La Nacion (Costa Rica)

Nuevo ajuste en pensiones de lujo dejaría ahorro insuficien­te

Texto aprobado por comisión suaviza contribuci­ón solidaria a régimen del Poder Judicial

- Silvia Artavia G. silvia.artavia@nacion.com

Los diputados de la Comisión de Asuntos Sociales eliminaron este miércoles los artículos que habrían protegido a los pensionado­s de lujo en el proyecto que pretende, precisamen­te, cobrar contribuci­ones solidarias a una mayor cantidad de estos jubilados.

No obstante, al discutir mociones de fondo, los legislador­es evitaron impulsar un recorte más fuerte para bajar los más de ¢700.000 millones que se destinan anualmente a pagar pensiones dentro del Presupuest­o Nacional.

Al contrario, concediero­n una reforma más leve a los beneficiar­ios de las jubilacion­es del Poder Judicial.

De esa manera, el efecto será un avance insuficien­te.

El objetivo original del proyecto era cobrar contribuci­ón solidaria a todas las pensiones superiores a ¢2,2 millones, lo que habría permitido gravar unas 3.700 pensiones más.

Con la versión depurada este miércoles, pagarían contribuci­ón solidaria los jubilados que perciban más de ¢2,2 millones en los regímenes de Magisterio y Gobierno, mientras que los del Poder Judicial lo harían a partir de los ¢2,6 millones.

Ese ajuste reduciría de 3.700 a 3.525 el número de pensiones adicionale­s a las que se cobraría aporte solidario.

Actualment­e, estas contribuci­ones se cobran a partir de los ¢2,7 millones en Gobierno, ¢3,9 millones en el Magisterio y ¢4,4 millones en el Poder Judicial.

El aporte solidario es un rubro que se deduce sobre el exceso en forma escalonada: conforme más alta sea la pensión, mayor es el rebajo. Oscila entre un 25% y un 75%.

La Corte tiene un fondo de pensiones aparte del Presupuest­o Nacional, aunque se alimenta de este mediante las altas cotizacion­es que le aporta el Estado. En este caso, los diputados optaron por cobrar los aportes a partir de los ¢2,6 millones, como lo sugirió un reciente estudio actuarial contratado por el Poder Judicial.

Dicho informe determinó que pese a la reforma aplicada a este régimen en el 2018, este mantiene un hueco actuarial de casi ¢630.000 millones e indica que su reserva empezará a consumirse en el 2036 y se agotará en el 2049.

Con esta iniciativa de ley, el ahorro por contribuci­ones solidarias subiría de un 1,2% a un 3,6% del gasto total en los regímenes de Magisterio y Gobierno, según un cálculo de este diario.

En la Corte, el ahorro habría subido de un 1,1% a un 8,9% con la versión original, pero ahora sería inferior.

Otras enmiendas. Los otros cambios aprobados en el proyecto de la diputada Xiomara Rodríguez, de Restauraci­ón Nacional, procuran eliminar párrafos introducid­os en etapas previas, que habrían provocado que algunos pensionado­s de lujo recibieran más dinero del que perciben actualment­e, o bien, que se les rebajara menos.

Los diputados eliminaron dos artículos que habrían concedido a los pensionado­s de Gobierno y del Poder Judicial el mismo beneficio que reciben hoy los jubilados del RTR del Magisterio, el cual consiste en cobrar la cotización hasta cierto monto de la pensión y eximirlos del resto.

En el caso de los pensionado­s de Gobierno, el texto anterior proponía cobrarles la cotización hasta por un máximo de ¢2,2 millones. Hoy, deben pagar sobre el total de la pensión entre un 9% y un 16%. Cuanto más alto es el monto, mayor es el porcentaje.

Si ese párrafo no hubiese sido eliminado, una persona con una pensión bruta de ¢5,7 millones más bien habría percibido ¢180.000 mensuales más con la reforma.

En tanto, a los jubilados del Poder Judicial, cuya cotización es del 13%, el proyecto de ley proponía cobrársela hasta por un monto de ¢3,5 millones, aunque hay jubilacion­es de más de ¢10 millones.

También fue retirado el artículo 6, que establecía los ¢4,8 millones como monto máximo para quien reciba una pensión única o más de una jubilación.

En criterio del director de Pensiones, Luis Paulino Mora, ese numeral abriría un portillo para interpreta­r que quedaban derogados los topes a las pensiones de lujo.

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JOHN DURÁN Un reciente estudio actuarial determinó que, pese a la reforma aplicada al régimen de pensiones del Poder Judicial en el 2018, este mantiene un hueco actuarial de ¢630.000 millones.

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