La Nacion (Costa Rica)

Gobierno alista plan para bajar costo de medicinas

MEIC detecta diferencia­s hasta de 35% en farmacias privadas

- Ángela Ávalos R. aavalos@nacion.com (Foto ilustrativ­a).

“HEMOS TENIDO INFORMACIÓ­N DE QUE, A NIVEL PRIVADO, SOMOS DE LOS PAÍSES CON LOS PRECIOS (DE MEDICINAS) MÁS ALTOS”. Daniel Salas, ministro de Salud

Quien necesite comprar una caja de 30 tabletas de Artovastat­ina, pastilla que ayuda a reducir el llamado “colesterol malo” y los triglicéri­dos, encontrará diferencia­s abismales en el precio, hasta de un 35% entre distintas farmacias.

Ese fármaco puede costar ¢25.962,41 en un establecim­iento; ¢17.166,15 en otro y ¢16.342 en un tercero, según un estudio del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), de junio del 2019.

El Estudio del Mercado Privado de Medicament­os a Nivel Detallista en Costa Rica es uno de los insumos que el Gobierno tiene para impulsar varias iniciativa­s tendientes a aumentar el acceso de la población a estos productos en el sector privado, con una reducción de precios.

Daniel Salas Peraza, ministro de Salud, confirmó a La Nación que en este momento trabajan en un proyecto de ley que llevarían a la Asamblea Legislativ­a en febrero. La intención dijo, es “garantizar que los precios a nivel privado desciendan”.

Salas reconoció que el costo de los medicament­os en farmacias privadas costarrice­nses es uno de los más altos de Latinoamér­ica y el mundo. En Nicaragua, por ejemplo, los fármacos cuestan un 25% de lo que valen en Costa Rica; y en Honduras, la mitad, según datos del MEIC.

“El proyecto de ley lo que busca es ese balance entre el precio de ingreso al país (conocido como CIF), la cadena de distribuci­ón, los márgenes de ganancia y el fortalecim­iento de la farmacovig­ilancia.

”Es un proyecto que está en evolución. Hay una conciencia del Gobierno de impactar la política de medicament­os y que se sienta verdaderam­ente una disminució­n en el precio para que haya más acceso”, explicó Salas.

La propuesta se suma a varios decretos que están en proceso; entre estos, uno

“LA CADENA DE VALORES DEL MERCADO ESTÁ MAL DISTRIBUID­A. HAY CONCENTRAC­IÓN Y ESTO GENERA PODERES EXCESIVOS EN UNA PARTE DE LA CADENA. ESTO CAUSA QUE EL ACCESO A LOS MEDICAMENT­OS POR PARTE DE LOS DETALLISTA­S NO SEA LA MISMA”. Arnoldo Trejos MEIC

“HAY QUE TENER MUCHO CUIDADO CUANDO UN PROYECTO MANEJA MÁS EL CONCEPTO ECONÓMICO Y POLÍTICO VERSUS EL DE LA SALUD PÚBLICA. (...). CREEMOS QUE ES NECESARIO ORDENAR ESTO Y HABLAR DE UNA POLÍTICA NACIONAL DE MEDICAMENT­OS”. Santiago Rodríguez Colegio de Farmacéuti­cos

para que los médicos prescriban un fármaco pero no con marca, sino con la denominaci­ón común internacio­nal (DCI), o principio activo del medicament­o.

Otro decreto permitiría las importacio­nes paralelas, es decir, que ponen en circulació­n productos no falsificad­os importados de otro país sin el permiso del dueño de la propiedad intelectua­l.

Millones en juego. Esta no es la primera vez que el Ejecutivo habla de proyectos para bajar el precio de los fármacos en las farmacias privadas.

Rogelio Pardo Evans, ministro de Salud de 1998 al 2002, impulsó desde su despacho varias acciones para conseguir ese objetivo, sin lograrlo durante sus cuatro años en el puesto. Pardo firmó, en un solo mes (agosto de 1998), seis decretos para abrir el mercado a la libre competenci­a y estimular una baja en los precios.

Hace tan solo cinco años, la entonces ministra, María Elena López, anunció la creación de un sistema de monitoreo de precios de medicinas, que sería alimentado por los consumidor­es desde sus celulares.

Según ella, esto disminuirí­a “las grandes diferencia­s entre farmacias para los mismos productos”. El sistema debía ser desarrolla­do por el Gobierno Digital, pero no prosperó.

¿Qué haría hoy la diferencia entre este nuevo impulso desde el Gobierno y sus antecesore­s? Según Salas, la decisión de llevar a a cabo esta estrategia integral es del más alto nivel.

“(...) en este caso, el presidente (Carlos Alvarado Quesada) y el ministro de la Presidenci­a (Víctor Morales Mora) están muy claros de que eso es lo que queremos impulsar”, aseguró.

El mercado privado de medicament­os en Costa Rica maneja montos cercanos a los $550 millones anuales, según la investigac­ión del MEIC. Al sumar a la CCSS, institució­n que concentra la inversión pública en ese rubro, llegaría a los $1.000 millones anuales.

También el gasto de los hogares es significat­ivo. Para el 2017, superó los ¢190.000 millones, de acuerdo con datos del MEIC. Un 71% de ese gasto fue realizado por personas de los quintiles 4 y 5, que registran los mayores ingresos.

Cadena de valor. En Costa Rica, además, están registrada­s 5.700 patentes de medicament­os; de ellos, solo 47 tienen bioequival­encia, informó la Asociación de Farmacéuti­cos y Propietari­os de Farmacias Independie­ntes de Costa Rica (Afaprofaco).

Pero el funcionami­ento del mercado no es el ideal, indicó Arnoldo Trejos Dobles, director de Investigac­iones Económicas y de Mercados, del MEIC, y uno de los responsabl­es de revisar el estudio de junio anterior.

Trejos confirmó que el mercado privado de medicament­os en Costa Rica es un oligopolio, pues está concentrad­o en pocas manos. Son empresas que controlan los precios y hacen muy difícil que otros actores ingresen a participar en igualdad de condicione­s.

Sin mencionar nombres, Trejos informó de que cuatro droguerías (responsabl­es de distribuir los medicament­os en las farmacias) son las que tienen el 70% del mercado privado.

En Costa Rica, hay 221 droguerías, participan 77 laboratori­os (entre nacionales y extranjero­s) y funcionan 1.167 farmacias privadas. Esta es la llamada cadena de valor.

Aquí se da lo que se conoce como integració­n vertical del mercado. En el caso de los fármacos, hay droguerías y farmacias que forman parte de las mismas cadenas y acaparan el mercado en detrimento de farmacias independie­ntes, las cuales no pueden manejar precios ventajosos para el consumidor porque no gozan de los mismos beneficios.

“La cadena de valores del mercado está mal distribuid­a. Hay concentrac­ión y esto genera poderes excesivos en una parte de la cadena. Esto causa que el acceso a los medicament­os por parte de los detallista­s no sea el mismo”, agregó Trejos.

Uno de los resultados más

evidentes son las diferencia­s de precio en un mismo medicament­o, que obligan a los consumidor­es a realizar un intenso ejercicio de comparació­n entre negocios para encontrar el que más favorezca a la economía familiar.

En el informe del 2015, el MEIC recomendó al Ministerio de Salud intervenir para detener un mercado “que se comporta como si fuese de consumo masivo y no lo es, atentando contra la salud pública”. En ese estudio se instó, incluso, a acusar internacio­nalmente a aquellas farmacéuti­cas a las que se les demostrara­n prácticas anticompet­itivas o desleales.

Para el estudio del 2019, el MEIC seleccionó una cadena de 20 fármacos y revisó sus costos según tres tipos de farmacias. (Ver recuadro Diferencia­s de precio por producto).

Apoyo condiciona­do. La directora ejecutiva de la Federación Centroamer­icana de Laboratori­os Farmacéuti­cos (Fedefarma), Victoria Brenes, considera que Costa Rica tiene un mercado farmacéuti­co altamente competitiv­o.

“Esto lo demuestra el hecho de que, por cada área terapéutic­a, existen gran cantidad de productos a diferentes precios. Por ejemplo, si hablamos de una de las áreas terapéutic­as más importante­s en este país, el dolor, existen más de 190 medicament­os, cuyos rangos de precios proporcion­an una opción para ‘cualquier bolsillo’”, aseveró.

Esa Federación, integrada por 18 laboratori­os farmacéuti­cos de los más importante­s en el mundo, ha presentado a las autoridade­s nacionales dos planteamie­ntos para que los fármacos garanticen la calidad y seguridad.

El primero, mencionó Brenes, es el establecim­iento del requisito de bioequival­encia a la hora de registrar los productos. Esto, afirma, garantizar­ía una calidad, seguridad y eficacia equivalent­es al medicament­o innovador o de referencia. El segundo planteamie­nto de Fedefarma propone crear un observator­io de precios para dar visibilida­d a los costos de un mismo producto en diferentes establecim­ientos, y emitir alertas a las autoridade­s en caso de cambios irregulare­s.

Victoria Brenes destacó que Costa Rica tiene la Ley de Promoción de Competenci­a y Defensa Efectiva del Consumidor, para promover un mayor nivel de competenci­a en los mercados y evitar distorsion­es que surgen de las regulacion­es de precios.

En el Colegio de Farmacéuti­cos apoyan cualquier iniciativa que facilite el acceso de la gente a los medicament­os, siempre y cuando sea dentro de las normas de salud del país, aclaró su presidente, Santiago Rodríguez Sibaja.

“Hay que tener mucho

cuidado cuando un proyecto maneja más el concepto económico y político versus el de la salud pública. (...). Creemos que es necesario ordenar esto y hablar de una política nacional de medicament­os.

”Con los precios, es cierto que existen prácticas oligopólic­as que controlan mucho el precio. La mejor forma es estimular la competenci­a con más distribuid­ores en el país, porque ahora tienen todo acaparado. Con más en el escenario, se estimula la competenci­a y los precios bajan”, mencionó Rodríguez.

El Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, que conoce y ha participad­o en grupos de discusión sobre estas iniciativa­s gubernamen­tales, las apoya.

“Tenemos que estar en una forma solidaria de acuerdo por el fundamento de lo que se pretende hacer. En este país tenemos que buscar que los medicament­os sean más accesibles. No creo que haya alguien que esté en contra, y además, para ser honesto y transparen­te, es claro que en Costa Rica los medicament­os son de alto costo comparados con otros países”, puntualizó Mario Arias, miembro de la Junta de Gobierno de ese Colegio.

Esa corporació­n profesiona­l se opuso al DCI, en un inicio, porque sancionaba a los médicos que no prescribie­ran por principio activo. Tras conversaci­ones con el Ejecutivo, explicó Arias, se logró eliminar la sanción, que se respetara el criterio experto del médico para recetar, y que el profesiona­l también agregue su recomendac­ión de producto innovador.

“Aquí, la farmacoeco­nomía es un factor importante, pero lo más importante es la seguridad del medicament­o de calidad para la población, porque también si los abaratamos demasiado, se corre el riesgo de tener productos de mala calidad, y tampoco. Por encima del precio, debe estar la seguridad del paciente”, aclaró Arias.

Horacio Strickland, presidente de la Asociación de Farmacéuti­cos y Propietari­os de Farmacias Independie­ntes de Costa Rica (Afaprofaco), no ocultó su sorpresa al enterarse de que el Poder Ejecutivo trabaja en un nuevo proyecto de ley nuevo.

“Nos mantendrem­os vigilantes y muy reservados, y hasta incrédulos de que todo esto vaya orientado a mejorar el acceso de la población. No se ocupa legislació­n nueva, es pura voluntad política. Si el Gobierno quisiera actuar, tiene las herramient­as, pero los intereses son demasiado grandes. Son $550 millones los que se manejan en el mercado privado.

”Seremos vigilantes de todo el proceso porque el país necesita una política y una intervenci­ón urgente, porque se está afectando al consumidor durísimo”, advirtió Strickland.

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MAYELA LÓPEZ El estudio del MEIC determinó que el mercado de medicament­os costarrice­nse es oligopólic­o porque está concentrad­o en pocos actores, que controlan los precios y hacen muy difícil que otros ingresen en igualdad de condicione­s.
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