Pasados de la raya
La falta de confianza del sector productivo en el futuro de las finanzas públicas, en la reforma del Estado y en el cumplimiento de la regla fiscal es la causa de la desaceleración económica.
La reforma fiscal fue una solución de emergencia para contener el déficit fiscal y el excesivo endeudamiento público. Este año la economía crecerá entre un 1,5 % y un 1,7 % del producto interno bruto, pero si excluimos la manufactura y las exportaciones de las empresas en zonas francas, el crecimiento de la economía doméstica es nulo.
La calificadora Fitch Ratings le otorgó al país una calificación B+ con perspectiva negativa. Las ventas en el comercio no levantan, a pesar de descuentos y promociones.
Nuestra competitividad sigue decreciendo y todo indica que no lograremos mejorar a corto plazo. La mortalidad de las pymes supera el 80 % en los primeros tres años, debido a las onerosas cargas laborales, las caras tarifas de los servicios públicos, las decenas de trámites y las muchas cargas tributarias.
Los elevados costos internos y un tipo de cambio apreciado están causando un serio problema al sector productivo para competir en el mercado nacional y exportar.
La percepción es negativa para el 41 % de los hogares costarricenses y el 52,6 % de los empresarios. Prácticamente, el 80 % de los costarricenses está posponiendo inversiones hasta no tener un cuadro claro sobre el manejo de la Hacienda pública. El empleo informal sigue aumentando y ya alcanza al 46 % de la población activa.
Crédito. El crédito también resulta afectado, al pasar de un 2 % anual a setiembre del 2018 a -4 % en setiembre del 2019 en dólares. La demanda en colones bajó de un 5,5 % en setiembre del 2018 a un 4 % en setiembre del 2019. La morosidad de 1 a 90 días en los bancos estatales aumentó de un 5,3 % en junio del 2018 a un 8 % en junio del 2019. El endeudamiento familiar pasó de un 30 % en el 2012 a un 40 % en el 2018.
El saldo del crédito de nuestro sistema financiero en el 2018 fue de $38.000 millones, de los cuales el 39 % está en dólares y el 61 %, en colones; con el agravante de que solo el 11 % de los deudores son generadores de divisas.
La costosa intermediación y la falta de educación financieras han generado un preocupante endeudamiento de las familias y empresas. Los intereses en colones, en términos reales, son, en promedio, de un 15 % y en dólares, de un 10,7 %.
Pasamos de tener 1,3 millones de tarjetas de crédito en el 2010 a 2,7 millones en el 2018, y las deudas acumuladas alcanzaron ¢1,4 billones. La morosidad de los tarjetahabientes se duplicó en los últimos cuatro años.
Los empleados públicos cayeron en sobrendeudamiento por tener ingresos “asegurados” y trabajo fijo. Las cooperativas, asociaciones y otros intermediarios respaldaron sus créditos al poder retener en la fuente.
El gobierno pretende, por medio de un proyecto de ley, regular las retenciones por préstamos a los funcionarios, ya que unos 35.000 reciben menos del salario mínimo. Solo en el Ministerio de Educación Pública (MEP), el 60 % de los 84.000 educadores tienen comprometido el 50 % del salario.
Desgraciadamente, en lugar de ahorrar, existe una cultura de compra por impulso. Los intermediarios financieros ofrecen líneas de crédito a mediano y largo plazo en dólares, sin analizar los riesgos cambiarios y la capacidad de pago del solicitante.
A diciembre del 2018, las cooperativas habían otorgado préstamos para consumo por $3.983 millones; los bancos estatales, $2.460 millones; y los privados, $660 millones.
En cuanto al uso de tarjetas de crédito, en ese mismo periodo, la banca privada reportó un saldo de $1.892 millones; la estatal, $437 millones; y las cooperativas, $69 millones.
Ciclo económico. A lo largo de muchos años, el país creció con base en endeudamiento para financiar gastos ordinarios, sin medir las consecuencias. Lo mismo hicieron las familias, y ahora deben socarse la faja.
Los hogares se endeudaron a niveles muy superiores a la capacidad de pago, confiados en una economía en crecimiento y generadora de más y mejores empleos. Estamos hoy experimentando una contracción de la demanda interna y una demanda externa que no crece al ritmo necesario para salir rápidamente del ciclo de enfriamiento de la economía.
La reforma fiscal no va a solucionar todos los problemas. El déficit este año será de 5,8 % del PIB y no será hasta el año entrante cuando baje a 4,9 % del PIB. En 10 años, la deuda pública creció un 75 % para financiar el creciente gasto ordinario. Lo triste es que ese endeudamiento no fue para infraestructura.
Ahorro. Toda una generación creció sin dar la debida importancia al ahorro. Los bancos públicos y el Popular, así como la Sugef, deben ser más cuidadosos con las calificaciones de los deudores para evitar colocar en una situación más vulnerable al sistema financiero.
No se puede perder el respeto al endeudamiento. Hay que ser muy diligentes en el manejo de los récords crediticios.
Ordenemos las finanzas públicas y privadas y, así, creceremos con bases firmes. El sacrificio debe ser tanto en el gasto público como en el privado. No es tan sencillo arreglar el endeudamiento familiar, como tampoco lo será poner límite a los intereses por mora cobrados a los tarjetahabientes.
Si no se lleva a cabo un análisis cuidadoso, los bancos cerraran el crédito a miles de tarjetahabientes, y eso producirá un efecto en la liquidez, que al final generará un mercado informal creciente de prestamistas y más violencia.
Las tarjetas de crédito no fueron diseñadas para financiar bienes o servicios a corto o mediano plazo. Las tarjetas no hacen más rica la persona; es solo una forma de pago para no andar efectivo. Hay que pagar a tiempo para evitar cargos por mora y cobranza.
Al 2018, las cooperativas habían otorgado préstamos para consumo por $3.983 millones