La Nacion (Costa Rica)

Diez mil toneladas

- Armando Mayorga JEFE DE REDACCIÓN DE LA NACIÓN amayorga@nacion.com

La cifra habla por sí sola. Mejor dicho: grita, llora... En la frialdad de esos cinco dígitos, se refleja pobreza, desacelera­ción económica, alto desempleo y decisiones extremas a las que llegan miles de hogares que sí deben ahorrar cincos y olvidarse de “gustitos”. Son 10.000 toneladas. Esa es la carga de ropa usada que importó Costa Rica en el 2019 desde EE. UU. y Canadá, y costó $6,1 millones.

En la calle, ese cargamento se convierte en oro. Según cálculos de El Financiero, solo en el 2012 los comerciant­es tuvieron ingresos por lo menos de $125 millones, dado que cada contenedor trae 130.000 prendas y la rentabilid­ad es de $254.000.

La ropa usada no es solidarida­d. Es negocio. Ciudadanos de Estados Unidos y Canadá la donan para obra social, pero de allí surge el comercio hacia países como el nuestro, que con 5 millones de habitantes importa 10.000 toneladas, frente a México, que, con 126 millones de personas, le ingresan 27.000, un negocio que genera $23 millones al año y que allá es ilegal por riesgos a la salud. Ese es el problema. La ropa usada debería salir de Estados Unidos o Canadá fumigada, sin piojos, pulgas o ácaros que enfermen al usuario final. Pero eso es cuestionab­le. Puede ser que la fumigación sea real, pero no el resultado. El Instituto Mexicano del Seguro Social advirtió que su uso puede causar “dermatitis, tiña, sarna y gonorrea”.

El Ministerio de Salud lo tiene claro. En diciembre del 2018, ordenó el lavado de las prendas con agua y detergente a 60 °C durante 20 minutos, seguido de calor por 30 minutos para “la eliminació­n de vectores de riesgo”. El decreto está en el aire. El Ministerio pospuso el cumplimien­to dos veces por presión de importador­es y hasta por “consultas” de EE. UU. debido al temor de que se restrinja el comercio.

La tolerancia ha sido extrema. La norma debía entrar a regir el 16 de enero y ahora quedó para el 16 de julio. Los temores, sin duda, son comerciale­s y los de salud quedan relegados a segundo plano. No se vale porque quienes compran son personas en pobreza o desemplead­as. Es falso que el valor de las prendas subirá al punto de ser inalcanzab­le para ellos. Lo único es que reducirá la ganancia de los comerciant­es. Es hora de que el gobierno se amarre la faja: por salud pública, ni una prórroga más.

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