Cruzados de brazos
¿Intervenir el Patronato Nacional de la Infancia (PANI)? Obvio. El gobierno ha tardado demasiado en poner orden allí. Lo más urgente es invertir el enorme superávit de esa entidad (unos ¢18.000 millones, dicen los diputados) en más personal, vehículos, tecnología y oficinas, y, lo segundo, exigir más compromiso a los 1.300 funcionarios para que dejen café y silla, y salgan a la calle a velar por la protección de miles de niños en riesgo. Aclaro, no son todos. Hay muchos profesionales con vocación, pero su silencio y omisión ante la evidente negligencia de los otros es la que causa el descrédito de la institución.
La transformación del PANI debe ser práctica y, en ello, la mano dura de la Casa Presidencial se hace necesaria, pero la de los diputados también. Se necesita una mancuerna. El Ejecutivo debe asegurar la inversión y el uso eficiente de tantísimo dinero acumulado, y renovar mandos obsoletos y lograr que el PANI trabaje y cumpla. Los diputados deben aprobar pronto legislación para que la operación del Patronato sea más flexible. Una de las más necesarias es el proyecto propuesto por la ex presidenta ejecutiva Patricia Vega para el despido inmediato del funcionario negligente. Hoy, es imposible romper un contrato porque sindicalistas y burocracia se unen para sostenerlo de por vida. Solo si un niño es asesinado, la posibilidad del despido tiene cabida.
No. Así no se puede. Hablamos de vidas. De seres humanos. Si un profesional acepta trabajar en un área tan sensible como la violencia infantil, tiene derechos y también deberes. En el PANI, está clarísimo que los derechos se anteponen a los deberes y, por estar hablando de vidas, quien no sirve, debe estar fuera de la entidad. Lamentablemente, han muerto varios chiquitos porque en el PANI se cruzaron de brazos y, en ello, gobierno y diputados no pueden ser cómplices por más tiempo porque las cifras lo dicen: a diario, el Patronato recibe 47 denuncias, en promedio, de niños que necesitan atención urgente (máximo en las próximas 48 horas). Lo publicamos en La Nación: de 17.000 denuncias el año pasado de carácter urgente, 2.000 quedaron sin atender.
El momento de dar un giro al PANI llegó porque la violencia en los hogares está desbordada y el número de niños asesinados crece a vista y paciencia del país.