Infocoop pagaría deuda laboral de cooperativa quebrada
››Usará ¢290 millones de su patrimonio; Atirro cerró en el 2018
La Comisión legislativa Especial de Cartago dictaminó un proyecto que obligaría al Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop) a pagar las prestaciones de 44 extrabajadores del ingenio azucarero Atirro, de Turrialba, luego de su quiebra.
El dictamen favorable fue respaldado por seis diputados de los partidos Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC), Restauración Nacional (PRN), Integración Nacional (PIN) y del bloque independiente Nueva República.
El texto, impulsado por Paola Valladares (PLN), ordena a ese instituto estatal desembolsar ¢290 millones para cancelar vacaciones, aguinaldo, horas extra, cesantía e intereses a los exempleados tras el cierre de operaciones del ingenio en el 2018.
Los legisladores alegan que los empleados quedaron en la “indefensión” al no tener certeza de quién asumirá las obligaciones, ya que su “patrono legítimo”, el Consorcio Agroatirro R.L, una cooperativa que fue financiada con recursos del Infocoop, entró en quiebra por problemas financieros.
Ese consorcio estaba integrado por las cooperativas
Coopeatirro R.L., Coopeazucareros R.L., Coopecañita R.L. y Coopehumo R.L., así como por el Infocoop. Los congresistas señalan ese vínculo asociativo del Instituto para atribuir responsabilidad del Estado.
De hecho, los empleados habían denunciado ante el Juzgado de Trabajo de Turrialba a los socios, incluido el Infocoop. El proceso se mantiene abierto.
Según el texto, el monto más bajo de una de las liquidaciones ronda los ¢834.000 y el más elevado, los ¢36 millones. Las restantes 42 oscilan en un rango de entre ¢1 milón y ¢11 millones.
Aunque el Infocoop afirma no ser patrono de los trabajadores y reconoce que el consorcio cooperativo quebró por mala gestión, está de acuerdo con que se le obligue a pagar las indemnizaciones mediante una ley.
Gustavo Fernández, director ejecutivo a.i. del Infocoop, explicó que el dinero saldría de los recursos ordinarios de la institución.
Añadió que si bien la Junta Interventora no puede reconocer que estas personas sean empleados de la institución, decidió respaldar el proyecto que les obligaría a pagar la indemnización por el problema social en que se encuentran los extrabajadores.
“La valoración es que nunca han sido empleados del Infocoop. Han sido empleados de una organización privada donde el Infocoop participaba.
“Sin embargo, por otro lado, vemos la tragedia social, el problema de que Turrialba está atravesando por una situación laboral difícil (...). A la luz de eso, creemos que un proyecto de ley que les permita a ellos recibir el pago justo por las horas trabajadas. Es lo que corresponde”, declaró.
Valladares recordó que el instituto estatal fue intervenido por el gobierno en febrero del 2017, por aparente mal manejo en el otorgamiento de los créditos, entre los cuales figura uno por más de ¢5.000 millones otorgado a Agroatirro.
El socialcristiano Pedro Muñoz afirma que la liquidación del ingenio fue propiciada por el Estado.