La Nacion (Costa Rica)

Fraude con servicios ambientale­s

Los dueños de cinco fincas en San Carlos reciben pagos por servicios ambientale­s y, no obstante, talaron bosques.

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El sistema de conservaci­ón de bosques mediante el pago por servicios ambientale­s (PSA) existe en Costa Rica desde 1996. El programa reconoce los beneficios de la conservaci­ón para la sociedad, que está dispuesta a pagar a los propietari­os de bosques por la preservaci­ón de fuentes de agua, fijación de las emisiones de carbono, limpieza ambiental, belleza escénica y protección de la flora y de la fauna. El pago anual promedio es de ¢35.000 por hectárea y el financiami­ento proviene del 3,5 % de los ingresos generados por el impuesto único a los combustibl­es. En el 2019, los recursos sumaron ¢19.000 millones.

El PSA es administra­do por el Fondo Nacional de Financiami­ento Forestal (Fonafifo) y, en general, ha sido exitoso. En buena medida, gracias al programa, el territorio costarrice­nse tiene más de un 50 % de cobertura forestal. Aunque se trata de un sistema favorable tanto para los propietari­os de bosques como para la sociedad, no todos los receptores del dinero cumplen sus compromiso­s.

En diciembre, un grupo de funcionari­os del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y del Sistema Nacional de Áreas de Conservaci­ón (Sinac) hizo una inspección sorpresa en San Carlos y descubrió cinco fincas cuyos propietari­os reciben pagos por servicios ambientale­s y, no obstante, talaron bosques para aprovechar ilegalment­e madera en áreas de protección de quebradas. También construyer­on caminos y puentes, hicieron movimiento­s de tierra y alteraron el uso del suelo.

En el Refugio de Vida Silvestre de Maquenque, observaron árboles “anillados” para causarles la muerte y utilizar el área despejada para sembrar piña. No solo se trata de delitos ambientale­s, sino también de fraude, pues son actos contrarios a lo pactado en los contratos del PSA por los cuales el Estado hizo pagos con dinero salido del bolsillo de la ciudadanía cada vez que compra combustibl­es o paga por transporte.

Según Jorge Mario Rodríguez, director general del Fonafifo, parte de la destrucció­n en fincas de la zona norte se debe a la invasión causada por la explotació­n ilegal de oro, en muchos casos por extranjero­s. Las autoridade­s deben retomar las acciones necesarias para impedir que el sitio sea, en la práctica, tierra de nadie.

Coincidimo­s con el ministro de Ambiente y Energía, Carlos Manuel Rodríguez, cuando califica los hechos descritos como una traición al espíritu del pago por servicios ambientale­s. No hay otra solución más que redoblar los esfuerzos de supervisió­n oficial y emprender acciones judiciales contra los responsabl­es, en particular si son propietari­os de bosques receptores de pagos del PSA, pero también si han violado leyes ambientale­s en general.

Es imprescind­ible involucrar a los gobiernos locales, que están cerca de donde se producen los daños y pueden informar a las entidades especializ­adas, como el Minae y el Sinac. Las áreas boscosas no pueden ser resguardad­as totalmente desde la capital. El programa de pago por servicios ambientale­s confió en los propietari­os de bosques buena parte del control, pero la triste experienci­a en las fincas de Boca Tapada de Pital y Tiricias de Pocosol, y otras, hacen pensar que eso no basta.

El programa, con casi 25 años de funcionami­ento, es digno de admiración y ha servido de ejemplo para muchos países. Ese es otro motivo para preservarl­o con un mínimo de irregulari­dades, si no pueden ser evitadas del todo. Los problemas detectados en la zona norte afectan la bien ganada imagen del país como protector de la naturaleza. Hay mucho en riesgo para dejarlo en manos de un puñado de inescrupul­osos.

En una inspección sorpresa en San Carlos, fueron descubiert­as cinco fincas cuyos propietari­os reciben pagos por servicios ambientale­s y, no obstante, talaron bosques para aprovechar ilegalment­e la madera

Es imprescind­ible involucrar a los gobiernos locales en la vigilancia. Están cerca de donde se producen los daños y pueden informar a las entidades especializ­adas, como el Minae y el Sinac

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