Policía migratorio preso por cobrar ¢80.000 por liberar a 8 extranjeros
Un oficial de la Policía Profesional de Migración fue detenido este martes por presuntamente cobrar ¢80.000 por liberar a ocho personas extranjeras, quienes habían sido detenidas poco tiempo antes debido a que permanecían en el país sin los documentos migratorios correspondientes.
La captura del imputado, de apellido Enríquez, la ejecutaron compañeros del mismo cuerpo policial, bajo la dirección funcional de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta).
Irregularidad. Este caso tiene su origen en el mes de enero de este año, cuando en un operativo que se realizó en la zona norte del país, se sorprendió a ocho personas extranjeras en condición migratoria irregular.
En aquel momento, la acción policial la ejecutaron Enríquez y otro agente de apellido Zúñiga. Este último fue separado del cargo, posteriormente, por otro asunto.
Los policías, en vez de trasladar a las personas a la oficina de la Dirección de Migración y Extranjería de Los Chiles, para oficializar la deportación hacia Nicaragua, los llevaron hasta Caño Negro, también en Los Chiles, donde los bajaron del vehículo oficial y les cobraron ¢10.000 a cada uno por dejarlos en libertad.
Los extranjeros desconocían el lugar en que los abandonaron, por lo cual debieron pasar la noche a la intemperie, en condiciones vulnerables. Al día siguiente, otros policías migratorios, mientras recorrían la región, encontraron a una de las víctimas, quien narró todo lo sucedido.
Esa persona fue llevada hasta la Fiscalía de Los Chiles, donde interpuso la denuncia y permitió que se abriera el proceso judicial.
“Todas aquellas acciones que atentan contra la seguridad nacional, y contra las funciones que por ley ejecuta la Policía de Migración, deben ser visibilizadas y detenidas.
”Trabajamos en contra de la corrupción interna con cero tolerancia”, manifestó Stephen Madden, director de ese cuerpo policial.
El oficial Enríquez y el exfuncionario Zúñiga, quien también fue capturado, fueron trasladados a los tribunales de Ciudad Quesada, donde quedaron a la orden de la Fiscalía anticorrupción.
A ellos se les atribuye el delito de concusión, que castiga con dos a ocho años de cárcel al funcionario público que, abusando de sus funciones, obligue a alguien a dar indebidamente, para sí o para un tercero, un bien o un beneficio patrimonial.