los patios del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y del MSP por más tiempo del necesario.
También hay vehículos acumulados en predios de la Municipalidad de San José.
En esencia, las modificaciones se realizarían en los artículos 155 y 156 de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial. Según los proponentes, la normativa actual establece un procedimiento que tarda cerca de un año.
Además, obliga a las autoridades a publicar los edictos de remate de vehículos en el diario oficial, La Gaceta, lo que encarece dicho proceso.
En cambio, el proyecto reduciría el plazo para deshacerse de los vehículos detenidos a tres meses y permitiría a las autoridades publicar los edictos en el sitio web del Cosevi.
De igual forma, dicha entidad ya no estaría obligada solo a rematar, donar o desechar el vehículo en cuestión. La reforma en manos de los diputados permite que el Consejo pueda disponer “para mejor resolver de los vehículos”.
Asimismo, la propuesta plantea que las entidades financieras cuyos vehículos posean algún gravamen (trámite prendario o justo título) tengan 10 días para reclamarlo y sacarlo de los almacenes. Vencido ese plazo, el Cosevi podrá decidir qué hacer con el bien.
Entre los 44.707 vehículos que las autoridades tienen en sus patios, hay 34.363 motocicletas y 5.426 carros en poder del Cosevi, mientras que el Ministerio de Seguridad tiene, en total, 5.098 vehículos, entre carros y motos.
Cada día, en promedio, se incautan cerca de 108 vehículos, entre los que decomisan Seguridad y el MOPT. El costo de mantener esos automotores en los predios institucionales significa para el Estado, según información aportada por esas dos entidades, alrededor de ¢1.091 millones por año.
Ese monto incluye mantenimiento de los patios, alquileres, seguridad y resguardo de los bienes.
Edwin Herrera, director del Cosevi, aseguró que ya para este año se han donado 3.600 vehículos detenidos por infracciones a la ley de tránsito, y hay otros 771 pendientes de desinscripción, para ser también donados.
Acotó que eso no es suficiente, porque en las municipalidades hay cerca de 600 detenidos, la mitad de los cuales no han podido sacar de esos patios.
En los últimos cinco años, se han logrado donar 18.000 vehículos, dijo Herrera. Sin embargo, eso no les ha permitido bajar la existencia en patios. “No tenemos espacio para detener los vehículos”, afirmó.
Por su parte, Michael Soto, ministro de Seguridad Pública, adujo que muchos delitos se cometen con motocicletas. Entonces, cuando se hacen operativos, la Policía detiene vehículos, a veces incluso por infracciones a la ley de tránsito.
“Por no tener registro o no estar a derecho, estos vehículos quedan en el MOPT, en municipalidades o en delegaciones de la Fuerza Pública”, dijo.
Soto añadió que el proyecto nació de la imposibilidad de estar decomisando automotores, porque no hay espacio en los planteles. Entonces, tomaron la decisión de promover una reforma legal, luego de analizar la situación en una comisión conjunta.
La iniciativa la acogieron Gustavo Viales, Jorge Fonseca y Roberto Thompson, del Partido Liberación Nacional (PLN); Enrique Sánchez y Carolina Hidalgo, del Partido Acción Ciudadana (PAC); Harllan Hoepelman y Marulin Azofeifa, del bloque independiente Nueva República, y Zoila Volio, del Partido Integración Nacional (PIN).