Cárceles en Honduras se tiñen de sangre con 36 reos fallecidos
››Actos se dieron entre el viernes y domingo pasado, en dos prisiones
TEGUCIGALPA. AFP. Al menos 36 pandilleros murieron el fin de semana en enfrentamientos “orquestados” en las cárceles de Honduras, sobre las que el Ejército y la Policía tratan de recuperar el control perdido tras una serie de asesinatos vinculados a las maras, las bandas criminales que abundan en el país.
El domingo por la tarde, 18 miembros de pandillas murieron en un enfrentamiento entre internos de la cárcel de El Porvenir, 60 kilómetros al norte de Tegucigalpa.
La reyerta, que dejó también 10 heridos, fue con “armas de fuego y armas cortopunzantes”, informó el portavoz de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina), el subteniente José Coello.
La noche del viernes, 18 presos murieron y 16 resultaron heridos en un tiroteo en el penal del caribeño puerto de Tela, a 200 kilómetros al noroeste de la capital.
Estas dos matanzas se producen pocos después de que el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, declarara el pasado 17 de diciembre “emergencia” en los 27 centros penales, que alojan a más de 21.000 reos, con el fin de dar el control de las cárceles a la Fusina, encabezada por militares y policías.
La Fusina anunció el despliegue de cerca de 1.200 militares y policías en 18 de los 27 penales clasificados como de “alto riesgo”.
Choque de maras. El presidente hondureño tomó esta decisión después de que el 14 de diciembre asesinaran a cinco miembros de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13) en la cárcel de máxima seguridad de La Tolva, a unos 40 km al este de la capital.
En la víspera, fue acribillado a tiros el director de la principal cárcel de máxima seguridad de El Pozo I, en Santa Bárbara (oeste), Pedro Ildefonso Armas.
El funcionario estaba suspendido del cargo para ser investigado por haber presenciado cómo unos reos mataban el pasado 26 de octubre a Magdaleno Meza, el que fuera socio del exdiputado Juan Antonio “Tony” Hernández.
Tony Hernández, hermano del presidente Juan Orlando Hernández, fue condenado por cuatro delitos de narcotráfico en una corte de Nueva York.
La justicia estadounidense condenó a Hernández en base a unas libretas encontradas a Meza con registros de tráfico de cargamentos de cocaína.
En declaraciones a la AFP, el abogado de Meza, Carlos Chajtur, acusó públicamente al gobierno de haber mandado matar a su cliente en represalia por haber colaborado con la justicia estadounidense en el juicio contra Hernández.
Los jefes militares y policías aseguraron que la ola de violencia dentro de las prisiones “son una escalada del mundo criminal para tratar de evitar que Fusina (...) imponga los controles necesarios en los centros penales del país”.
Este grupo fue creado por el presidente inmediatamente después de tomar el poder, en 2014, para enfrentar la criminalidad de los narcotraficantes y pandilleros.
También el presidente buscó terminar con los conflictos en las cárceles con la construcción de tres nuevos centros, El Pozo I, La Tolva y El Provenir.
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas de los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) dijo observar “con alarma la violencia dentro de los centros penitenciarios” e instó al Estado “a garantizar la vida y respeto de los derechos humanos a los privados de libertad y proceder a una investigación pronta, eficaz y transparente”.
Por su parte, el viceministro de Seguridad, Luis Suazo, argumentó que los “ataques sistemáticos orquestados y bien planificados del crimen organizado son para exponer a Honduras a nivel internacional y llamar la atención de organizaciones de derechos humanos”.
Aseveró que los incidentes de Tela y El Provenir fueron ordenados por “los peores criminales que tienen capacidad para pagar cantidades millonarias a quienes les ayuden a ejecutar sus fechorías”.
Las cárceles, catalogadas como “academias del crimen” dejaron otras tragedias más graves, como la muerte en un incendio de 362 presos en febrero del 2012.