Atraso tecnológico en el MEP
El MEP lleva ‘a mano’ delicados datos de su nómina y registros de estudiantes.
El MEP, con ¢2,6 billones de presupuesto y una planilla de 86.000 funcionarios, lleva ‘a mano’ delicados datos de su nómina y registros de estudiantes
El Ministerio de Educación Pública (MEP) es la entidad estatal con la cantidad más grande de servidores y esa circunstancia se refleja en su cuantioso presupuesto. Tanto la abundancia de recursos humanos dedicados a las labores educativas como el costo del esfuerzo son buenos motivos para mantener una constante disposición a adoptar las mejores prácticas administrativas. Sin embargo, la Contraloría General de la República encontró acumulación de deficiencias en la institución, como la falta de control y de procedimientos formales, automatizados, para seleccionar beneficiarios de los programas de alimentación, nutrición y transporte de estudiantes.
Si el MEP no puede incorporar en su gestión cotidiana las tecnologías de información y comunicaciones (TIC), menos conseguirá capacitar a los 850.000 alumnos a su cargo
También detectó la persistencia de problemas en el control de matrícula, al punto que algunos directores la inflan para hacerse acreedores a remuneraciones más pródigas. Aparte del gasto injustificado, la práctica introduce imprecisión en las estadísticas educativas oficiales.
El MEP, con ¢2,6 billones de presupuesto y una planilla de 86.000 funcionarios, lleva “a mano” delicados datos de su nómina y registros de estudiantes. La carencia de digitalización, la dispersión de información y el desorden ocurren pese a los 138 funcionarios y 3.300 millones disponibles para la Dirección de Informática. A falta de sistemas adecuados, la institución paga a educadores fallecidos, en ocasiones desconoce si un alumno ganó el curso y produce datos estadísticos poco confiables, aunque necesarios para las decisiones de política pública.
El desorden se extiende a otros ámbitos de la administración, como el desarrollo de infraestructura y, recientemente, la compra de terrenos inútiles para los propósitos institucionales, como la construcción de la escuela de Tucurrique y el colegio de Copey de Dota. Los problemas se hicieron evidentes en otros programas de edificación, pagados con financiamiento externo, pero decepcionantes en logros. El desorden fomenta la corrupción y la Fiscalía tiene abiertas investigaciones contra funcionarios que pudieron haber incurrido en enriquecimiento ilícito.
Por otra parte, los resultados de las pruebas del Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes (más conocido por sus siglas en inglés, PISA) muestran retrocesos injustificados en Costa Rica. Esas pruebas constituyen uno de los principales indicadores de los logros educativos nacionales y revelan mucho sobre las medidas correctivas necesarias para mejorar.
Es inconcebible que un ministerio tan complejo y estratégico lleve “a mano” gran cantidad de registros fundamentales. El año pasado, cuando muchos docentes se fueron a huelga durante tres meses, hubo necesidad de recurrir, desesperadamente, a los padres de familia para recuperar notas de los estudiantes.
Urge capacitación y equipamiento en el MEP para que los funcionarios puedan administrar, de conformidad con los estándares del siglo XXI, la información de planillas, estudiantes, contenido y calidad. También es urgente motivar a los jerarcas institucionales a adoptar las medidas necesarias para someter a evaluación formal el desempeño de escuelas, colegios, directores y jefes de departamento.
Si el MEP no puede incorporar en su gestión cotidiana las tecnologías de información y comunicaciones (TIC), menos le será posible capacitar a los 850.000 alumnos a su cargo. Es indispensable entrenar a los capacitadores. La guía especializada de funcionarios del Ministerio de Planificación y Política Económica es clave, pues se trata de problemas muy concretos, necesitados de soluciones también concretas.
Las deficiencias detectadas afectan a muchos jóvenes que, eventualmente, dirigirán los destinos del país desde puestos en el sector privado o en el público. Si Costa Rica dedica por mandato constitucional un 8 % del producto interno bruto (PIB) al financiamiento de la educación pública, la ciudadanía que lo hace posible con sus impuestos tiene todo el derecho a pedir cuentas al MEP sobre la calidad de los resultados.