Procuraduría objeta proyecto de ley sobre pesca de arrastre
››Estudios técnicos de Incopesca son insuficientes, alegó en opinión jurídica
La Procuraduría General de la República (PGR) advirtió a los diputados de que el proyecto para revivir la pesca de camarón con la técnica de arrastre podría contener vicios de inconstitucionalidad.
El pronunciamiento lo emitió el abogado del Estado en la opinión jurídica OJ-1232019, el pasado 8 de octubre, ante una consulta del legislador del Partido Acción Ciudadana (PAC) Mario Castillo.
La iniciativa pretende revivir el otorgamiento de permisos a barcos semiindustriales para capturar camarón con fines comerciales, luego de que la Sala IV prohibió renovar y emitir nuevas licencias, en el 2013, por considerar que la técnica tradicional causa graves daños ambientales a causa de la gran cantidad de especies que atrapa, aparte del camarón.
La única excepción que hizo el alto tribunal para poder retomar esa técnica mediante un proyecto de ley, es que cuente con los estudios técnicos suficientes, de manera que se garantice la sostenibilidad de la actividad, y que demuestre que se reduce la captura incidental de otras especies.
Sin embargo, para la PGR, son insuficientes los estudios realizados por el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca), los cuales sirven de base para el proyecto.
Dichos estudios, según la procuradura Elizabeth León, no contemplan todas las variables que exigieron los magistrados, entre ellas el impacto social o socioeconómico de la actividad, sino que incluye solo una parte del efecto ambiental. En eso coinciden la academia y ambientalistas.
“El proyecto de ley propuesto podría contener vicios de inconstitucionalidad, en el tanto restablece la pesca de arrastre sin contar con un estudio técnico que haya evaluado, en su totalidad, el impacto ambiental que produce esta actividad”, indicó León.
La opinión señala que el mismo Incopesca se ha propuesto hacer otros estudios en los próximos dos años, por lo que se deduce que el sustento técnico aún es insuficiente.
Adicionalmente, dichos análisis se limitan a evaluar la técnica para dos especies específicas de camarón (fidel y pinky) en el Pacífico, mientras que el plan de ley pretende la pesca libre de todas las especies en el Pacífico y el Caribe, una región aún sin estudiar.
“En todo caso, aunque con base en los criterios técnicos que se emitan al respecto se constatara que el estudio, su metodología y resultados son técnica y científicamente correctos y que incluso abarca todos los aspectos necesarios para restablecer la pesca de arrastre en los términos exigidos, debe advertirse de que la regulación propuesta va más allá del ámbito objetivo cubierto por la investigación desarrollada”, sostiene la procuradora.
La PGR también se basó en el criterio negativo del Centro de Investigación en Ciencias del Mar (Cimar) , de la Universidad de Costa Rica, que coincide en que los estudios no respaldan la propuesta.
El Gobierno tampoco apoya el proyecto ni los estudios técnicos realizados hasta ahora por Incopesca, pese a que los pescadores han ejercido presión para que las autoridades atiendan las consecuencias económicas y sociales de suspender la actividad.
Actualmente, el plan se discute en la Comisión de Asuntos Agropecuarios y podría ser dictaminado a más tardar el 29 de octubre.
Esta opinión jurídica no es vinculante, por lo que los congresistas están en la potestad de continuar su discusión.
El presidente de ese foro, Mario Castillo, aseguró que el proyecto debe continuar para cumplir con la vía rápida que fue aprobada; además, dijo que, a estas alturas, no es posible hacer ningún cambio importante, pese a la contundencia del criterio del órgano procurador.
El diputado oficialista afirmó que no está de acuerdo con la técnica de arrastre, pero que se debe resolver la situación de los pescadores, siempre que no sea por esta vía.
En tanto, el diputado Melvin Núñez, representante del Partido Restauración Nacional por Puntarenas, indicó que la PGR está siendo “escueta a la hora de entender lo que la Sala pidió”. Pese al criterio, Núñez sostiene que el proyecto es más que viable, pero que si son necesarios más estudios, que no se detenga la actividad para hacerlos. El sacerdote Alonso Azofeifa Ulate, párroco en la iglesia San Rafael Arcángel, en Heredia, fue separado de su cargo este martes por dos presuntos delitos de abuso sexual contra persona mayor de edad, confirmó la Arquidiócesis de San José mediante su cuenta de Facebook.
“He informado al sacerdote Alonso Azofeifa Ulate sobre dos denuncias en su contra por infracción al sexto mandamiento (No cometerás actos impuros) con persona mayor de edad y otros hechos graves.
”Junto con el obispo auxiliar, monseñor Daniel Francisco Blanco, y en atención a la verdad y la justicia, decidí, mientras se realiza la investi gación canónica, remover a presbítero Azofeifa del oficio de párroco”, manifestó el arzo bispo José Rafael Quirós Qui rós, en Facebook.
El prelado agregó que “es tando en desarrollo el proceso de indagación, con el fin de asegurar el esclarecimiento de la verdad, la curia metropo litana no brindará más infor maciones”.
El sacerdote separado lle vaba dos años en San Rafae de Heredia y es capellán de la Fuerza Pública.
Luego de la separación de Azofeifa, de 58 años y oriundo de Santo Domingo de Heredia el arzobispo Quirós nombró como administrador parro quial a Marvin Danilo Benavi des Campos.