Se embriagó la Fanal
La Fábrica Nacional de Licores parece haber excedido el consumo de bebidas espirituosas. Hace tiempo no genera utilidades, acumula deudas y no se acuerda cuánto debe.
La Fábrica Nacional de Licores (Fanal) parece haber excedido el consumo de bebidas espirituosas. Hace tiempo no genera utilidades, acumula deudas y ya no se acuerda cuánto debe. Es una empresa totalmente atípica. A estas alturas, es difícil concebir la ventaja para el Estado de ser dueño de una fábrica de licores. Tuvo un producto “estrella”, el guaro Cacique, y cuando sus ventas se vinieron al suelo también se desplomaron los resultados financieros, nunca impresionantes si se considera el monopolio disfrutado a lo largo de muchos años.
A mediados del 2018, en entrevista concedida a este medio, Rogis Bermúdez, presidente del Consejo Nacional de Producción (CNP), del cual la Fanal es hija, defendió la necesidad de diversificarla. “Si no nos transformamos, desaparecemos”, aseveró. Eso afectaría al CNP, otra empresa estatal que tampoco tiene razón de ser, pues la Fanal es su “principal soporte” para el pago de planillas.
Fanal, que tiene unos 170 empleados y ventas anuales cercanas a los ¢25.000 millones, cerró el 2018 con pérdidas de ¢3.998 millones, superiores casi en un 30 % a las experimentadas en el 2017. Y es posible que las pérdidas efectivamente incurridas sean superiores, pues la empresa acumula deudas no registradas en su contabilidad. Según el jerarca del CNP, el desorden financiero se inició en el 2002 —hace dieciocho años— cuando la Fanal dejó de pagar impuestos por razones que dijo desconocer. Buena parte de las obligaciones no atendidas fueron creadas por ley y los acreedores son otras entidades públicas, como el Instituto de Desarrollo Rural (Inder) y el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM).
Lo peor es que el Estado —mejor dicho, los contribuyentes— continúa inyectando dinero bueno a empresas malas, como el CNP y la Fanal, y tratando de asignarles nuevas funciones, supuestamente modernas y rentables, a entidades que en lo básico no han dado la talla, cuando lo mejor sería venderlas, cuanto antes, al mejor postor. Pero la venta de la Fanal no figura entre los escenarios analizados por el presidente del CNP ni ha figurado en la agenda posterior al 2002 cuando, según dice, comenzó el desorden financiero.
El interés general se ve afectado, una vez más en este caso, por el de pequeños grupos de empleados de las empresas estatales y proveedores de bienes poco competitivos, como los productos agrícolas vendidos por el CNP a escuelas públicas a precios superiores a los del mercado. Mientras tanto, los llamados a tutelar el interés colectivo —diputados y Poder Ejecutivo— hacen poco al respecto.
El CNP y la Fanal, junto con Recope, Japdeva y otras empresas estatales, constituyen ejemplos vivos de uno de los más grandes males del sector público: es muchísimo más fácil crear una empresa que cerrarla, aun cuando sea incapaz de cumplir a cabalidad los fines para los cuales fue creada. En el caso de la Fanal, además, tampoco se hace evidente la importancia social de los fines.
De momento, el presidente, Carlos Alvarado, ordenó crear una comisión institucional para definir cuánto y a quién debe la Fábrica Nacional de Licores. Ese mandato no debería trascender nuestras fronteras, pues sería una pena.
Cuando los jerarcas del CNP y la Fanal logren identificar el monto real de las deudas y hagan proyecciones realistas de los resultados financieros esperados para los próximos tres o cuatro años, deberían incluir un capítulo introductorio con la historia de una y otra entidad, con énfasis en el propósito de su creación y lo sucedido al final. Una síntesis del capítulo podría servir como caso de estudio en las escuelas de Administración Pública, Economía y Administración de Negocios. Tal vez así los futuros servidores públicos se convenzan de lo que procede hacer y lo que debe ser evitado.