Heridas por crimen de salonera persisten once años después
Papá de víctima culpa a justicia por asesinato
A 11 años del bestial asesinato de una joven madre, quien salía con su hermana y otra compañera de trabajar en el casino White House, en San Antonio de Escazú, el padre de ellas, Carlos Marín, insiste en que la justicia falló y sigue fallando.
El 29 de octubre del 2008, además de abusar de las tres mujeres, dos sujetos mataron a una de ellas, Yerlin Marín, y dispararon a las otras dos, quienes, sobrevivieron.
Arelis Marín y Angie Peraza lograron rehacer sus vidas. Ambas están casadas y sacan adelante a sus familias.
Los homicidas fueron condenados a 372 años de cárcel, casi un año después de los hechos, en la sala 12 de los Tribunales de Justicia.
El caso ocurrió cuando había mucha tensión en el país, porque le precedieron otros tres homicidios múltiples contra trabajadores y estudiantes.
No eran ajustes de cuentas por drogas o venganzas y se temía que los mismos delincuentes estuvieran cometiendo asesinatos en serie.
A algunas personas les robaban celulares, pero en otros casos las pertenencias aparecían intactas y la Policía estaba desconcertada, pues al parecer mataban por puro gusto y para abusar sexualmente de las mujeres.
Con la captura y sentencia de los dos asesinos, del caso conocido como White House, cesaron ese tipo de crímenes y ese modo de operar. Sin embargo, las muertes de otras seis personas quedaron impunes.
Según relata don Carlos Marín, el apoyo psicológico y el fuerte apego religioso ayudaron a su esposa, Iris Salazar, y a su hija Arelis a asimilar lo ocurrido.
Arelis ahora tiene 39 años, concluyó sus estudios y trabaja como enfermera. Es madre de dos adolescentes. El día del ataque ella recibió dos balazos, uno en el cuello y otro en la cadera izquierda.
Angie Peraza tiene 36 años. Ella recibió un disparo que le hizo perder la vista en el ojo derecho, así como parte de los sentidos del gusto y el olfato. Gracias a una operación le pudieron reconstruir su ojo. Tiene un negocio en la zona sur y es madre de dos hijas.
Ambas sobrevivieron porque sus captores las creyeron muertas.
Quien no sobrevivió fue Yerlin Marín, madre de un niño de seis años. Su cuerpo fue hallado en Escobal de San Antonio de Belén con tenía un disparo en la cabeza.
El arma del inglés. Las hermanas Marín vivieron siete años en Estados Unidos, donde aprendieron inglés. Cuando Arelis regresó al país andaba buscando trabajo, vio un anuncio y se fue al Hotel White House, donde la contrataron.
“La señora se enamoró de ella, la puso a buscar los uniformes de las muchachas. Era muy querida por los clientes y los empresarios. Cuando vino Yerlin, ella (Arelis) la metió al White House. Ambas le ayudaban con el idioma a las otras muchachas del casino, para las propinas”, recordó don Carlos.
Dijo que Arelis se caracteriza por ser muy servicial y en aquella época acostumbraba viajar al trabajo en su carro. A veces trasladaba a otras compañeras; por eso ese día Angie
iba con ellas.
Arelis tenía más de un año de trabajar en el casino y Yerlin unos ocho meses. Cuando los delincuentes las sorprendieron en el carro, en San Antonio de Escazú, y las obligaron a bajarse, no se percataron de que ellas dejaron en el Toyota sus pertenencias.
La única que bajó la cartera fue Yerlin. Ahí tenía una tarjeta con $100 que los tipos robaron para irse con ellas a un motel en Heredia, pero antes dejaron a Angie baleada en el camino.
Sin perdón. En una entrevista con La Nación, don Carlos Marín, taxista de oficio, y abuelo de tres menores, uno de Yerlin y dos de Arelis, reconoce que su familia es la que lo sosiega cada vez que tiene pensamientos de venganza contra quienes mataron a su hija.
Él no los perdona. “Uno no está para enterrar un hijo, es mentira que con el tiempo se olvida”, afirmó.
Dice que lo han llamado para pedirle dinero a cambio de matar a los asesinos, pero él afronta una situación económica difícil, pues no tiene pensión y sufrió una caída que lo obliga a usar bordón. Su taxi lo conduce principalmente otra persona, por lo que él apenas tiene ingresos para sobrellevar los gastos de la casa.
Marín cuestionó que personas sospechosas o con antecedentes anden libremente por la calle. Sostuvo que si las autoridades hubieran actuado a tiempo, su hija no estaría muerta.
“La justicia del país ha fallado al soltar antes de cumplir la sentencia a delincuentes que luego asaltan para comprar drogas”, dijo.
“Es culpa de quienes defienden los derechos humanos, pero no ponen los muertos. Por eso el país está en epidemia de homicidios”, indicó.
Con respecto a Cristian Mora, uno de los que mató a su hija, Marín dice que antes del crimen de Yerlin, un juez había escrito a la Fiscalía para que no lo dejaran libre, porque era muy peligroso, pero lo liberaron porque tenía arraigo domiciliar.
“No se puede liberar por arraigo a un tipo que haya disparado a una persona o la haya violado o asaltado; eso es inhumano”, agregó.
Todo hubiese cambiado. El fiscal general de entonces, Francisco Dall’ Anese Ruiz, dijo que “si se hubiera contado con la plataforma de información policial, a lo mejor la última víctima (Yerlin) estaría viva. Esas personas hubieran estado detenidas hace tiempo”, posición que coincide con la del padre de Yerlin.
Dall’ Anese hacía referencia a una plataforma de información policial que pudiera ser consultada, en tiempo real, por los cuerpos policiales.
Con ella, se habría podido revisar bases de datos y expedientes, a fin de conocer los antecedentes y relación con otros casos de sospechosos de diversos delitos, para evitar dejar libres a personas de alto potencial delictivo.
No obstante, esa plataforma se incluyó en la Ley Contra la Delincuencia Organizada (N.° 8754), que la Asamblea Legislativa aprobó nueve meses después de que se cometió el último de los asesinatos.
Sobre el caso del White House, recordó que dichosamente los sujetos dejaron muchos rastros y eso permitió resolver el caso rápido, gracias al trabajo del OIJ.
El actual ministro de Seguridad, Michael Soto, afirma que la plataforma de información policial, administrada por el OIJ, ha sido muy útil para la Policía de Control de Drogas (PCD) y Guardacostas, mientras que Francisco Dall’ Anese (ahora abogado penalista) dice que todavía falta sacarle mejor provecho.
Soto añade que muchos de los casos que resuelve el OIJ se deben a las correlaciones que genera esa plataforma y que también ayuda en casos de narco y de crimen organizado.
Mientras, el director de la Policía de Tránsito, German Marín, afirmó que ellos no alimentan la base de datos, pero sí la pueden consultar.
Fallas. “El problema es que no han querido hacerla bien. La plataforma que hizo el OIJ es de juguete. Las Policías siguen sin estar interconectadas, porque no tiene la robustez que prevé la ley y que serviría para prevención y represión de delitos”, indicó el exfiscal general Francisco Dall’ Anese.
Estima que si todas las Policías realizan sus trabajos e informes en una sola plantilla y toda la información llega a un solo servidor, con los poderosos sistemas de software existentes, se podrían establecer coincidencias y girar alertas.
Los analistas podrían tener así un mejor diagnóstico de las asociaciones criminales para combatir delitos como la legitimación de capitales y otros.
A manera de ejemplo, dijo que en estos momentos un fiscal o un oficial del OIJ pueden llamar a un testigo para tomarle una declaración, y resulta que en el escritorio de al lado, ese mismo testigo es imputado en otra causa, pero no hay forma de saberlo.
Ni siquiera se tiene una alerta para que cuando se digita el nombre y el número de cédula aparezca algo en la pantalla que diga que esa persona es buscada en algún tribunal.
“Mientras el proceso siga así, la Policía va a trabajar con las uñas, pues el secreto es reducir el tiempo de reacción frente a la criminalidad”, indicó Dall’ Anese.