Otros hallazgos
El estudio del ente contralor encontró que las municipalidades fiscalizadas tampoco disponen de un registro de asistencia efectivo, que permita verificar que los miembros del Concejo llegan a tiempo y permanezcan durante toda la duración de cada sesión. Para solventar la falencia, la CGR ordenó la implementación de un método tecnológico de control de asistencia al Concejo.
La inspección de la Contraloría identificó que entre el 2017 y el 2019, en varias ocasiones, las corporaciones de Cartago y Desamparados pagaron dietas por dos o más sesiones semanales del Concejo, pese a que el artículo 30 del Código Municipal establece que solo corresponde la cancelación de una reunión por semana.
Según el ente contralor, los pagos de más se hicieron como consecuencia de cambios efectuados por los ediles en las fechas de sus sesiones ordinarias de diciembre y de Semana Santa, con lo cual varias reuniones coincidieron en una misma semana.
La Contraloría se remitió a criterios propios y a otro de la Procuraduría General de la República, en los que se indica que por ley solo corresponde el pago de una sesión ordinaria a la semana. Y, si por algún motivo se realizan más convocatorias, las mismas no generan ninguna obligación de pago.
No obstante, en Cartago se cancelaron ¢10,3 millones por cuatro reuniones reprogramadas; mientras que Desamparados gastó ¢35,7 millones por el mismo motivo.